Supremo de EE. UU. examinará la política sobre detenciones de inmigrantes en estado irregular: ¿frenarán los arrestos?

A supervisión judicial uno de los puntos cruciales de la campaña antimigratoria de Donald Trump: el arresto de los extranjeros mientras esperan su deportación.

Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos aceptaron revisar si los inmigrantes que han residido en el país tienen derecho a una audiencia para determinar si deben permanecer detenidos mientras impugnan su posible expulsión.

En esta nueva batalla legal —que llega al máximo tribunal estadounidense— sobre la política migratoria de línea dura de Trump, los magistrados se enfrentan así a una cuestión que ha dividido a los tribunales inferiores a medida que avanzaban numerosas demandas presentadas por personas extranjeras y grupos de defensa de derechos para impugnar la medida. Esta política es una de las diversas medidas adoptadas por su Administración en pos del objetivo del líder republicano de realizar deportaciones masivas.

Jueces de apelaciones de nueve de los once circuitos federales han concluido que detener a inmigrantes sin una audiencia de fianza viola la ley federal.

Estas decisiones contradicen los fallos de los circuitos 5.º y 8.º, que sostuvieron que los inmigrantes acusados ​​de entrar y permanecer sin documentos en Estados Unidos deben permanecer detenidos mientras sus casos de deportación están pendientes.

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¿Qué argumenta el Gobierno de Trump sobre la revisión de su política de detenciones?

Los abogados de la Administración Trump argumentan que la división entre los circuitos está «perturbando la correcta aplicación de la ley de inmigración». 

Afirman que los tribunales del país se han visto inundados con miles de peticiones presentadas por inmigrantes que impugnan la interpretación legal del Gobierno. “El resultado es un mosaico inviable de medidas migratorias inconsistentes, donde los extranjeros presentes sin admisión están sujetos a detención obligatoria en algunos circuitos, pero tienen derecho a audiencias de fianza y a menudo son liberados en otros”, escribieron los abogados de la Administración republicana.

El Gobierno del magnate de los bienes raíces convertido en político afirma que su nueva política de detención obligatoria es legal según una ley de inmigración de 1996. 

En julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. emitió nuevas directrices para los funcionarios federales de inmigración, anunciando que los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país quedarían sujetos a detención obligatoria —sin audiencia para fijar fianza— durante todo el proceso de deportación, el cual puede prolongarse durante meses o incluso años.

Pero dichas directrices supusieron un cambio respecto a una interpretación de la ley federal vigente desde hacía casi tres décadas, según la cual los inmigrantes que ya residían en Estados Unidos podían ser puestos en libertad bajo fianza mientras tramitaban sus casos ante los tribunales de inmigración.

Se aparta así de las prácticas de administraciones anteriores, que normalmente permitían a la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales solicitar una audiencia de fianza si eran arrestados fuera de la frontera.

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¿Qué señala la parte demandante?

Los demandantes son inmigrantes representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la cual afirma que cientos de jueces de tribunales de distrito se han sumado a la mayoría de los circuitos para rechazar la nueva interpretación de los estatutos por parte de la Administración Trump. 

Los abogados de los demandantes sostienen que el Gobierno federal está tratando de negar las audiencias de fianza a los inmigrantes detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos —sin importar cuánto tiempo hayan vivido en el país— en lugar de limitar la restricción a los no ciudadanos detenidos en la frontera.

“Millones de no ciudadanos podrían verse afectados por la nueva interpretación del Gobierno”, escribieron los abogados de la ACLU.

Los inmigrantes detenidos bajo esta política han presentado decenas de miles de demandas solicitando su liberación. Un análisis realizado por la agencia de noticias Reuters el pasado febrero reveló que cientos de jueces de todo el país dictaminaron en más de 4.400 ocasiones que la Administración Trump había detenido ilegalmente a dichos inmigrantes. 

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La división entre los tribunales de apelación

Este extenso litigio ha provocado una división entre los tribunales federales de apelación. Por ejemplo, en febrero, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, falló a favor de Trump por dos votos contra uno. En una decisión que revocaba fallos previos —los cuales habían permitido la liberación de dos hombres mexicanos—, la jueza de circuito Edith Jones escribió que las decisiones de administraciones anteriores de no aplicar la detención obligatoria (como sí lo hace Trump) no significan que «carecieran de la autoridad para hacer más».

La mayoría de los tribunales federales de apelación que han examinado la política se han pronunciado en contra de ella. Las decisiones adversas emitidas por el Segundo Circuito y por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EE. UU. (con sede en Cincinnati) llevaron al Gobierno federal a apelar ante la Corte Suprema.

El tribunal ya tiene previsto escuchar los argumentos de otro caso importante relacionado con la inmigración durante su actual periodo de sesiones.

El pasado martes 29 de septiembre, el tribunal permitió a la Administración reanudar —por el momento— la deportación acelerada de migrantes a terceros países (distintos a los suyos) sin ofrecerles la oportunidad de exponer los perjuicios que podrían enfrentar. Los magistrados programaron los argumentos de ese caso para diciembre.

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Con Reuters y AP