Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader presentó este martes, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley para regular, fiscalizar y combatir el lavado de activos en el sector de los juegos de azar, mediante la creación de un nuevo organismo rector la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA).
La propuesta establece un marco legal integral que abarca 15 modalidades de juegos, incluyendo casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas, tragamonedas, rifas, bingos y juegos en línea, con medidas específicas para su licenciamiento, supervisión y tributación.
Entre las disposiciones más destacadas figura que los casinos solo podrán operar en hoteles de cuatro estrellas o más, con tarifas mensuales por mesa que van desde RD$55,853 hasta RD$85,927, y un impuesto del 5 % sobre las ventas brutas de las máquinas tragamonedas.
Las casas de apuestas deportivas deberán mantener una distancia mínima de 500 metros entre sí y no podrán instalarse en secciones rurales.
El monto por operación anual será de RD$386,673 en zonas metropolitanas y RD$257,782 en el resto del país, más un pago inicial de RD$794,414 y un 1 % sobre ventas brutas mensuales.
El proyecto también prohíbe máquinas tragamonedas en colmados o centros de diversión, limitándolas exclusivamente a casinos, hoteles de hasta tres estrellas y casas de apuestas, con sanciones severas por incumplimiento.
En cuanto a los juegos en línea, se aplicará un impuesto del 10 % sobre ventas mensuales. Hasta que se implemente una plataforma de control digital, las empresas deberán pagar RD$5 millones mensuales o se les suspenderá el dominio web.
Para las casas de lotería, se propone aumentar el impuesto anual a RD$60,149 y aplicar un nuevo gravamen del 1 % sobre ventas mensuales.
También se exigirá un pago inicial de RD$317,765 y restricciones de ubicación: al menos 200 metros de distancia de escuelas, centros de salud, iglesias e instituciones públicas.
Las loterías electrónicas pagarían hasta el 24 % sobre las ventas de sorteos acumulativos, y los bingos estarán sujetos a impuestos del 10 %, además de reglas de ubicación similares.
El proyecto contempla sanciones severas para infractores, que incluyen multas de hasta 400 salarios mínimos, penas de seis meses a 10 años de prisión y la posibilidad de ser procesados bajo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, se obligará a los negocios a colocar en sus accesos el mensaje: “Jugar compulsivamente afecta tu salud”, y se impedirá otorgar licencias a empresas o individuos sancionados por fraude, lavado o delitos contra la salud en los últimos cuatro años.
Finalmente, el proyecto establece la implementación de un Sistema Único de Registro, con medidas para garantizar la ciberseguridad, proteger a los menores de edad de las apuestas en línea y asegurar la trazabilidad digital de todas las operaciones.
El Senado recibió la propuesta y la envió a comisión para su estudio y posterior informe.