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¿Qué hay detrás de la imputación a Zapatero?: las claves en España del caso Plus Ultra
La investigación, que permaneció bajo secreto durante meses y que ahora ha sido parcialmente desclasificada, gira alrededor de una pregunta clave: si el rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la compañía aérea Plus Ultra fue utilizado como vehículo para favorecer intereses privados, canalizar comisiones y blanquear fondos procedentes de Venezuela.
¿Qué se investiga exactamente?
El núcleo del procedimiento es el llamado “caso Plus Ultra”, una causa que inicialmente nació como una investigación sobre presunto blanqueo de capitales y que ha terminado derivando en una supuesta red de influencias políticas y empresariales.
Según el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, la investigación apunta a la existencia de “una estructura estable y jerarquizada” dedicada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante organismos públicos. El magistrado sostiene que esa red habría actuado para favorecer, entre otros asuntos, la aprobación del rescate estatal de Plus Ultra, una aerolínea hispano-venezolana que recibió 53 millones de euros del fondo de ayudas gestionado por la SEPI tras la crisis provocada por el Covid-19.
La tesis judicial sostiene que determinadas personas y sociedades cobraban comisiones por utilizar contactos políticos y capacidad de influencia para facilitar decisiones administrativas favorables. En ese contexto, el juez sitúa a Zapatero como supuesto “líder” de la estructura.
¿De qué delitos se acusa a Zapatero y qué papel le atribuye el juez?
La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y posibles conexiones con blanqueo de capitales.
El auto judicial sostiene que Zapatero habría puesto “sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración” al servicio de terceros interesados en conseguir decisiones favorables del Gobierno. Entre ellas, la concesión del rescate a Plus Ultra.
La acusación no se limita únicamente a la aprobación de la ayuda pública. El juez también investiga si existió una estructura empresarial destinada a ocultar el origen y destino del dinero mediante sociedades instrumentales, contratos de consultoría supuestamente ficticios y triangulación internacional de pagos.
El magistrado considera especialmente relevante que algunos investigados celebraran internamente la concesión de la ayuda antes incluso de la aprobación formal por parte de los órganos públicos competentes, algo que, según la resolución, podría apuntar a un acceso privilegiado a información reservada.
El instructor sostiene que el expresidente habría actuado como pieza esencial para facilitar contactos políticos y administrativos.
Según el auto, Plus Ultra y otras empresas habrían pagado cantidades económicas a sociedades relacionadas con el entorno de Zapatero bajo contratos de asesoría y consultoría, cuya verdadera finalidad estaría bajo sospecha.
La resolución judicial cifra en cerca de 1,95 millones de euros las cantidades que, según los investigadores, terminaron en el entorno del expresidente y de la empresa Whathefav S.L., dedicada a comunicación y marketing y administrada por sus hijas.
Entre los pagos investigados aparecen transferencias procedentes de varias sociedades, especialmente de la consultora Análisis Relevante S.L., cuyo administrador es el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero.
La investigación considera que estas operaciones podrían haber servido para justificar documentalmente el movimiento de fondos vinculados a actividades de intermediación política.
El papel de Plus Ultra y el origen del caso
El rescate de Plus Ultra ya había sido objeto de controversia política desde 2021. Diversos partidos de la oposición cuestionaron entonces que la compañía cumpliera los requisitos estratégicos para recibir fondos públicos.
En una primera etapa, un juzgado de Madrid investigó la concesión de la ayuda a raíz de una denuncia presentada por el colectivo vinculado a la ultraderecha española, Manos Limpias. Aquella causa terminó archivada por cuestiones procesales y por considerar la magistrada que no había indicios suficientes de delito en la tramitación del rescate.
Sin embargo, el caso adquirió una nueva dimensión en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió solicitudes de cooperación internacional procedentes de Francia y Suiza. Las autoridades de ambos países investigaban una supuesta organización dedicada al blanqueo de capitales vinculados a fondos opacos venezolanos.
