Santo Domingo. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) emitió un contundente informe de auditoría (Resolución AUD-2025-007) que revela múltiples irregularidades en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) durante el período 2015-2019, y recomienda que el Ministerio Público investigue los hallazgos por posibles implicaciones penales, civiles y administrativas.
El documento, aprobado por unanimidad por el Pleno de la CCRD, detalla 11 observaciones críticas que representan un perjuicio económico al Estado superior a los RD$2,300 millones (aproximadamente US$40 millones), señalando fallas sistemáticas en los controles internos, violaciones legales y presuntos actos de corrupción administrativa.
Hallazgos encontrados
Entre los hallazgos se encuentran: la no elaboración de estados financieros conforme a la Ley 126-01, diferencias de RD$44.4 millones entre la nómina física y la ejecución presupuestaria, pagos injustificados por uso de vehículos y horas extras (RD$18.5 millones), subestimación del Impuesto sobre la Renta a asalariados (RD$17.6 millones), y contratación de asesores sin autorización por un monto de RD$228.7 millones.
También se identificó personal en nómina con lazos de consanguinidad con altos funcionarios, implicando RD$4.9 millones, así como pagos por servicios de inteligencia al CECCOM por RD$270 millones sin documentación soporte. Se ejecutaron compras por RD$56.2 millones sin procesos de licitación y se detectaron expedientes de pago sin certificación presupuestaria por RD$174.9 millones.
Uno de los hallazgos más graves señala la existencia de un contrato de arrendamiento financiero por US$31 millones (equivalentes a RD$1,464.7 millones), firmado con el Banco de Reservas para un inmueble de la empresa Diseño Integral SRL, con una diferencia de RD$650 millones entre la tasación inicial y el precio final. Esta operación no observó lo dispuesto por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Informe no había sido publicado hasta que el nuevo Pleno lo aprobó
El informe final, elaborado en marzo de 2021 por Glenys M. Santa Cuevas, supervisora de Grupos de Auditoría, y Pablo Enrique Roa, director de Auditoría de la CCRD, no había sido publicado hasta que el nuevo Pleno del órgano lo aprobó el pasado 25 de mayo, en el marco de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
En el plano legal, la auditoría establece que las irregularidades configuran violaciones a múltiples normativas, incluyendo la Constitución (artículo 138), la Ley 340-06 de Compras Públicas, la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y la Ley 41-08 de Función Pública. Se señala directamente a exministros del MICM: Juan Temístocles Montás, Nelson Toca Simó y José Manuel del Castillo Saviñón, como posibles responsables.
Asimismo, se solicita al actual ministro, Víctor –Ito– Bisonó, implementar un plan de acción correctivo, con un plazo de 25 días calendario para su elaboración y envío a la CCRD, Contraloría General de la República, y las unidades de control interno, conforme lo dispuesto por la Ley 18-24 y su reglamento de aplicación.
El informe concluye que las irregularidades detectadas constituyen “hechos lesivos al patrimonio del Estado” y que los funcionarios responsables han comprometido su responsabilidad administrativa y penal, conforme a los artículos 47, 49 y 54 de la Ley 10-04.
En consecuencia, se remite el informe a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para que ejerza el monopolio de la acción penal pública establecido en el artículo 169 de la Constitución.
Finalmente, la CCRD enfatiza que las recomendaciones de la auditoría son de cumplimiento obligatorio y que cualquier omisión en su ejecución podrá derivar en nuevas sanciones.
Se insta a las actuales autoridades del MICM a fortalecer los mecanismos de control interno para evitar la repetición de estos hechos y garantizar el uso eficiente, transparente y legal de los recursos públicos.