DGCP saluda TC ratifique cuotas para Mipymes Mujeres en compras públicas

Fallo valida reserva del 10 % para empresas lideradas por mujeres en el Estado

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) destacó como un precedente para la equidad económica la decisión del Tribunal Constitucional, que confirmó la constitucionalidad de las cuotas reservadas para las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres. La sentencia respalda la continuidad de una política pública orientada a reducir las brechas de participación femenina en el mercado de las contrataciones estatales y consolida el esquema establecido en la nueva legislación.

El fallo, contenido en la sentencia TC/0556/26, rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por Luis de Jesús Rodríguez Núñez, quien sostenía que las reservas de compras para empresas lideradas por mujeres vulneraban el principio de igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución dominicana.

Tribunal Constitucional respalda las acciones afirmativas

En su decisión, el Tribunal Constitucional concluyó que las cuotas destinadas a las Mipymes Mujeres no constituyen privilegios indebidos, sino acciones afirmativas legítimas para enfrentar las desigualdades estructurales que limitan la participación femenina en el mercado público.

La alta corte sostuvo que estas medidas buscan garantizar condiciones de competencia más equilibradas y favorecer una igualdad efectiva de oportunidades para las empresas dirigidas por mujeres dentro del sistema de compras del Estado.

DGCP aportó datos clave sobre la brecha de género

Durante el proceso judicial, la DGCP, a través de su Departamento de Ciencia de Datos, presentó estadísticas que fueron tomadas en cuenta por los magistrados para evaluar la realidad del mercado de las contrataciones públicas.

Entre las cifras presentadas figura que, al cierre de 2023, el Registro de Proveedores del Estado (RPE) contabilizaba 115,420 proveedores. De ese total, 80,798 correspondían a hombres, equivalente a cerca del 70 %, mientras que solo 28,720 eran mujeres, alrededor del 25 %, lo que evidencia una significativa diferencia en la representación empresarial.

Los datos también reflejaron una brecha en el volumen de recursos adjudicados. Las empresas lideradas por mujeres recibieron contratos por RD$83,096 millones, frente a RD$270,436 millones adjudicados al conjunto de las Mipymes, representando apenas el 10.02 % del total destinado a ese segmento.

Asimismo, la DGCP demostró que las cuotas reservadas no excluyen a las empresas dirigidas por hombres, ya que aproximadamente el 90 % de las compras públicas destinadas a las Mipymes permanece disponible para compañías con liderazgo o participación mayoritaria masculina.

Nueva Ley 47-25 fortalece las reservas

El Tribunal Constitucional también declaró inadmisible la impugnación presentada contra una disposición del Decreto 416-23, al considerar que perdió vigencia tras la entrada en vigor de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

No obstante, el tribunal examinó el nuevo marco legal y concluyó que mantiene una política coherente de promoción de la equidad de género. El artículo 172 de la normativa dispone que al menos el 30 % de las partidas de compras destinadas a Mipymes será reservado para este sector, distribuido en un 20 % para las Mipymes en general y un 10 % exclusivamente para empresas dirigidas por mujeres.

Llamado a fortalecer la participación femenina

Para la DGCP, la decisión representa un respaldo institucional a la contratación pública como instrumento para impulsar el desarrollo económico, la equidad de género y una mayor inclusión empresarial.

La institución exhortó a las emprendedoras a formalizar sus negocios mediante el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado y mantener actualizada su información en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), con el propósito de ampliar la participación de las empresas lideradas por mujeres en las compras gubernamentales.

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional reafirma la vigencia de las políticas de acción afirmativa en las contrataciones públicas y fortalece el marco legal que busca reducir las brechas de género en el acceso a oportunidades económicas dentro del Estado dominicano.