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Shakira, absuelta de fraude fiscal: ¿por qué la Justicia española ordena devolverle cerca de 60 millones de euros?

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Un fallo que cierra —de momento— un largo conflicto con Hacienda. El dictamen pone fin a una disputa que se ha prolongado durante años y que se ha convertido en uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en materia fiscal en España. Sin embargo, la resolución aún no es definitiva, ya que la Agencia Tributaria ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

El núcleo del litigio gira en torno a una cuestión clave: si Shakira era o no residente fiscal en España durante 2011.

Según la legislación española, una persona es considerada residente fiscal si permanece en el país más de 183 días en un año natural o si tiene en él su centro principal de intereses económicos o familiares.

La Agencia Tributaria sostenía que la artista debía tributar en España por sus ingresos globales ese año, argumentando que existía un vínculo personal y económico con el país, en parte por su relación con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué y por el desarrollo de parte de su actividad en territorio español.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado esa interpretación.

La clave del fallo: no se alcanzan los 183 días

La resolución judicial concluye que la administración no logró demostrar que Shakira hubiera permanecido en España el tiempo suficiente para ser considerada residente fiscal.

El tribunal fija la estancia acreditada en torno a 163 días en 2011, por debajo del umbral legal de 183 días exigido por la normativa tributaria.

Además, la sentencia señala que no se ha probado que la cantante tuviera en España su centro principal de intereses económicos durante ese ejercicio. Su actividad profesional en ese periodo se desarrollaba de forma internacional, con una agenda de giras y compromisos en múltiples países.

Tampoco se acreditó la existencia de un núcleo familiar en España en términos legales, ya que en 2011 no existía matrimonio ni hijos en común con Gerard Piqué.

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La relación con Piqué y el argumento de Hacienda

Uno de los puntos más controvertidos del caso fue la interpretación que hizo la Agencia Tributaria del vínculo personal de la artista.

Hacienda defendía que la relación sentimental con un residente en España y su presencia habitual en el país evidenciaban una conexión suficiente para considerar que su residencia fiscal estaba en territorio español.

No obstante, el tribunal rechaza que una relación de pareja, sin vínculo conyugal ni descendencia común en aquel momento, pueda sustituir los criterios legales establecidos para determinar la residencia fiscal.

Este aspecto ha sido especialmente relevante en la motivación jurídica del fallo, que subraya la necesidad de pruebas objetivas y no presunciones.

La devolución ordenada: unos 60 millones de euros

Como consecuencia de la anulación de la sanción, el tribunal ordena a Hacienda la devolución de aproximadamente 60 millones de euros a la cantante.

Esta cifra incluye:

  • Las cantidades ya abonadas por la multa inicial
  • Los impuestos reclamados en su momento
  • Los intereses acumulados durante los años de litigio
  • Costes asociados al procedimiento y avales, según la defensa de la artista

En origen, la sanción de la Agencia Tributaria ascendía a unos 55 millones de euros, pero el importe final a devolver aumenta al sumar intereses y otros conceptos derivados del proceso.

La respuesta de la Agencia Tributaria: recurso anunciado

Pese al fallo, Hacienda ha confirmado que no ejecutará el pago inmediato y que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Esto significa que la devolución no será efectiva hasta que exista una sentencia firme, lo que mantiene abierto el conflicto en términos jurídicos, aunque con una primera resolución claramente favorable a la artista.

Fuentes del organismo defienden que la decisión será revisada por la instancia superior y recuerdan que Shakira ya había admitido responsabilidades en otros procedimientos fiscales relativos a ejercicios posteriores.

La reacción de Shakira: críticas al proceso y mensaje público

Tras conocerse la sentencia, Shakira celebró el fallo y sostuvo que “nunca hubo fraude”, afirmando que la administración no pudo demostrar lo contrario.

En sus declaraciones, la artista expresó también su malestar por el impacto personal y mediático del proceso, al que calificó como un “señalamiento público” prolongado durante años.

Su equipo legal, encabezado por el abogado José Luis Prada, calificó el procedimiento de “calvario de ocho años” y criticó lo que consideran una actuación administrativa excesiva y poco rigurosa.

Además, la cantante afirmó que espera que la resolución sirva como precedente para otros contribuyentes que, según su visión, pueden enfrentarse a situaciones similares sin los mismos recursos de defensa.

Un caso dentro de una batalla fiscal más amplia

El litigio sobre 2011 no ha sido el único enfrentamiento de Shakira con Hacienda.

En 2023, la cantante alcanzó un acuerdo con la Fiscalía española en un caso separado relacionado con los ejercicios fiscales de 2012 a 2014, en el que reconoció una parte de los hechos y aceptó una multa tras evitar un juicio por evasión fiscal.

Ese acuerdo cerró otro frente judicial importante, aunque no afectó al procedimiento ahora resuelto por la Audiencia Nacional.

La estrella colombiana declaró en 2023 que prefería declararse culpable para terminar cuanto antes un complejo proceso, que le costaría mucho tiempo, y enfocarse en su familia, así como en retomar su carrera a plenitud dado su regreso a Estados Unidos, como país de residencia tras su separación de Gerard Piqué.

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Contexto: la presión fiscal sobre grandes figuras internacionales

El caso de Shakira se enmarca en una etapa en la que la Agencia Tributaria española ha intensificado el control sobre grandes fortunas y celebridades internacionales con actividad en el país, especialmente en sectores como el deporte y el entretenimiento.

Figuras como futbolistas de élite y artistas globales han sido objeto de investigaciones por cuestiones de residencia fiscal y tributación de ingresos internacionales, lo que ha generado un debate recurrente sobre la complejidad del sistema y la interpretación de la residencia en un mundo globalizado.

Aunque el fallo supone una victoria jurídica relevante para la cantante, el caso no está cerrado definitivamente.

El recurso anunciado por la Agencia Tributaria llevará el asunto al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra sobre la validez de la decisión y sobre la obligación —o no— del Estado de devolver las cantidades reclamadas.

Por ahora, la resolución marca un giro significativo en un conflicto que ha durado más de ocho años y que ha situado a Shakira en el centro de uno de los litigios fiscales más mediáticos en España en la última década.

Con Reuters, AP, EFE y medios locales

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