Internacionales
Diez años del acuerdo de paz en Colombia: la guerra que terminó y las promesas que quedaron a medias
Yolanda Perea Mosquera tenía 11 años cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinaron a su madre en Riosucio, en el departamento del Chocó. Ella también fue víctima de violencia sexual por parte de esa guerrilla. Hoy es una de las lideresas de víctimas más conocidas de Colombia. Cuando France 24 en Español le preguntó por el acuerdo de paz, a diez años de su firma, su respuesta sorprendió:
«Yo fui víctima de violencia sexual, un aborto y el asesinato de mi madre por parte de las FARC. Yo prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia».
Imperfecto parece ser la palabra que mejor resume el balance de estos diez años. El acuerdo firmado en 2016 en el Teatro Colón de Bogotá puso fin a más de medio siglo de enfrentamientos con las FARC. También abrió un debate sobre el pasado que el país había evitado durante mucho tiempo, con las víctimas en el centro.
Sin embargo, gran parte de lo que prometía para transformar el campo y reparar a los afectados aún está pendiente, y en los territorios que dejó la guerrilla aparecieron otros grupos armados.
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Por qué La Habana fue distinta
Colombia tiene una larga historia de intentos de paz. Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, estudia las negociaciones con grupos armados desde 1981. «Hasta 2017 encontré alrededor de 65 procesos de paz. Con lo que ha pasado desde entonces, van como mínimo 80», explica en diálogo con France 24.
Según Valencia, los procesos anteriores se habían limitado a buscar ceses al fuego o desmovilizaciones a cambio de amnistía. En La Habana, el Estado colombiano reconoció que existía un conflicto armado y que las FARC eran un actor político con el que se podía negociar.
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Las partes acordaron una agenda de cuatro temas: tierra, participación política, drogas ilícitas y víctimas. En la mesa de negociación también hubo lugar para militares y empresarios, y la comunidad internacional acompañó todo el proceso. «Si no fuera por la comunidad internacional, esto tampoco hubiera funcionado», afirma.
El 2 de octubre de 2016, los colombianos rechazaron en un plebiscito la primera versión del acuerdo, firmada días antes en Cartagena. El texto se renegoció y la versión final, rubricada en Bogotá, fue aprobada por el Congreso.
Para el sacerdote jesuita Francisco de Roux, que presidió la Comisión de la Verdad creada por el acuerdo, la paz se convirtió en una lucha entre dos presidentes. «Fue vista en el país como ‘usted está con Santos o usted está con Uribe'», recuerda, en referencia al entonces presidente Juan Manuel Santos y al expresidente Álvaro Uribe, que encabezó la campaña por el No.
«Santos no necesitaba hacer el plebiscito. […] Quería ganarle una apuesta a Uribe y mostrarle que todo el país estaba con la paz. Uribe, que es muy político, le aceptó el reto y le ganó el plebiscito”.
Lo que funcionó
El logro más visible fue el desarme. En 2017, alrededor de 7.000 combatientes entregaron sus armas a una misión de Naciones Unidas, según el organismo.
«Funcionó convertir a la guerrilla más antigua del continente en un partido político. Funcionó generar verdad, memoria y reconocimiento a las víctimas como ningún proceso de paz antes», dice Angelika Rettberg, profesora titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
La violencia también es mucho menor que en los peores años del conflicto armado. Según Rettberg, la tasa de homicidios ronda los 25 por cada 100.000 habitantes. Es muy alta para los estándares mundiales, pero baja para la historia colombiana. Medellín, por ejemplo, llegó a tener tasas cercanas a 400.
De Roux coincide en ese punto. Lo que hay hoy, afirma, “con todo lo doloroso que es, es mucho menos violento en términos de número de muertos que lo que teníamos con las FARC”.
Perea lo vio en las comunidades:
«Mucha gente pudo volver a los territorios. Muchas familias de estrato uno, extremadamente vulnerables y pobres, pudieron volver a ver a sus hijos, porque siempre son los que terminan en medio de la guerra».
Gracias al acuerdo, ella misma pudo sentarse frente a antiguos jefes guerrilleros. «Más de una vez me he encontrado con Pastor Alape, con muchos de ellos, y les he dicho de frente qué me molesta, qué me dolió y qué me hicieron». Y asegura que lo hizo sin miedo a represalias.
