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¿Apunta Trump a gobernar sin el Congreso si los demócratas ganan las Midterms?: así se prepara
Donald Trump hace campaña para conservar el Congreso, pero en los despachos de la Casa Blanca ya se trabaja como si los republicanos hubieran perdido la batalla. Mientras el presidente recorre el país tratando de movilizar a sus votantes y mantener las ajustadas mayorías de su partido en Washington, sus principales colaboradores llevan meses preparando una estrategia para afrontar un escenario político que podría complicarle seriamente el segundo mandato: un Capitolio bajo control demócrata.
No se trata de una hipótesis improvisada a última hora. Según una investigación de la agencia de noticias Reuters, que cita a un funcionario de la Casa Blanca y a otras dos personas familiarizadas con los preparativos, la Administración lleva desde abril estudiando cómo mantener en marcha buena parte de la agenda presidencial sin depender de la aprobación del Congreso.
La operación tiene dos vertientes: ampliar al máximo el margen de actuación unilateral del presidente y preparar a sus funcionarios para las investigaciones parlamentarias que podrían desencadenarse si los demócratas recuperan el Poder Legislativo.
La contradicción resulta reveladora. En público, Trump pide a los estadounidenses que voten republicano para evitar que sus adversarios políticos le aten las manos. En privado, su equipo estudia cómo seguir gobernando si precisamente eso ocurre.
El propio presidente ha anticipado el tono de lo que podría venir. En una entrevista para el podcast ‘Pod Force One’, del ‘New York Post’, Trump reconoció que, si los republicanos pierden el control del Congreso, podría convertirse en el “señor veto”. Su idea, explicó, sería utilizar esa facultad durante “uno o dos meses” antes de sentarse a negociar con los demócratas. Una declaración que retrata la relación que imagina con un Legislativo adverso: primero, el pulso; después, si resulta inevitable, el acuerdo.
La operación silenciosa de la Casa Blanca
Al frente de buena parte de estos preparativos están dos figuras de peso en el entorno presidencial: Stephen Miller, subjefe de gabinete y uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump, y Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto.
Ambos trabajan con la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca para identificar qué decisiones podría adoptar el presidente sin necesidad de una nueva ley. Will Scharf, responsable de esa oficina, y su equipo examinan hasta dónde puede llegar legalmente Trump, qué límites podría intentar ampliar y cómo defender sus decisiones ante los tribunales.
La tarea no consiste únicamente en redactar nuevas órdenes ejecutivas. Las agencias federales están presentando propuestas y análisis jurídicos para identificar oportunidades de actuación unilateral en distintas áreas de la Administración. Trump, según las fuentes consultadas por Reuters, está informado sobre los preparativos y ha participado en las deliberaciones.
Una de las personas familiarizadas con el plan resumió a Reuters el grado de comodidad del presidente ante un eventual Congreso demócrata con una respuesta contundente: “muy cómodo”.
La frase refleja una convicción que ha marcado el segundo mandato de Trump: el poder presidencial puede ser una herramienta suficiente para mantener el rumbo político incluso cuando el Congreso deja de ser un aliado.
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Aranceles, inmigración y vivienda: el Gobierno busca margen de maniobra
El abanico de medidas que se estudia es amplio y conecta directamente con algunas de las principales prioridades políticas de Trump.
En materia comercial, la Casa Blanca contempla imponer nuevos aranceles a las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas. En inmigración, estudia endurecer las condiciones para los visados de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales. También hay propuestas relacionadas con la reducción de los costos de la vivienda y de la construcción.
El objetivo es encontrar instrumentos administrativos y legales que permitan avanzar en esas políticas sin someter cada iniciativa a una negociación con los legisladores demócratas.
Pero uno de los campos más sensibles el presupuestario. Vought examina qué prioridades de la Administración pueden financiarse con fondos que el Congreso ya ha autorizado. Además, busca modificar las normas de concesión de subvenciones federales para dar a los cargos designados políticamente una mayor capacidad de decisión sobre qué programas reciben dinero público.
La operación podría traducirse en un cambio importante en la distribución del poder dentro de la Administración: la Casa Blanca tendría más margen para orientar el gasto federal sin necesidad de conseguir nuevas partidas presupuestarias en el Capitolio.
Es una manera de sortear parcialmente el bloqueo legislativo, aunque no de eliminarlo. El Congreso conserva sus competencias presupuestarias y los tribunales pueden intervenir si la Administración rebasa los límites legales.
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Trump ya ha ensayado el modelo
La posibilidad de gobernar con un Congreso de oposición no supondría para Trump un territorio desconocido. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente ha hecho un uso expansivo de las facultades ejecutivas para impulsar sus prioridades.
Ha recurrido a órdenes y decisiones presidenciales para imponer aranceles generalizados, intensificar la política migratoria, reducir la plantilla federal y perseguir objetivos de política exterior, incluida la guerra contra Irán, sin esperar necesariamente a que el Congreso aprobara nuevas leyes.
La gran excepción fue el paquete de recortes fiscales y de gasto que consiguió sacar adelante gracias a las mayorías republicanas y que promulgó en julio de 2025.
Para Nathan Gonzales, editor de ‘Inside Elections’, el balance de estos dos años permite anticipar el comportamiento del presidente ante un cambio de mayorías. “En los últimos dos años, el presidente Trump ha ignorado prácticamente al Congreso y ha intentado hacer todo lo posible mediante órdenes ejecutivas y el ejercicio de su poder ejecutivo (…) Creo que seguirá haciéndolo si se producen mayorías demócratas”, remarcó.
