Vuelven a echar a migrantes de una playa en Ceuta, mientras crece la presión en España por su reubicación

«No estamos para jugar al gato y al ratón». La queja del Sindicato de Policía (JUPOL) resume lo ocurrido en las últimas 48 horas en la playa del Trampolín en Ceuta, reconvertida en punto de reunión para miles de migrantes que siguen en un limbo, tres semanas después de la entrada masiva desde Marruecos.

Agentes españoles volvieron este viernes 21 de agosto a desalojar a más de mil migrantes que se encontraban en esa zona, después de que el jueves hicieran lo mismo con más de 1.200 personas de varias nacionalidades, que fueron trasladadas a centros temporales de acogida.

Ya en la noche del jueves, unos 500 inmigrantes de origen magrebí habían regresado a pernoctar en campamentos improvisados instalados en la arena, obligando a paralizar las tareas de limpieza que habían iniciado en el sitio. A ellos se sumaron luego cientos de personas más.

Esta mañana, la Policía volvió a acordonar a estos migrantes para garantizar que empleados públicos completaran la recogida de basura y de las estructuras precarias instaladas en el litoral. Pero no quedó inmediatamente claro si las personas que estaban este viernes en El Trampolín serían trasladadas a alguno de los refugios temporales habilitados el jueves o si, por el contrario, la escena podría volver a repetirse.

Según indicaron fuentes policiales a la agencia EFE, algunas de las personas que volvieron a concentrarse el viernes podrían ser parte de los grupos de migrantes que se encontraban desperdigados en distintos puntos de la ciudad. Es posible que interpretaran que permanecer en la playa puede ser un paso previo para acceder después a algunos de los centros de acogida temporal.

Sin embargo, esto vuelve a poner de relieve las dificultades que están teniendo las autoridades españolas para atender la crisis humanitaria o incluso para saber a ciencia cierta cuántos migrantes permanecen en Ceuta después de que a finales de julio, unas 80.000 personas –según el gobierno español– entraran a territorio español de manera irregular desde Marruecos.

Mientras funcionarios municipales estiman, en función de las raciones de alimentos diarias distribuidas por organizaciones humanitarias, que entre 9.000 y 10.000 inmigrantes –incluidos unos 2.000 menores– podrían seguir en la ciudad, el Ministerio del Interior español ubica esa cifra en alrededor de 5.000.

Además, España confirmó que al menos 82 personas murieron en el lado español de la frontera, y Marruecos reportó otras 14 víctimas relacionadas al intento de cruce irregular.

Este viernes, en el cementerio musulmán de Ceuta, un equipo de sepultureros comenzó con los entierros de los fallecidos en territorio español, un proceso que se prolongará por varios días, según el administrador del lugar, Said Mohammed, quien estimó que se producirían entre 10 y 12 entierros diarios, siguiendo los ritos islámicos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, presionado por varios flancos 

El jueves, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció la apertura de dos espacios para alojar a 1.800 migrantes en un aparcamiento y en una instalación militar, que a veces se utiliza para actos religiosos.

Si bien existen además centros improvisados gestionados por la población local, el Gobierno español señaló que siguen buscando otros lugares porque el refugio es, a todas luces, insuficiente, con migrantes que todavía siguen deambulando por las calles o rebuscando entre la basura para conseguir algo que comer.

Varios miles de ellos continúan a la intemperie, en un área de naves industriales cerca de la frontera con Marruecos y en las colinas boscosas en el límite de Ceuta.

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Este 21 de agosto, Human Rights Watch instó a la Administración del socialista Pedro Sánchez a dar cobijo y ofrecer oportunidades de asilo a los inmigrantes que permanecen sin techo, además de alertar sobre la vulnerabilidad de los menores no acompañados, en particular las niñas.

En su comunicado, la oenegé advirtió que, hasta el 20 de agosto, «no observó indicios de que las autoridades españolas hayan iniciado procedimientos legales ni evaluaciones individuales de personas adultas», con lo que miles de migrantes llevan casi tres semanas en la calle en «situación legal indefinida, expuestas a la violencia sexual, sin comida, sin un abrigo adecuado ni instalaciones sanitarias».

