Christa Pike despierta tras su ejecución fallida y logra hablar; su defensa exige explicaciones

El de Christa Pike es un caso único. La mujer de 50 años, condenada a muerte por el asesinato de una compañera de estudios en 1995, es la única persona que ha sobrevivido tras recibir fármacos de inyección letal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Luego de la ejecución fallida del 30 de septiembre pasado, Pike despertó y puede hablar, según informaron sus abogados, que buscan por vía judicial recibir más información sobre lo ocurrido.

«Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y sigue recibiendo atención médica crítica», declararon en un comunicado sus abogados Randy Spivey y Kelly Gleason.

Los letrados añadieron que el fallido intento de colocar vías intravenosas dejó ambos brazos de Pike «hinchados, quemados y con ampollas», como aparente resultado de la filtración del pentobarbital, una sustancia altamente alcalina y cáustica, en los tejidos debajo de su piel.

«Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto, pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación», subrayaron, agregando que la mujer «sigue esposada y encadenada» a su cama de hospital.

Los interrogantes persisten sobre qué falló en la aplicación de la pena capital a Pike. Expertos en medicina y en inyecciones letales han centrado sus hipótesis en un problema con la vía intravenosa, que podría haber causado que el fármaco se acumulara en los tejidos, en lugar de entrar en el torrente sanguíneo.

En un escrito judicial, los abogados de la mujer denunciaron que «al parecer, ningún miembro del equipo de ejecución se percató en ningún momento de que las vías intravenosas no estaban bien colocadas o de que las venas habían reventado».

Los letrados, periodistas y otros presentes ese día describieron el proceso como desordenado y de angustia prolongada para ella, a quien se le oyó jadear, llorar, gemir y respirar con dificultad, llegando a señalar en un momento que «siento que mi brazo está a punto de reventar».

Casi una hora y media después del inicio de la ejecución fallida (a partir de las 19:30, hora local), los medios de comunicación fueron escoltados fuera de la sala de testigos y, sobre las 21.15, una ambulancia llegó a prisión para trasladar a Pike a un hospital.

El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta y experto consultor del equipo legal de Pike, afirmó que podrían pasar semanas o meses antes de saber exactamente cómo será su recuperación y si se podrá restablecer su capacidad mental para que el Estado intente ejecutarla de nuevo.

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Los abogados de Pike piden información

Este miércoles 7 de octubre, los abogados de Christa Pike asistieron a una audiencia en Nashville sobre el estado del caso y solicitaron una orden judicial que obligue al Departamento Correccional de Tennessee a preservar las pruebas del caso y a facilitar más información.

En concreto, los letrados instaron al sistema penitenciario a conservar evidencias como los números de lote de los fármacos, las agujas y los registros de la ejecución, entre otros datos.

Desde la Fiscalía General de Tennessee argumentaron que tal orden judicial no es necesaria porque las autoridades carcelarias están obligadas «a conservar estas pruebas en otros casos» y deben «garantizar su preservación».

En un escrito judicial presentado el martes, los abogados de la procuraduría defendieron que el estado ya ha tomado «las medidas necesarias para proporcionar atención médica a Pike y determinar qué ocurrió».

Con la fallida ejecución, Pike pasó de ser la primera mujer a la que Tennessee tenía previsto ejecutar desde principios del siglo XIX a convertirse en la primera persona en Estados Unidos que se sabe que sobrevivió después de que se le administraran fármacos para la ejecución.

Por el infructuoso proceso, el gobernador republicano Bill Lee ordenó una «revisión exhaustiva por parte de terceros para determinar exactamente qué ocurrió» y aplazó la única otra ejecución estatal programada para este año.

En la noche del 30 de septiembre, el Departamento Correccional afirmó haber seguido al pie de la letra el protocolo de ejecución legal. Sin embargo, el comisionado de la agencia, Frank Strada, presentó su renuncia y dejará su cargo este mes, según anunció Lee el sábado pasado.

Antes de la ejecución fallida, la defensa de Pike había presentado una petición de clemencia, argumentando que su sentencia de muerte no había considerado debidamente el trauma infantil de la mujer, víctima de abuso sexual, negligencia y enfermedad mental no tratada. También subrayaron que había soportado casi 30 años de aislamiento.

Pese a esto, el gobernador Lee desestimó ese pedido –que sus abogados insisten en reclamar– y, al menos de momento, se mantiene la aplicación de la pena capital, que solo se daría luego de que Pike se recupere de su estado actual.

Este episodio ha añadido un capítulo más a la cruenta historia de Pike, quien tenía 18 años cuando, en enero de 1995, y junto a su novio de 17 años, Tadaryl Shipp, mató con saña a su compañera de estudios, Colleen Slemmer, de 19 años.

El asesinato tuvo una naturaleza macabra. Shipp grabó la forma de un pentagrama en el pecho de la víctima y Pike golpeó a Slemmer en la cabeza con un trozo de asfalto para luego llevarse parte de su cráneo como recuerdo. En el juicio se reveló que el crimen se vio motivado por la creencia de Pike de que Slemmer era una rival por el afecto de su novio.

Ambos acusados confesaron el asesinato y se declararon culpables de homicidio en primer grado. Mientras Pike recibió la condena a muerte, Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Una tercera imputada, Shadolla Peterson, quien actuó como vigilante de los dos autores del homicidio, recibió libertad condicional luego de testificar para la fiscalía.

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Texas prevé realizar la primera ejecución con inyección letal tras el caso Pike

El intento fallido de ejecución de Pike ha renovado el escrutinio sobre cómo los estados llevan a cabo la pena de muerte, en particular el uso de la inyección letal.

Detractores de la pena de muerte han señalado que el caso de la mujer refleja la barbarie inherente de esa práctica y las dificultades de aplicar inyecciones letales y, a la vez, respetar las prohibiciones constitucionales contra los castigos crueles e inusuales.

La frustrada pena capital de Pike ha sido utilizada como argumento por los abogados de Jamaal Howard, un hombre de 46 años de Texas, para pedir la suspensión de su ejecución por inyección letal con pentobarbital, programada para este miércoles.

Los abogados de Howard –condenado en el año 2000 por dispararle y matar durante un robo a Vickie Swartout, una cajera de una gasolinera en Silsbee, una ciudad al norte de Houston– alegaron que su cliente «no debe ser ejecutado con un fármaco cuyo historial el estado se ha negado a mostrar a sus abogados, a pocos días de que ese mismo fármaco fallara en otro estado».

«Existe un riesgo similar de que los fármacos para la ejecución en Texas también estén degradados, ya que han superado con creces las fechas límite de uso original que la farmacopea permite para medicamentos de este tipo», expresaron los letrados en una solicitud de prórroga por 30 días al gobernador Greg Abbott.

De acuerdo con el ‘Texas Tribune’, el suministro de pentobarbital en Texas ha sido cuestionado porque el estado adquiere la sustancia preparada en farmacias y no fabricada comercialmente porque las grandes farmacéuticas se niegan a participar en las ejecuciones.

Esto provoca una escasez de suministro que lleva al estado a analizar el stock disponible del fármaco y extender su fecha de vencimiento si considera que, de todas formas, funcionará de manera eficaz, un proceso tildado de inseguro por sus críticos.

Previamente, en reiteradas ocasiones, los abogados de Howard han solicitado la suspensión de su ejecución, argumentando que padece una discapacidad mental, pero las autoridades han señalado que no se han presentado las pruebas que acrediten esa condición.

Si las apelaciones de último momento no prosperan, Howard será el séptimo preso ejecutado en Texas este año y el número 30 en todo el país en 2026.

Con Reuters, AP y EFE