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Mientras Trump duda, ¿hay vías legales para evitar el primer fusilamiento público en EE. UU. en 90 años?
El próximo 3 de diciembre es la fecha marcada para la ejecución de Nidal Malik Hasan, un exmayor del Ejército condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 en 2009, durante un tiroteo en la base militar de Fort Hood, en Texas.
El presidente Donald Trump autorizó la ejecución de Hasan, la cual sería la primera mediante un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras que la última ejecución militar tuvo lugar el 13 de abril de 1961, cuando el soldado raso del Ejército, John Bennett, fue ejecutado en la horca.
Sin embargo, lo que ha despertado un intenso escrutinio es el anuncio del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien aseguró que el fusilamiento de Hasan sería retransmitido en directo, algo inédito en Estados Unidos desde 1936.
La decisión suscita dudas morales y legales, entre ellas, si existe alguna manera de contrarrestar la medida, sobre la que Donald Trump afirmó que tendrá la última palabra.
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¿Puede Hasan litigar contra una ejecución pública?
Expertos consultados por la agencia de noticias AP observan pocas vías legales para impugnar el plan de la Administración Trump de transmitir en vivo la ejecución. Y encarar ese proceso podría depender exclusivamente del propio Hasan.
Hasta el momento, el antiguo psiquiatra del Ejército con rango de mayor –que en su momento justificó la matanza del 5 de noviembre de 2009 como una forma de evitar que los soldados fueran a Afganistán– no ha dado señales de apelar en absoluto a cualquier aspecto ligado con su sentencia de muerte.
Sin embargo, para Brenner Fissell, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Villanova y experto en justicia militar, «aparte de Hasan, no estoy seguro de que alguien más pudiera» tener legitimidad legal para detener una difusión en directo de su fusilamiento.
Por su parte, Robert Dunham, abogado de Filadelfia y director del Death Penalty Policy Project –organización con sede en Londres que defiende la abolición de la pena de muerte–, aseguró que bastaría que Hasan ejerciera su derecho a impugnar la condena a muerte ante un tribunal federal para que la ejecución pueda aplazarse por años.
De esa manera, explicó el letrado a AP, «la decisión sobre el método de ejecución dependerá de quién ocupe el cargo de Secretario de Defensa cuando el caso adquiera carácter definitivo y de si la pena de muerte sigue vigente para entonces».
¿Ciudadanos podrían pedir que se cancele la transmisión para proteger a los menores?
Si las ejecuciones militares son poco frecuentes, mucho más lo es la transmisión del evento a nivel mundial, algo que ni siquiera figura en las normas del Ejército que regulan cómo se llevan a cabo estos procedimientos.
Pero ese reglamento sí establece que «ninguna persona menor de 18 años presenciará» una ejecución militar, lo que para algunos juristas abre la posibilidad de que adultos litiguen contra la medida, argumentando que no quieren que sus hijos vean a una persona acribillada en Internet, ya sea en tiempo real o en una visualización posterior.
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Para Brenner Fissell, existe un hueco legal para considerar que se «infringe el espíritu de la norma», aunque eso dependería de «si una transmisión en vivo cuenta como presencia», dado que la normativa no se redactó contemplando la presencia de testigos fuera del lugar mismo de la ejecución, y mucho menos pensando en una emisión en directo.
Su colega Eugene R. Fidell, profesor visitante de la Facultad de Derecho de Yale especializado en derecho militar, no lo ve claro. «Argumentar que el Ejército no puede transmitirlo en vivo porque algún padre no podría evitar que su hijo lo vea en la computadora me parece una estrategia legal muy improbable», afirmó.
De hecho, sostiene que no existen muchas opciones legales para impugnar la mayoría de los aspectos previstos para la ejecución de Hasan, aunque coincide en que solo él tendría la legitimidad para presentar una objeción mediante una petición de ‘habeas corpus’ ante un tribunal federal de distrito.
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¿Cómo justifica la Administración Trump una ejecución pública?
Al anunciar el jueves 8 de octubre la decisión de retransmitir en directo la ejecución de Hasan, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la medida porque, según él, eso demostraría que «existen consecuencias graves para este tipo de actos».
Un día después, el Pentágono ratificó el anuncio y aseguró que los detalles se darían a conocer más adelante. Aún no está claro si se invitará a las familias de las víctimas del ataque de Hasan a presenciar la ejecución, tal como suele ocurrir en los casos civiles. Tampoco se sabe cómo seleccionaría el Ejército a los tiradores ni qué protocolos se seguirían durante la ejecución.
En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró que Hasan se «merece» ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento porque «mató a mucha, mucha gente» y porque es, a su parecer, «un maníaco».
Sin embargo, el sábado 10 de octubre, el republicano fue ambiguo al referirse a la transmisión en directo, aunque insistió en que Hasan es un «asesino despiadado» y lamentó que algunas personas que resultaron heridas «jamás recuperarán sus vidas».
«Hay dos opciones: no mostrarlo o mostrarlo. Porque, ya saben, al mostrarlo, tal vez otros no hagan lo mismo que él. Así que, en última instancia, tomaré una decisión. Sé lo que los militares querrían hacer, pero yo decidiré», declaró Trump ante la prensa en la Casa Blanca.
¿Qué objeciones se han planteado a la ejecución pública?
La sola posibilidad de que se realice la ejecución pública ha despertado rechazo, incluso dentro de la propia Administración Trump.
Su vicepresidente, J. D. Vance, aseguró el pasado viernes 9 de octubre no saber si la transmisión en directo «realmente vaya a suceder», pero aclaró que, si llegara a ocurrir, «no la voy a ver».
«Más allá de la controversia sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que se trata de un hombre que asesinó brutalmente a muchas personas inocentes», agregó.
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En ambos bandos del espectro político estadounidense también se encontraron voces de rechazo. El senador republicano Thom Tillis escribió en sus redes sociales que transmitir la ejecución de Hasan sería «más que repugnante» y llevaría a Estados Unidos a llevar a cabo algo que «hacen dictaduras opresoras como Irán y Afganistán«.
Su par Jack Reed, principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado y exoficial del Ejército, describió la emisión en directo como «un regalo para los reclutadores terroristas antiestadounidenses» porque daría más visibilidad al atacante. «Es absolutamente vergonzoso y perjudicial para los intereses y los valores fundamentales de Estados Unidos», subrayó.
Desde la Iglesia católica, que rechaza la pena de muerte, también llegaron muestras de repudio. Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, consideró que la difusión del fusilamiento «es una promoción bárbara de una cultura de la muerte y debe ser reconsiderada».
Mientras que el papa León XIV, nacido en Estados Unidos, no se refirió directamente al caso, pero sí tachó de «inadmisible» la pena capital, en un mensaje difundido el sábado con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte. «Atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. El bien común puede salvaguardarse y las exigencias de la justicia pueden satisfacerse sin recurrir a la pena capital», aseveró.
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Por último, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, recordó el viernes que «las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante» y que una «retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y supondría una violación de la prohibición absoluta de la tortura».
Con Reuters, AP y EFE
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