EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
No sé en cuál lugar de las encuestas figura la corrupción como preocupación ciudadana, aunque creo que ese tema fue excluido de los cuestionarios que indagan la percepción colectiva sobre temas económicos, sociales y políticos, desde cuando hace ocho años la Gallup dijo que el 89% de los encuestados la estimó como alarmante.
Ese flagelo le cuesta al mundo alrededor de 2,6 billones de dólares al año, además de que el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se pierde anualmente a causa de la corrupción, lo que atasca el desarrollo, la inversión y el crecimiento económico.
Una investigación de la Oxfan, organización mundial que aborda el tema de la pobreza en 85 países, reveló que en República Dominicana la corrupción tenía un costo de RD$26 mil millones, equivalentes al 0.7% del PIB, pero al día de hoy no se conocen estadísticas que indiquen si ese monto es hoy mayor o menor.
Aunque ese nódulo social y económico se asocia al soborno, extorsión, fraude y malversación de fondos públicos, hoy en día se inscribe también en prácticas desleales de comercio, lavado de dinero, infiltración del narcotráfico en el Estado, uso de recursos públicos para beneficiar a personas físicas y jurídicas a través de exenciones y exoneraciones.
Los corruptos de ayer y de hoy no sienten temor el exhibir sus fortunas mal habida como si fuera regalo del Espíritu Santo, más aun cuando el Ministerio Público y el Orden Judicial han padecido casi siempre de conveniente ceguera.
Más que despreciar la corrupción, amplio segmentos de la clase media ofrecen la impresión de envidiar a los dichosos que encuentran en el Estado botijas repletas de millones, porque cuando tienen la oportunidad de acceder a funciones públicas lo primero procura es asociarse a los privilegios..
El Código Penal cumplió 241 años de vigencia con apenas algunos remiendos, sin que se sepa cuál de los varios textos modificados sería aprobado, , pero prevalece el temor de que la prevaricación sería objeto de sanción ejemplar.
Nunca voy a entender por qué la Dirección de Impuestos Internos (DGII) es tan celosa en el cobro de tributos contra pequeños y medianos emprendedores, mientras se tambalea para auscultar fortunas generadas nuevas o añejas generadas por el cohecho, cuyos detentadores las movilizan libremente por toda la anatomía financiera.
La pobreza y marginalidad se agravan a causa de la corrupción que extrae de los fondos públicos cientos o miles de millones de pesos que deberían ser dirigidos a la salud, educación, agua, vivienda, presas, obras viales y generación de empleos, por lo que es necesario extirpar ese cáncer, cueste lo que cueste.
jpm-am
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