Trump también ha utilizado reiteradamente las declaraciones de emergencia nacional para ampliar sus facultades. El Congreso puede votar para poner fin a una emergencia, pero el presidente conserva la posibilidad de vetar esa decisión. Para superar el veto serían necesarios dos tercios de los votos en ambas cámaras, una mayoría difícil de reunir en un escenario de polarización política.
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El Congreso todavía puede hacer daño
La estrategia de la Casa Blanca parte de una realidad: un presidente puede disponer de amplios poderes ejecutivos, pero no puede convertir al Congreso en una institución irrelevante.
“Preveo que se mostrarán muy reacios a aprobar cualquiera de los nombramientos del presidente”
Una victoria demócrata en el Senado permitiría bloquear nombramientos presidenciales para puestos judiciales y ejecutivos, incluidos los candidatos a la Corte Suprema. El proceso de confirmación podría convertirse en otro frente de confrontación entre la Casa Blanca y sus adversarios.
Andrew Busch, profesor de políticas públicas en la Universidad de Tennessee en Knoxville y autor de un estudio histórico sobre las elecciones de medio término, anticipa una resistencia considerable. “Preveo que se mostrarán muy reacios a aprobar cualquiera de los nombramientos del presidente”, sentenció.
La legislación también se convertiría en un campo de batalla. Los demócratas podrían impedir que prosperasen las iniciativas de Trump, mientras que el mandatario tendría la posibilidad de vetar los proyectos impulsados por la oposición. Sin una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, los legisladores demócratas difícilmente podrían revertir esos vetos.
A ese pulso se sumaría el poder judicial. Los tribunales podrían suspender o anular las decisiones ejecutivas que considerasen contrarias a la legislación vigente. Por eso, la Casa Blanca quiere contar con dictámenes jurídicos del Departamento de Justicia que permitan anticipar las posibles impugnaciones y construir argumentos para defender las medidas presidenciales.
La batalla, por tanto, no se libraría únicamente en el Capitolio. También se trasladaría a los tribunales y a las agencias federales, donde se decidiría hasta dónde puede llegar el poder de la Casa Blanca.
El verdadero temor: las investigaciones sobre Trump
Pero hay un frente que preocupa especialmente a los asesores presidenciales y que no puede resolverse mediante una orden ejecutiva: el poder de investigación del Congreso.
Destacados demócratas de la Cámara de Representantes y asesores de distintos comités han debatido cómo utilizar audiencias, citaciones y solicitudes de documentos para investigar si Trump ha empleado la Presidencia en beneficio propio, de sus aliados o de sus donantes.
La posibilidad de una ofensiva parlamentaria explica buena parte de los preparativos jurídicos de la Administración. Según las fuentes consultadas por Reuters, los abogados de la Casa Blanca llevan meses instruyendo a los funcionarios designados políticamente y a los responsables de las agencias sobre cómo responder a las consultas del Congreso, las solicitudes de documentación y las citaciones.
El consejo es actuar con cautela, especialmente en las comunicaciones escritas. La advertencia tiene una dimensión política evidente: cualquier documento interno podría terminar en manos de los investigadores demócratas y convertirse en una pieza de una investigación parlamentaria.
La Casa Blanca también ha solicitado un dictamen al Departamento de Justicia para que Trump pueda invocar el llamado privilegio ejecutivo y proteger determinadas comunicaciones con sus asesores privados frente al escrutinio del Congreso, según una de las fuentes.
Es decir, mientras prepara las herramientas para seguir gobernando sin el respaldo legislativo, el equipo presidencial también se prepara para defenderse de un Congreso que podría dedicar buena parte de su actividad a examinar las decisiones del presidente.
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Una Presidencia frente a su próximo pulso institucional
La aritmética electoral explica la inquietud de la Casa Blanca. Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños netos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para revertir las actuales mayorías republicanas, de 218 frente a 214 en la Cámara Baja y de 53 frente a 47 en la Cámara Alta. Los sondeos apuntan a mejores perspectivas demócratas en la Cámara de Representantes, mientras que la disputa por el Senado sigue siendo incierta.
Trump ha intensificado sus actos de campaña para impedir ese desenlace. Sin embargo, la planificación de sus asesores revela que la Administración no quiere depender exclusivamente del resultado electoral para preservar su capacidad de actuación.
La estrategia no equivale a prescindir constitucionalmente del Congreso ni permite al presidente gobernar al margen de todos los controles institucionales. Significa, más bien, prepararse para utilizar hasta el límite las competencias que la legislación y la Constitución conceden al Ejecutivo, mientras se recurre al veto para bloquear iniciativas legislativas adversas y a los tribunales para defender las decisiones presidenciales.
El escenario que se perfila es el de una Presidencia más confrontativa, con menos espacio para los acuerdos y una creciente dependencia de las órdenes ejecutivas, las decisiones administrativas y las declaraciones de emergencia.
Trump pide a los votantes que eviten un Congreso demócrata. Sus asesores, entretanto, preparan la respuesta por si no lo consigue. La paradoja es que, mientras el presidente intenta conservar el poder republicano en Washington, la Casa Blanca ya está diseñando cómo ejercer el suyo cuando ese poder deje de estar de su lado.
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Con Reuters y medios locales
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