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El pulso de Trump contra la CPI: ¿límite al poder o camino a la impunidad?

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Estados Unidos vuelve a arremeter contra la Corte Penal Internacional (CPI). Esta vez, sancionó a dos de las figuras más visibles del tribunal: su presidenta, Tomoko Akane y el fiscal adjunto Abdoulaye Seye. La decisión forma parte de la campaña de Washington para presionar el organismo, una estrategia que tomó fuerza desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Estados Unidos sostiene que, como ni ese país ni Israel hacen parte del Estatuto de Roma, la Corte no tiene jurisdicción para investigar a sus ciudadanos. ¿Son entonces estas sanciones un límite al poder de la Corte o buscan impedir que presuntos crímenes cometidos por estadounidenses e israelíes sean investigados? Lo analizamos en El Debate de France 24.

Las nuevas sanciones se suman a las medidas adoptadas previamente por Washington contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos cuestiona especialmente las investigaciones relacionadas con sus militares por presuntos crímenes cometidos en Afganistán y las actuaciones de la Corte contra autoridades israelíes por la guerra en Gaza.

La Administración Trump sostiene que la CPI se ha extralimitado en sus funciones y que no tiene autoridad sobre ciudadanos de países que no son parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, la Corte sostiene que sí puede ejercer jurisdicción cuando los presuntos crímenes ocurren en territorios de Estados que sí reconocen su competencia, como Afganistán y Palestina.

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Para Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, la ofensiva estadounidense no pone necesariamente en riesgo la supervivencia del tribunal, pero sí plantea una discusión mucho más profunda sobre el orden internacional. “O tenemos la fuerza de la ley o la ley de la fuerza”, afirma.

Moreno Ocampo considera que el verdadero debate no es únicamente el futuro de la CPI, sino cómo la comunidad internacional decide enfrentar sus conflictos. A su juicio, las presiones de Washington forman parte de una disputa estructural entre el poder de los Estados y la existencia de una justicia internacional capaz de investigar presuntos crímenes incluso cuando están involucrados países poderosos.

¿Qué hay detrás de la arremetida de Trump contra la Corte Penal Internacional?

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Imagen de portada: © France 24

Blas Jesús Imbroda, especialista en Derecho Penal Internacional, también cuestiona las sanciones estadounidenses. Para el jurista, la creación de la CPI fue un “hito histórico” y el tribunal se ha convertido en una institución necesaria para evitar que los crímenes internacionales más graves queden impunes.

Imbroda sostiene que Estados Unidos debería optar por la vía jurídica y participar en los mecanismos de la Corte en lugar de atacarla. Si Washington considera que la CPI se está extralimitando, plantea, debería defender su posición ante el propio tribunal y utilizar los mecanismos previstos por el Estatuto de Roma. “Lo que tendría que hacer Estados Unidos es defenderse allí en la Corte Penal Internacional”, sostiene.

Uno de los principales argumentos de Washington es que ni Estados Unidos ni Israel han ratificado el Estatuto de Roma. Sin embargo, el abogado explica:

«La CPI no investiga a ciudadanos estadounidenses o israelíes por crímenes cometidos dentro de esos países, sino por presuntos delitos ocurridos en territorios sobre los que la Corte sí tiene jurisdicción».

En el caso de Afganistán, la competencia deriva de la pertenencia de ese país al Estatuto de Roma. En el caso de Palestina, la CPI también sostiene que tiene jurisdicción territorial. Por eso, para los dos especialistas, la discusión no se reduce a la nacionalidad de los acusados, sino a dónde fueron presuntamente cometidos los crímenes y si las autoridades nacionales han investigado de manera genuina los hechos, de acuerdo con el principio de complementariedad.

El enfrentamiento entre Washington y la CPI deja, en última instancia, una pregunta de fondo: ¿puede la fuerza de los Estados estar por encima de la justicia internacional? 

Nos acompañan en el análisis:

  • Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
  • Blas Jesús Imbroda, abogado, doctor en Derecho y especialista en Derecho Penal Internacional. Es decano del Colegio de Abogados de Melilla, España y fue presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional.

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