Francia: la Asamblea aprueba el proyecto de ley “integral” contra la violencia sexista y sexual

Los diputados aprobaron este martes 13 de octubre por unanimidad la ley integral contra la violencia sexista y sexual. El siguiente paso es el Senado, más conservador, y sus defensores temen que se rebajen los principales avances logrados.

Al mismo tiempo, se abre otra batalla: la de los recursos necesarios para su aplicación. La cuestión será el eje central del debate sobre los presupuestos de 2027, que comienza este martes en el hemiciclo.

La propuesta de ley, que surgió de la movilización de la coalición feminista y en defensa de los niños tras el asesinato de Lyhanna, concluyó el pasado viernes su tramitación tras seis días de debate.

Se convocó a los diputados a votar el texto en su conjunto a partir de las 16:30 horas. Antes de ello, volvieron a sufragar varias disposiciones, ya que el Gobierno había solicitado una segunda deliberación sobre varias medidas, debido a que los resultados de las votaciones se consideraban poco representativos de la distribución de fuerzas en el hemiciclo.

La ponente socialista Céline Thiébault-Martínez, aunque lamentó la supresión de los artículos destinados a proteger a las mujeres extranjeras, consideradas “entre las más vulnerables”, consideró que, a pesar de todo, se trataba de “un texto magnífico para luchar contra la violencia contra las mujeres y los niños”.

La propuesta de ley, que ha pasado de 69 a más de 110 artículos a lo largo de los debates, se ha “enriquecido considerablemente”, señaló.

Prevé, entre otras medidas, el establecimiento de unos requisitos mínimos de investigación para evitar que una denuncia sea desestimada con demasiada rapidez, la creación de unidades policiales especializadas, de un tribunal especializado, de una entrevista obligatoria en el colegio para detectar la violencia (anual a partir de 2032) o incluso un itinerario de atención para los menores víctimas.

Impulsada por ocho grupos políticos diferentes, desde los comunistas hasta los Republicanos (LR), los votos de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN por sus siglas en francés) y de La Francia Insumisa (LFI) seguían en suspenso.

La batalla de los miles de millones

Más allá de las últimas decisiones sobre el texto, ahora se impone la cuestión de su financiación. Los debates sobre el presupuesto y el de la Seguridad Social, que se inician inmediatamente después, deben precisar los recursos que se le destinarán.

Ante los diputados que reclaman un presupuesto completo para respaldar esta reforma, el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, ha facilitado una estimación: en su estado actual, la ley costaría a largo plazo entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año, “además de los gastos que ya existen”, es decir, 1.500 millones al año.

“Se trata de una estimación y no de un compromiso”, lamentó la ponente, quien instó al Gobierno a “demostrar que realmente quiere que este texto vea la luz y se aplique”. ¿Y ahora qué? El proyecto de ley pasará al Senado, donde probablemente se debatirá en enero.

Ante una cámara alta dominada por la derecha y los centristas, de carácter más conservador, a sus defensores les preocupa que se puedan rebajar las medidas aprobadas por la Asamblea Nacional.

La coalición impulsora del texto hace un llamamiento a la “vigilancia” para “esta segunda parte”, en palabras de Anne-Cécile Mailfert, de la Fundación de las Mujeres.

El Gobierno asegura que busca una fecha más temprana en el Senado, aunque se teme que un calendario demasiado apretado impida la aprobación definitiva del texto antes de las elecciones presidenciales.

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

Con AFP