Según la documentación incorporada al procedimiento, parte de ese dinero procedería presuntamente de operaciones relacionadas con la venta irregular de oro venezolano y con programas de distribución alimentaria del chavismo, conocidos como CLAP. La sospecha es que el rescate de Plus Ultra pudo utilizarse posteriormente para introducir y mover parte de esos fondos dentro de circuitos financieros aparentemente legales.
¿Quién es Julio Martínez Martínez?
Julio Martínez Martínez aparece como uno de los personajes centrales de la causa. Empresario alicantino y amigo cercano de Zapatero, administraba la consultora Análisis Relevante S.L., situada en el epicentro de la investigación.
Según el juez, Martínez Martínez actuaba como interlocutor habitual con clientes y empresas interesadas en obtener gestiones o contactos institucionales. El auto sostiene que era también quien ejecutaba instrucciones y organizaba parte de la operativa societaria investigada.
La Audiencia Nacional sospecha que varias sociedades funcionaban como instrumentos para triangular pagos y ocultar el destino final del dinero.
Las sociedades investigadas y la supuesta trama financiera
Uno de los elementos más delicados de la investigación es la presunta utilización de sociedades pantalla y estructuras internacionales para mover fondos fuera de España.
El juez menciona la creación de una sociedad en Dubái, Landside Dubai FZCO, vinculada a una mercantil española administrada por Julio Martínez Martínez. Según el auto, esa empresa habría sido diseñada para canalizar pagos relacionados con el rescate de Plus Ultra y dificultar su trazabilidad.
La resolución judicial considera que ese patrón encajaría en esquemas habituales de blanqueo de capitales: creación de sociedades en territorios de baja transparencia, uso de testaferros y circulación internacional de fondos para desvincular el dinero de su origen.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró este martes 19 de mayo la oficina de Zapatero en Madrid, así como varias sociedades vinculadas al procedimiento, entre ellas Whathefav S.L.
Además de Zapatero, permanecen investigados directivos de Plus Ultra, abogados, empresarios y un banquero peruano presuntamente relacionado con la estructura financiera investigada.
El expresidente del Gobierno deberá declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio en calidad de investigado y asistido por abogado.
¿Qué responde Zapatero?
Zapatero ha negado rotundamente cualquier ilegalidad.
En un vídeo difundido tras conocerse su imputación, aseguró que toda su actividad pública y privada se ha desarrollado “con absoluto respeto a la legalidad” y rechazó haber realizado gestiones para favorecer el rescate de Plus Ultra.
“Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra”, afirmó.
También negó haber tenido sociedades mercantiles propias o estructuras empresariales en el extranjero y aseguró que colaborará plenamente con la Justicia.
No es la primera vez que el expresidente socialista rechaza las acusaciones. Ya en marzo, durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, defendió que nunca cobró comisiones de Plus Ultra y sostuvo que únicamente trabajó como consultor para Análisis Relevante, sin conocer —según sostuvo— los negocios paralelos de la empresa con la aerolínea.
¿Qué señalan el Gobierno y el PSOE?
La reacción del actual Gobierno y del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sido de cautela y respaldo político al exlíder del Ejecutivo.
Desde Ferraz se ha apelado a la presunción de inocencia y se ha denunciado lo que consideran una estrategia de “acoso” político y judicial contra el entorno del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Aunque el Ejecutivo evita cuestionar directamente la actuación judicial, dirigentes socialistas han insistido en que la imputación no equivale a culpabilidad y recuerdan que Zapatero niega todas las acusaciones.
Al mismo tiempo, el caso reabre el debate político sobre el rescate de Plus Ultra, una de las operaciones más controvertidas de las ayudas públicas aprobadas durante la pandemia.
¿Qué ocurrirá ahora?
Con el levantamiento parcial del secreto de sumario, las defensas tendrán acceso a miles de documentos, informes policiales, registros y comunicaciones intervenidas durante meses de investigación.
La Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama continuarán analizando operaciones bancarias, contratos mercantiles y movimientos internacionales de fondos para determinar si existió realmente una red organizada de tráfico de influencias y blanqueo.
El procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción. Eso significa que la investigación sigue abierta y que, por el momento, no existe una acusación formal ni una condena judicial contra ninguno de los investigados.
Con AP, EFE y medios locales
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