Santo Domingo.- En los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, antes de la audiencia para conocer la medida de coerción contra los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, solo se escucha un clamor: Justicia.
El clamor proviene de las familias de algunas de las personas que perdieron la vida aquella trágica madrugada del martes 8 de abril.
El registro indica la trágica cifra de 236 fallecidos. Hay 180 heridos debido al colapso del techo de la discoteca, un incidente que, según los peritos, fue causado por una sobrecarga. El Ministerio Público alega que los hermanos Espaillat estaban al tanto de esta situación y habían dado su aprobación.
El interés público se centra en lo que pueda ocurrir en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Debido al trágico suceso, hay 174 niños huérfanos.
En la solicitud de coerción, el Ministerio Público pide una prisión preventiva de 18 meses para Antonio Espaillat y el arresto domiciliario para su hermana. También solicita que el caso sea declarado complejo, ya que Antonio Espaillat y Maribel Espaillat serán enviados a la justicia por la acusación de homicidio involuntario, por lo que solo podrían ser condenados a prisión de tres meses a dos años, según el Código Penal dominicano.
El entorno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva es escenario de manifestaciones. Los familiares de algunas víctimas se resisten a que prevalezca la impunidad a favor de Antonio Espaillat y su hermana.
«Queremos justicia, porque ella no merecía eso», indicó una compañera de clase de la joven Ashley Michelle Jiménez, de 17 años, una de las víctimas de la tragedia.
“Queremos justicia y que, por favor, se visibilice el caso. Que se sepa que ella realmente merece justicia, que su muerte no fue en vano”, añadió la joven conocida solo como Ariadna en declaraciones a la prensa.
Los acusados enfrentan cargos de homicidio involuntario debido al colapso del techo de la discoteca Jet Set mientras el fallecido merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta.
Antonio y Maribel Espaillat son acusados de haber incurrido en una «gran irresponsabilidad y negligencia» por la tragedia.
En un informe sobre una investigación realizada por peritos, se indica que el desplome podría haber sido provocado por una sobrecarga en el techo.
Según los fiscales, ambos imputados demostraron «una inmensa irresponsabilidad y negligencia» al, presuntamente, no llevar a cabo una intervención física que hubiera impedido el colapso del techo del centro de diversión.
Las autoridades señalan que ambos imputados intentaron «intimidar o manipular» a empleados que podrían servir como testigos en la investigación del derrumbe de la discoteca.
El Ministerio Público sostiene que se violaron los tipos penales contemplados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales castigan el homicidio involuntario, así como los golpes y heridas involuntarias. La legislación establece una pena de prisión de tres meses a dos años en caso de que Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat sean hallados culpables en la acusación formulada por el Ministerio Público.
El Ministerio Público sostiene que tiene evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril «eran totalmente evitables si los imputados hubieran actuado conforme a derecho y si hubieran valorado la vida por encima del dinero».
Hasta el momento, se han presentado 109 querellas y denuncias contra los propietarios del Jet Set ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
Seguridad por medida de coerción
Un amplio dispositivo de vigilancia y seguridad se ha dispuesto en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por el conocimiento de la solicitud de las medidas de coerción contra los propietarios de la discoteca Jet Set, por la tragedia ocurrida la madrugada del martes 8 de abril, con un saldo de 236 fallecidos y 180 heridos.
La audiencia fue fijada para la once de la mañana de este miércoles por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.