La Comisión que presidió De Roux escuchó a más de 30.000 víctimas y publicó en 2022 un informe final que tituló «Hay futuro si hay verdad». Para el jesuita, ese es uno de los grandes aportes del acuerdo. «La verdad tomó camino en el país», sostiene. «Había una especie de resistencia general y un sentir de que lo mejor era no hablar del pasado porque nos complicaba y nos llenaba de dificultades».
La Comisión reconoció por igual el dolor de todas las víctimas:
«El dolor de la mamá de un guerrillero asesinado por un paramilitar es igual al dolor de la mamá de un joven pobre asesinado por el Ejército en un falso positivo».
Lo que quedó pendiente
Los entrevistados coinciden en que el acuerdo se cumplió a medias. Según la Contraloría General, en estos diez años se ejecutaron 127 billones de pesos (más de 6.000 millones de dólares), el 60% de lo previsto. De esos recursos, solo un 9% se destinó a las víctimas, según la prensa colombiana. Rettberg agrega que apenas un 10% de los más de 10 millones de personas registradas como víctimas recibió algún tipo de reparación.
«Somos más de 10 millones de víctimas. Muchos están muriendo esperando la indemnización», dice Perea.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves del conflicto armado, recibe críticas hasta de sus defensores.
Perea entregó con otras organizaciones cientos de casos de violencia sexual a ese tribunal. Reconoce que hay avances, pero cuestiona la lentitud. Con más de 13.000 comparecientes, entre exguerrilleros y miembros de la fuerza pública, las sanciones tardan en llegar. Sobre la violencia sexual, afirma que «hasta el momento no ha habido verdad», al tiempo que le pide a la exguerrilla ser «mucho más clara y contundente con las verdades», porque, dice, «están siendo muy blandengues».
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Por otra parte, la reforma rural, primer punto del acuerdo, avanza a paso lento. «Infortunadamente no se aplicó el acuerdo de paz de La Habana sino en forma muy limitada. Y tampoco las conclusiones y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se pusieron en práctica», lamenta De Roux.
Con la reconciliación parece suceder algo similar. Según una encuesta del equipo de Rettberg, en 2011 el 71% de los colombianos creía que el país avanzaba hacia la reconciliación. En 2023, ese porcentaje cayó al 36%.
En la política, a la exguerrilla no le fue bien. En las elecciones legislativas de este año, Comunes, el partido que nació de las FARC, se presentó por primera vez sin los diez escaños que le garantizaba el acuerdo. No obtuvo ninguno y perdió su personería jurídica, según la Misión de Verificación de la ONU.
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Nuevos grupos armados
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), dice que en los primeros años tras la firma la seguridad mejoró. «Inmediatamente después de la paz, Colombia sí iba por un proceso de construir un país muchísimo más seguro», recuerda. Eso cambió hacia 2019 y 2020, y la violencia creció durante y después de la pandemia.
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Un informe de Pares publicado en septiembre de este año identifica 527 municipios con presencia de al menos una estructura armada en 2026, frente a 212 registrados en 2019. En otro informe de noviembre contabilizó 111 acciones armadas entre el 7 de agosto y el 31 de octubre.
Los grupos no son los mismos. Bonilla aclara que las disidencias no surgieron de exguerrilleros que abandonaron el acuerdo en masa, sino de mandos medios que quedaron fuera del proceso y armaron nuevas estructuras. «El porcentaje de combatientes que vuelven a la guerra es bastante bajo», sostiene.
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Rettberg encuentra dos razones detrás del crecimiento de las economías ilegales. La primera es que el capítulo sobre cultivos ilícitos tuvo el efecto contrario al buscado: hay evidencia de campesinos que empezaron a sembrar coca para acceder a los subsidios prometidos. La segunda es que los territorios que dejaron las FARC fueron ocupados por grupos que no negociaron, incluidos carteles mexicanos.
Para De Roux, lo que hay hoy ya no es «la guerra por la toma del poder del Estado, sino la multiplicación de disidencias y grupos que se convirtieron en organizaciones criminales con poder político local».
Según el sacerdote, esos grupos «le dan empleo a las comunidades al mismo tiempo que las someten y les quitan los hijos para meterlos en el conflicto». De Roux lo ve en el Magdalena Medio, donde trabaja desde hace mucho tiempo. Allí, cuenta, la situación mejoró considerablemente hasta 2017, pero en los últimos años volvieron los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y en la serranía de San Lucas hay una guerra por el oro ilegal.
Los exguerrilleros que firmaron la paz también son blanco de la violencia. Al menos 521 fueron asesinados en estos diez años, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo. Según Bonilla, la mayoría de esos crímenes serían responsabilidad de las disidencias, pero no es posible asegurarlo:
«La impunidad llega a más del 90%. […] El gran problema justamente es que no sabemos».
