¿La ultraderecha amenaza los derechos de las mujeres en América Latina?

La victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia marca un giro político radical en el país andino que ha sembrado una profunda preocupación en los movimientos defensores de los derechos de las mujeres. 

Aunque De la Espriella ha prometido un riguroso enfoque de orden público y la creación de rutas judiciales rápidas para mitigar los feminicidios dentro de su plan de gobierno, su retórica marcadamente nacionalista, de corte outsider y alineada con figuras de la ultraderecha global como Donald Trump, genera un clima de desconfianza.

Diversas organizaciones sociales advierten que este tipo de liderazgos suele venir acompañado de un desmantelamiento institucional y de discursos tradicionales que debilitan las políticas con enfoque de género.

Esta victoria en las urnas colombianas no es un hecho aislado, sino que responde a una marea conservadora y de extrema derecha que avanza con fuerza a lo largo de América Latina. Analistas internacionales destacan que el auge de estas corrientes políticas tiende a instrumentalizar la agenda de seguridad ciudadana para desplazar las discusiones sobre la equidad, los derechos reproductivos y la autonomía económica de las mujeres. 

La preocupación principal de las activistas radica en el riesgo inminente de que se detengan o deroguen normativas vigentes orientadas a la protección de las minorías y la diversidad sexual, bajo la bandera de la defensa de la «familia tradicional». 

Históricamente, los gobiernos de corte ultraconservador suelen recortar los presupuestos destinados a los programas de prevención de violencias y a las secretarías de equidad de género, priorizando en su lugar enfoques de carácter netamente punitivo que no resuelven las causas estructurales del machismo.

Con la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño, el movimiento feminista colombiano se enfrenta al enorme reto de blindar los logros jurídicos alcanzados en la última década y de mantener la fiscalización ciudadana ante cualquier intento de retroceso normativo que vulnere la integridad de las ciudadanas.

Sanción social en la Copa del Mundo: cinco jugadores acusados de violencia machista

Cinco futbolistas del Mundial 2026 han sido ampliamente criticados a nivel global debido a denuncias formales por violencia de género. Para profundizar en esta problemática, en esta emisión contamos con el análisis de Catalina Romero, destacada periodista de la plataforma ‘Fémina Fútbol’, quien denunció las estructuras de poder que blindan a los agresores en el deporte.

«Creo que se trata de que los jugadores cuentan con un respaldo institucional, cuentan con capital económico, influencia mediática por parte también de las instituciones en las que juegan, tienen un reconocimiento social bastante amplio», explicó Romero, enfatizando que el fútbol profesional opera con frecuencia como un entorno de profunda impunidad institucional tanto a nivel de clubes como de federaciones.

La persistencia de estas conductas no se limita a los terrenos de juego, sino que se extiende a otras disciplinas comerciales de gran escala, evidenciando la urgente necesidad de implementar protocolos reales y vinculantes que protejan de forma efectiva a las víctimas. 

Catalina Romero subrayó que la falta de herramientas serias obliga a las afectadas a convivir laboralmente con sus agresores, perpetuando una «cultura del silencio» y normalizando comportamientos machistas debido a intereses económicos.

«El mensaje sería que no importan las víctimas, que lo importante son los jugadores y lo importante es cómo salir del paso lo más rápido que se pueda para que no haya algo mediático tan fuerte al interior del club», concluyó la especialista, señalando que las campañas institucionales suelen diseñarse únicamente en función de la conveniencia financiera y de la reputación corporativa de las organizaciones deportivas.

Parastoo Ahmadi condenada a 74 latigazos por cantar sin velo en un concierto virtual

El debate sobre la vulneración de los derechos humanos de las mujeres cobra una dimensión de extrema gravedad al analizar la situación en Medio Oriente, donde la justicia de la República Islámica de Irán ratificó una condena de 74 latigazos en contra de la artista.

La cantante de 29 años fue hallada culpable por un tribunal penal de la provincia de Qom del cargo de «difundir contenido inmoral y atentar contra la moral pública», luego de haber transmitido a través de la plataforma YouTube un recital musical virtual grabado en un caravasar histórico sin portar el hiyab obligatorio.

El fallo judicial, que desató una oleada de repudio por parte de la comunidad internacional y de defensores de los derechos humanos, incluye además la prohibición absoluta de realizar cualquier tipo de actividad artística y la restricción para salir del territorio iraní durante un periodo de dos años. 

Esta severa sanción corporal y profesional, que alcanzó también a ocho músicos de su equipo de producción, reafirma la sistemática política de persecución y censura que el régimen de Teherán ejerce contra la autonomía, la libertad de expresión y las manifestaciones culturales de las mujeres desde la Revolución Islámica de 1979.

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