“Nuestra democracia, nuestras elecciones”: Nicaragua tras críticas en la región a su anuncio de eliminar comicios

La controversia comenzó durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, cuando Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

La declaración provocó inquietud inmediata dentro y fuera de la región debido a que fue interpretada como una renuncia explícita al principio de alternancia política mediante el voto. Ortega gobierna Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2007 y su administración ha sido cuestionada durante años por organismos internacionales y sectores opositores que denuncian restricciones a las libertades políticas, persecución de disidentes y falta de garantías electorales.

Aunque posteriormente el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que sí habrá elecciones en el futuro, indicó que estas se realizarán bajo un nuevo marco constitucional destinado, según dijo, a proteger al país de la injerencia extranjera y de los llamados “traidores a la patria”.

La reacción de Managua se centró en la defensa de la soberanía nacional y en el rechazo a lo que considera pronunciamientos injerencistas.

En respuesta a Brasil, la Cancillería nicaragüense afirmó que el país garantiza procesos electorales “democráticos, libres y transparentes” conforme a sus instituciones y leyes nacionales, al tiempo que resumió su posición con una frase que se convirtió en el eje de su respuesta diplomática: “Nuestra democracia, nuestras elecciones”.

Ante Chile, el Gobierno de Ortega acusó a ese país de realizar comentarios que “lucen injerencistas” sobre asuntos políticos e institucionales que considera exclusivamente nicaragüenses. Managua insistió en que los Estados deben respetar los principios de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de otros países.

La respuesta a Bolivia siguió la misma línea. Nicaragua sostuvo que las decisiones políticas, económicas y jurídicas de cada nación son “propias, dignas y soberanas” y defendió el derecho de cada pueblo a decidir su propio rumbo sin interferencias externas.

Leer también“No habrá más elecciones”: ¿está liquidada la democracia en Nicaragua o aún existe una salida política?

¿Qué críticas formularon los gobiernos de América?

Varios gobiernos y líderes del hemisferio expresaron públicamente su preocupación por las palabras de Ortega y coincidieron en destacar que las elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituyen uno de los pilares esenciales de la democracia.

La Cancillería de Brasil recordó que el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes forma parte de los principios democráticos fundamentales y exhortó a las autoridades nicaragüenses a garantizar ese derecho.

Chile, por su parte, sostuvo que declaraciones como las realizadas por Ortega comprometen la facultad del pueblo nicaragüense de escoger libremente a sus autoridades. Además, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y de la democracia representativa en el continente.

Bolivia también manifestó su “profunda preocupación” y recordó que la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial del Estado democrático de derecho, por lo que instó al Gobierno nicaragüense a actuar conforme a los compromisos asumidos en el sistema interamericano.

Las críticas trascendieron los gobiernos. En Perú, el partido Fuerza Popular calificó las declaraciones de Ortega como “un atropello inaceptable” y una “afrenta directa” a los principios democráticos, al considerar que niegan cualquier posibilidad de alternancia política.

Estados Unidos fue uno de los actores más críticos frente al anuncio de Ortega.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que las declaraciones del mandatario nicaragüense exponen su “verdadera naturaleza autoritaria” y sostuvo que el Gobierno sandinista ha abandonado incluso la apariencia de contar con consentimiento popular.

Rubio pidió a la comunidad internacional aislar diplomáticamente a Nicaragua y exhortó a los países del hemisferio a trabajar para que los nicaragüenses puedan decidir su futuro mediante mecanismos democráticos.

Las declaraciones estadounidenses profundizan una relación ya marcada por años de tensiones entre ambos gobiernos, en medio de sanciones, críticas por derechos humanos y acusaciones mutuas de intervencionismo.

¿Qué revela esta controversia sobre el futuro político de Nicaragua?

Más allá del intercambio diplomático, el episodio refleja la creciente preocupación internacional sobre la evolución del sistema político nicaragüense.

Mientras varios gobiernos sostienen que la democracia requiere elecciones competitivas y periódicas como condición indispensable, el Ejecutivo de Ortega insiste en que las decisiones sobre el modelo político del país corresponden exclusivamente a las instituciones nacionales y rechaza cualquier evaluación externa sobre su legitimidad.

La aclaración posterior de la Asamblea Nacional, que plantea mantener procesos electorales bajo nuevas reglas constitucionales, ha moderado parcialmente la interpretación inicial de las palabras de Ortega. Sin embargo, las dudas sobre el alcance de esas reformas y sobre las garantías de participación política continúan alimentando el debate dentro y fuera de Nicaragua.

Por ahora, la discusión ha dejado al descubierto dos visiones contrapuestas: la de quienes consideran que las declaraciones del mandatario representan un nuevo deterioro de la democracia nicaragüense y la de un Gobierno que responde reivindicando la soberanía nacional con un mensaje claro: “Nuestra democracia, nuestras elecciones”.

Con Reuters y EFE