El problema del presupuesto
El acuerdo tiene protección jurídica. Valencia recuerda que buena parte se implementó mediante leyes, que en Colombia solo puede cambiar el Congreso. Pero alerta que eso no es suficiente:
«Somos un país presidencialista […] y la posibilidad de implementar los acuerdos también está en manos [del presidente], dado que es el que gasta».
El académico lo compara con «un padre en casa que está enojado con sus hijos y no les da plata para que gasten».
Según Valencia, eso pasó durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) y vuelve a suceder ahora: asegura que el presupuesto de las agencias encargadas de la implementación bajará hasta un 30% en 2027. «Una manera de tumbar los programas es a través de la no inversión», dice.
Abelardo de la Espriella, que asumió la Presidencia el 7 de agosto tras ganar la segunda vuelta de las elecciones en junio, llegó a la Casa de Nariño con la promesa de desmontar lo que llama «la falsa paz». Como presidente electo, anunció que eliminaría la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la figura del Alto Comisionado para la Paz, y prometió terminar con la JEP.
Los constitucionalistas coinciden en que no puede eliminar ese tribunal por decreto, pero el gobierno ultraderechista le recortó 170.000 millones de pesos (unos 49 millones de dólares) del presupuesto. Este mes, la Corte Constitucional le advirtió que ninguna autoridad puede desfinanciar de manera sustancial la implementación del acuerdo de paz.
De la Espriella también puso fin a la «Paz total», la política con la que su antecesor, Gustavo Petro, buscó negociar con los grupos armados que siguen activos. Juan Manuel Santos, que ganó el premio Nobel de la Paz por el acuerdo, le pidió respetar y continuar con la implementación del pacto.
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Para Rettberg, el triunfo de De la Espriella «es sobre todo un clamor por mejorar la seguridad de los ciudadanos«. Según ella, en ese voto se impuso la sensación de que la paz total desbordó la seguridad y la idea de que el acuerdo dejó impunes graves violaciones de Derechos Humanos. Pero lo más importante fue la inseguridad en las grandes ciudades y «la sensación de que no pueden confiar en el vecino, que es también de alguna manera una huella […] de tantas décadas de guerra».
Sobre la paz total no hay acuerdo entre los expertos. Valencia la defiende y se niega a tratarla como un fracaso. Para él, los acuerdos parciales con el ELN y en algunos territorios salvaron vidas. Bonilla cree que necesitaba correcciones, pero advierte que desmontarla sin un plan alternativo tiene consecuencias. «Los grupos van a reaccionar, y van a reaccionar violentamente», dice.
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Bonilla también cuestiona la estrategia de seguridad del nuevo gobierno. «El problema es que no hay estrategia, lo que hay son acciones armadas aisladas, entonces bombardeos aquí, bombardeos allá», afirma. A su entender, el Estado tiene una capacidad muy fuerte de ataque pero muy pequeña para proteger a los civiles, y los bombardeos apuntan a grupos de ocho o diez personas, «porque ya nadie vive en campamentos de 200».
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¿Qué futuro tiene el acuerdo?
Ninguno de los entrevistados da por finalizado el acuerdo. Bonilla recuerda que la implementación estaba prevista para al menos 15 años, «que yo creería que tienen que ser 20», y que muchos de sus compromisos siguen vigentes. La mayoría de los proyectos de desarrollo pactados con las comunidades son caminos rurales para que los campesinos puedan sacar sus productos. «No puedes crear alternativas a las economías ilícitas en un país completamente desconectado», señala.
Para Rettberg, el acuerdo no se ve igual desde afuera que desde Colombia. «Desde afuera se sigue viendo el caso colombiano como un modelo de éxito, a pesar de sus múltiples desafíos y de las muchas promesas aún incumplidas», explica. Adentro, dice, pesan los temas pendientes y el aumento de la violencia en las regiones de frontera, donde crecen las economías ilegales.
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De Roux pide no abandonar la búsqueda de la verdad. «Hay futuro si hay verdad, no nos dé miedo. Sigamos buscando. Entremos en la discusión y, en lo posible, despoliticemos», dice.
Perea también habla del futuro. Para ella, la paz depende de que el Estado cumpla con los derechos que siguen pendientes. «Hay que cumplirlos para llegar a esa paz estable y duradera», concluye.
Con AFP y medios locales
