Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó este martes, en primera lectura, un proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley 498, que rige la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).
La propuesta, enviada por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo actualizar el marco legal que regula el funcionamiento interno de la institución, con énfasis en los procedimientos de compras y contrataciones, así como en el régimen laboral de su personal.
La iniciativa legislativa contempla cambios en los artículos 14, 19 y 20, con los cuales se busca alinear la operatividad de la CAASD con las normativas vigentes en materia de administración pública y contrataciones estatales.
El nuevo texto del artículo 14 establece que el personal de la CAASD quedará sujeto al Estatuto de la Función Pública, bajo la Ley 41-08, lo que implica una transición hacia un régimen laboral más estandarizado y regulado por el Ministerio de Administración Pública.
Este cambio reemplaza el modelo anterior, en el que el Consejo de Directores definía internamente el reglamento organizacional y los procedimientos de contratación de personal.
En cuanto al artículo 19, la modificación dispone que el Consejo de Directores deberá elaborar un reglamento interno de contrataciones, acorde con la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, lo cual introduce una mayor transparencia y uniformidad en la adquisición de bienes, servicios y obras.
El texto anterior permitía un enfoque más discrecional, al facultar al Consejo para establecer sus propios procedimientos.
Sobre el artículo que otorga reglamentar CAASD
Sobre el artículo 20, aunque el Senado confirmó que fue incluido en las reformas, no ofreció detalles sobre su contenido actualizado.
En su versión vigente, este artículo otorga a la CAASD la facultad de reglamentar los servicios que presta y de fijar las tarifas correspondientes, bajo aprobación del Poder Ejecutivo.
La modificación de estos artículos responde a la necesidad de modernizar el marco institucional de una entidad clave para el suministro de agua potable y el manejo del alcantarillado en el Gran Santo Domingo.
Las reformas buscan mejorar la eficiencia administrativa, la rendición de cuentas y la gobernanza interna, en un contexto en el que el acceso al agua es un tema de creciente prioridad.
La pieza legislativa se aprobaría en una segunda lectura por el Senado y luego remitida a la Cámara de Diputados para su consideración final.