Santo Domingo. – La madrugada del 8 de abril marcó un antes y un después para decenas de familias dominicanas. Entre las 236 personas afectadas por el colapso del techo del Jet Set Club, figura Luis José Custodio Almonte, quien asistió al lugar para celebrar el cumpleaños de su suegro, acompañado de amigos y familiares. Esa noche, que debía ser festiva, se transformó en tragedia. Hoy, su familia busca justicia.
Los familiares de Custodio Almonte interpusieron una demanda en responsabilidad patrimonial contra varias entidades del Estado dominicano, a las que acusan de no haber prevenido una tragedia que, según sostienen, era tanto previsible como evitable.
La acción legal fue presentada ante el Tribunal Superior Administrativo por su madre, Nercida Almonte Abreu; su hermano, Luis Miguel Custodio; y su hijo menor de edad, identificado por las iniciales C.B.C.M. Los abogados Yan Carlos Martínez Segura y Naomy Angélica Diplán Arias encabezan la representación legal de los demandantes.
En el expediente, registrado bajo el número 2025-0130266, se alega que el desplome del emblemático club capitalino fue resultado de una “cadena de omisiones institucionales”.
La demanda señala a cuatro entidades públicas: el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ProConsumidor y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a quienes se les imputa haber incumplido sus funciones de fiscalización, control e inspección técnica del inmueble donde ocurrió la tragedia.
Custodio Almonte falleció tras sufrir un trauma craneoencefálico severo y anoxia cerebral, luego de que parte de la estructura del club colapsara durante una presentación del fallecido merenguero Rubby Pérez.
El evento, que debía ser una noche de música y celebración, se convirtió en una de las peores tragedias de la vida nocturna reciente en República Dominicana.
Los demandantes argumentan que existían señales claras de fallos estructurales en el edificio que no fueron atendidas oportunamente por las autoridades responsables.
En el escrito legal se citan violaciones a la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 358-05 de Protección al Consumidor, y la Ley 160-23 que regula al MIVED.
Además, invocan el artículo 148 de la Constitución, que establece la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los daños causados por sus órganos y funcionarios.
El Tribunal Superior Administrativo deberá evaluar ahora las pruebas depositadas y decidir si el Estado incurrió en responsabilidad legal por omisión.
Para los familiares de Luis José Custodio Almonte, el proceso judicial representa no solo una búsqueda de justicia, sino una forma de hacer memoria ante un dolor que permanece abierto.