El autor es licenciado en Economía y Contabilidad. Reside en Santo Domingo
POR RAFAEL RAMIREZ
La corrupción es uno de los males más profundos que afectan nuestra sociedad y economía. Aunque suele asociarse con gobiernos o figuras específicas, la verdad es que ha sido una constante a lo largo del tiempo, sin importar el color político de quienes hayan ocupado el poder.
Se trata de un problema estructural, histórico y cultural que, lamentablemente, hemos ido aceptando como si fuera parte natural del funcionamiento del Estado.
La corrupción puede definirse como el uso indebido del poder o los recursos públicos para beneficio personal. Esto abarca el soborno, la malversación, el nepotismo, el tráfico de influencias y muchas otras prácticas que, aunque ilegales o inmorales, se han convertido en parte del día a día. Es como si, como sociedad, hubiéramos bajado la guardia y aprendido a convivir con este cáncer institucional.
Durante décadas, hemos visto cómo diferentes gobiernos han reproducido esquemas corruptos, facilitando el enriquecimiento ilícito de funcionarios y el debilitamiento de nuestras instituciones. Lo más preocupante es que esta conducta se ha normalizado: muchos ciudadanos la justifican, otros la ignoran y algunos incluso la ven como una vía rápida para progresar. El mensaje que se transmite, especialmente a los jóvenes, es sumamente peligroso: que se puede hacer dinero sin esfuerzo y sin consecuencias.
Nuestro patricio Juan Pablo Duarte advertía: “La política no es una especulación; es la ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles.”
Lamentablemente, muchos actores políticos han distorsionado este pensamiento noble, reduciendo la política a una herramienta para obtener poder y beneficios personales, en lugar de servir al bien común.
Como sociedad, debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad. La corrupción no solo ocurre en las altas esferas del poder. También se manifiesta en actos cotidianos: cuando un ciudadano paga para evitar una multa, cuando se consigue un contrato público mediante sobornos, o cuando una empresa evade impuestos gracias a conexiones políticas. Cada acto, por insignificante que parezca, alimenta una cultura que debilita nuestras instituciones y empobrece al país.
Por ello, resulta urgente rescatar los valores éticos y morales desde el seno del hogar. Los padres debemos educar a nuestros hijos en principios como la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia y el respeto. Pero esta formación también debe reforzarse en las escuelas. Es vital que el Ministerio de Educación restablezca la asignatura de Moral y Cívica como parte fundamental del currículo escolar, tanto en la educación primaria como secundaria. Solo así podremos formar ciudadanos íntegros, conscientes y comprometidos con su país.
Los constantes escándalos de corrupción que llenan los titulares de los periódicos no son hechos aislados, sino síntomas de un problema sistémico. Peor aún, la impunidad es muchas veces la norma: los casos se olvidan con el tiempo, las sanciones no llegan, y el ciclo se repite.
Entre las prácticas más dañinas está el uso del cargo público para el beneficio personal, lo que conlleva sobreprecios en obras y servicios del Estado. Estos sobrecostos son pagados por todos los ciudadanos, especialmente los más pobres, porque significan menos inversión en salud, educación e infraestructura.
En resumen, la corrupción es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social. Aumenta los costos, desalienta la inversión, profundiza la desigualdad y priva a la población de servicios esenciales. Por eso, como ciudadanos, debemos rechazarla en todas sus formas. Es hora de romper con esa peligrosa “normalidad” y decir un “NO” firme y rotundo a la corrupción.
Finanzas para no financieros.
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