España: Maricarmen puede volver a casa, pero el estallido social por la crisis de vivienda se mantiene

Maricarmen, una mujer de 87 años y con movilidad reducida, podrá regresar a la vivienda del barrio madrileño de Retiro de la que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre. Su familia, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, alcanzaron este lunes 28 de septiembre un acuerdo. El pacto, mediado por el Ayuntamiento de Madrid, todavía debe ser ratificado por la propia Maricarmen.

Un déficit de viviendas que podría llegar al millón en 2028: ¿qué piden los manifestantes españoles?

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Un acuerdo alcanzado

El acuerdo alcanzado este lunes entre la familia de Maricarmen, su representación legal, el Sindicato de Inquilinas y Urbagestión establece su regreso a la vivienda cuando reciba el alta hospitalaria.

El acuerdo llega cinco días después de un desalojo que convirtió a la anciana en el rostro de las dificultades de acceso a la vivienda en España.

Maricarmen llevaba siete décadas en el mismo domicilio y pagaba unos 500 euros mensuales gracias a un antiguo contrato de alquiler. Tras la adquisición del inmueble por parte de Urbagestión en 2018, la propiedad reclamó el fin de ese contrato y planteó un alquiler muy superior a la pensión de la mujer. El conflicto terminó en los tribunales y, tras varios intentos de desahucio, el lanzamiento fue ejecutado la semana pasada.

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El caso generó una fuerte movilización de vecinos, organizaciones de inquilinos y ciudadanos que reclamaban una solución para la anciana. El sábado, decenas de miles de personas participaron en manifestaciones en diferentes puntos de España contra la situación del mercado de la vivienda.

El debate sobre la vivienda

El desenlace del caso llega en un momento de fuerte presión sobre el Gobierno del socialista Pedro Sánchez para adoptar nuevas medidas frente al encarecimiento de la vivienda y los alquileres. El objetivo de los manifestantes es mantener la presión sobre el Gobierno antes de la reunión del Consejo de Ministros prevista para este martes, en la que el Ejecutivo pretende aprobar un paquete de medidas urgentes sobre vivienda.

Entre las propuestas que se han negociado figuran una mayor protección ante los desahucios, medidas contra determinadas operaciones especulativas de fondos de inversión, mecanismos para estabilizar los contratos de alquiler, regulación de los alquileres de temporada y cambios fiscales relacionados con las viviendas turísticas y la compra de la primera vivienda.

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El Gobierno también ha planteado medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible y favorecer su uso residencial frente al turístico. Sánchez defendió este lunes en Barcelona la necesidad de mejorar la «accesibilidad» a la vivienda y aumentar la oferta a precios asequibles, mientras cientos de activistas se concentraban en la ciudad para reclamar medidas contra los desahucios.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid convirtió el caso de Maricarmen en uno de los principales símbolos de sus reivindicaciones. Sus integrantes reclaman, entre otras medidas, mecanismos que permitan estabilizar los alquileres y evitar que el final de un contrato se traduzca en incrementos que los inquilinos no puedan asumir.

Pero el paquete todavía enfrenta obstáculos políticos. Para que el decreto pueda mantenerse en vigor, deberá ser convalidado por el Parlamento, y el Gobierno no tiene garantizado el respaldo necesario. Incluso Sumar, su socio de coalición, ha reclamado cambios y no descarta desmarcarse si el texto finalmente no incorpora todas sus exigencias.

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Con EFE y medios locales