La entidad recogió, además, casos de agresión sexual y violación a dos mujeres y seis niñas, a la vez que recordó que la Fiscalía de Ceuta «manifestó que había recibido trece casos de agresión sexual entre el 30 de julio y el 17 de agosto, y que la mayoría de las víctimas no eran residentes de la ciudad».

En este contexto, la portavoz en España de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), Paula Barrachina, indicó a AP que las autoridades españoles deberían comenzar a tramitar las solicitudes de asilo lo antes posible, estimando que unos 1.200 migrantes –procedentes de Sudán, Mali o Yemen, países asolados por la guerra– podrían ser elegibles para protección internacional.

A nivel de política interna, el Gobierno de Sánchez también enfrenta críticas de la oposición conservadora y de la extrema derecha, que llegan a reclamar deportaciones masivas; resistencia de gobiernos locales en la España peninsular, que se niegan a recibir migrantes como parte del mecanismo de solidaridad; y cuestionamientos como el del alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas (del conservador Partido Popular), que acusó al Ejecutivo central de «no tener voluntad de solucionar el problema».

En paralelo, la crisis en Ceuta ha puesto a España en la mira de otros gobiernos europeos, con Italia a la cabeza, o de la propia Unión Europea, que el jueves insistió en reclamar el regreso a Marruecos de todos los participantes de la entrada masiva a territorio español.

Si bien, a diferencia de mensajes anteriores, puntualizó en el «deber» de España de garantizar «la protección de menores vulnerables», Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea, reiteró la «clara expectativa» de que «todos los migrantes que hayan entrado ilegalmente en Ceuta sean devueltos a Marruecos», incluyendo a los menores de edad.

La Policía detiene a cinco sospechosos de traficar con migrantes

En paralelo, este 21 de agosto, la Policía española señaló que investigaciones en curso confirman que hay mafias traficando con migrantes llegados desde Marruecos en el aluvión del pasado 30 de julio, ofreciéndoles su traslado desde Ceuta hasta el territorio peninsular a través del Estrecho de Gibraltar, a cambio de una cantidad aproximada de 9.000 euros.

En el marco de estas actuaciones, la Policía informó de la detención de cinco acusados de participar en este tráfico de personas. Uno de los arrestados es un hombre que fue enviado a prisión provisional, mientras que también fueron aprehendidas cuatro personas de otra organización, dos de ellas en Ceuta y otras dos en La Línea de la Concepción (municipio al sur de la península, lindero a Gibraltar).

De acuerdo a la pesquisa policial, los miembros de este último grupo criminal utilizaban intermediarios encargados de captar a personas en situación irregular «procedentes del asalto masivo a nado», mantenían a los migrantes en domicilios, garajes u otros lugares hasta la llegada de la embarcación que los cruzaba a territorio peninsular y allí otros integrantes de la mafia los recibían y reubicaban.

Por su parte, la segunda investigación reveló la presunta participación de un hombre en una travesía marítima el pasado 14 de agosto, en la que siete personas fueron trasladadas desde Ceuta a la costa peninsular en un barco de cinco metros de eslora y dos de manga y sin las condiciones mínimas de seguridad.

Los siete miembros de la expedición fueron interceptados en una plata de la Línea de la Concepción tras haber quedado a la deriva en el Estrecho de Gibraltar por unas cinco horas y haber recorrido cerca de 40 kilómetros desde Ceuta, bajo condiciones meteorológicas que, sumadas al estado de la embarcación y la ausencia de protecciones, incrementaron notablemente el peligro de la situación, según detalló la Policía.

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Uno de los testigos informó que el organizador cobraba 8.000 euros por persona para gestionar los traslados ilegales, por lo que un solo trayecto de siete personas reportaba un beneficio estimado para los traficantes de 56.000 euros.

Con AP y EFE