Bogotá (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 militares retirados, entre ellos dos generales y tres brigadieres generales, por su participación en la ejecución de 604 civiles en siete departamentos del Caribe colombiano entre 2002 y 2008.
El presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, magistrado Óscar Parra, afirmó en una rueda de prensa que a estos militares se le imputa por «liderar un ataque contra la población civil en la jurisdicción bajo su mando» en «el que al menos 604 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate».
La JEP, creada por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en 2016, asegura que hay 6.402 víctimas de este episodio, uno de los más oscuros del conflicto de Colombia, en el que el Ejército engañó y ejecutó a jóvenes inocentes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras en combate, casos conocidos como ‘falsos positivos’.
MILITARES IMPUTADOS
Entre los militares imputados figuran los generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, que estuvo al mando de la Décima Brigada Blindada; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, quien fungió como jefe del Grupo de Caballería Mecanizado Coronel Juan José Rondón, y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, excomandante del Batallón de Artillería La Popa.
También están acusados los brigadieres generales Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez, que lideraron la Décima Brigada Blindada y el Batallón La Popa entre 2007 y 2009.
Entre los imputados hay también «siete coroneles, incluido William Hernán Peña Forero, quien fue comandante de la Undécima Brigada entre 2006 y 2007. Además, se les atribuyó responsabilidad a otros 16 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en los crímenes«, agregó Parra.
LAS VICTIMAS DE LAS EJECUCIONES
La JEP detalló que entre las 604 víctimas por las que responderán los militares retirados hay 31 indígenas de las comunidades Wiwa, Wayú y Kankuamo, así como 20 niños, seis niñas y 14 mujeres, una de las cuales estaba embarazada cuando la asesinaron.
El magistrado agregó que, hasta el momento, hay 122 víctimas que aún no han podido identificar.
«La investigación reveló que los pueblos indígenas sufrieron un daño desproporcionado y diferenciado, lo que causó su desarraigo y el desplazamiento forzado de sus territorios. Esto comprometió su seguridad alimentaria y afectó gravemente su tejido social y económico», detalló Parra.
Estos crímenes, cometidos de manera sistemática y a gran escala según el alto tribunal, los perpetraron integrantes de al menos 19 unidades tácticas de la Primera División del Ejército Nacional.
«La JEP concluyó que estos hechos constituyeron un patrón de conducta, orientado a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como resultados legítimos, con la finalidad de mostrar éxitos en el desarrollo estratégico militar que adelantaba el Estado colombiano en contra de grupos armados al margen de la ley y, así, generar una mejor percepción de seguridad entre la población», destacó Parra.
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