EE. UU. y Venezuela sellan en Caracas un histórico acuerdo petrolero bajo el nuevo pulso energético de Trump

Un acuerdo de dimensiones inéditas. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aterrizó el martes por la noche en Caracas para cerrar una nueva etapa en el acercamiento energético entre Washington y Venezuela, apenas cuatro días después de que ambos Gobiernos anunciaran un acuerdo petrolero que Donald Trump ha presentado como el mayor de la historia de Estados Unidos.

Wright y su delegación fueron recibidos después de las 20:30, hora local, en el aeropuerto internacional de Maiquetía por la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, y el encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett. 

El objetivo inmediato de la visita es la firma de un nuevo contrato con Chevron y el anuncio de una ampliación sustancial de sus operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las principales áreas productoras del país y depositaria de una parte considerable de las reservas venezolanas.

“Estos acuerdos de inversión en Venezuela buscan llevar paz, oportunidades y prosperidad al pueblo de Venezuela y al pueblo de Estados Unidos”, declaró Wright a su llegada.

La visita constituye el segundo desplazamiento del secretario estadounidense a Venezuela. El pasado febrero, Wright se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y recorrió con ella las instalaciones de Chevron en la Faja del Orinoco, en el marco de una estrategia destinada a construir una asociación energética de largo plazo entre ambos países.

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Los detalles del acuerdo energético

Los detalles divulgados en los últimos días dibujan una operación de enorme magnitud. Según la información difundida por el Gobierno estadounidense, el acuerdo permitirá desarrollar 17 campos petroleros que contienen alrededor de 65.000 millones de barriles de crudo, una cantidad equivalente a aproximadamente una quinta parte de las reservas venezolanas.

La Administración de Donald Trump sostiene que el proyecto garantizará a Washington derechos económicos y de gobernanza sobre la nueva estructura empresarial encargada de operar esos activos. El esquema contempla la creación de una empresa conjunta con North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

De acuerdo con la información estadounidense, el Departamento de Defensa obtendrá una participación del 35% en la matriz de la operadora. 

 “Este acuerdo asegura nuestro dominio energético para el próximo siglo”

Washington tendrá además poder de veto sobre determinados nombramientos en la junta directiva, cuya mayoría deberá estar integrada por ciudadanos estadounidenses. El acuerdo estará sometido a la legislación y a los tribunales de Estados Unidos.

El pacto contempla asimismo un derecho estadounidense para adquirir el 20% de la producción a precio de coste y un derecho de adquisición preferente sobre buena parte del volumen restante.

La Administración Trump ha descrito estas condiciones como una pieza central de su estrategia para recuperar el dominio energético estadounidense. “Este acuerdo asegura nuestro dominio energético para el próximo siglo”, sostuvo el Departamento de Estado al divulgar los términos de la operación.

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La duración, uno de los puntos de controversia

Uno de los aspectos que todavía presenta versiones divergentes es la duración del acuerdo.

Washington ha descrito la operación como un proyecto con efectos durante un siglo, mientras que Rodríguez ha afirmado que el acuerdo suscrito entre Caracas y Washington tendrá una vigencia de 25 años y contempla como objetivo alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

La diferencia no es menor. Una concesión o estructura contractual con horizonte de 100 años supondría comprometer la explotación y las condiciones económicas de una parte significativa de los recursos venezolanos durante varias generaciones. Una vigencia de 25 años, en cambio, situaría el proyecto dentro de un marco temporal mucho más próximo al de los grandes contratos internacionales de explotación petrolera.

La discrepancia refleja también las distintas narrativas políticas con las que Washington y Caracas han presentado el acuerdo: para la Casa Blanca, se trata de garantizar durante décadas la seguridad energética estadounidense. Para el Gobierno venezolano, de atraer capital para reconstruir una industria devastada y elevar la producción nacional.

Chevron, pieza central de la nueva etapa

En este nuevo escenario, Chevron ocupa una posición privilegiada. La petrolera estadounidense ya mantiene operaciones en Venezuela y se prepara para anunciar una importante ampliación de su actividad.

La compañía fue una de las pocas grandes petroleras occidentales que mantuvo presencia operativa en el país durante los años de sanciones estadounidenses, bajo un régimen de autorizaciones específicas. Su expansión puede convertirla en uno de los principales instrumentos de la nueva política energética de Washington hacia Caracas.

La Faja Petrolífera del Orinoco, donde se concentran buena parte de los nuevos proyectos, constituye el corazón de esa estrategia. Venezuela posee, según sus propias autoridades, unos 303.806 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cifra del mundo.

Pero disponer de las mayores reservas no se ha traducido en una producción proporcional. La industria petrolera venezolana sufrió durante años problemas de inversión, mantenimiento, infraestructura y gestión, agravados por las sanciones internacionales y el deterioro de las instalaciones.

Rodríguez asegura ahora que Venezuela produce 1,23 millones de barriles diarios, el nivel más elevado desde febrero de 2019. La cifra sigue, sin embargo, muy lejos de los 3,1 millones de barriles diarios que el país producía en 1998, antes de la llegada del chavismo al poder.

La transformación del modelo petrolero venezolano

El acuerdo se produce después de una transformación profunda de la legislación venezolana. Caracas reformó este año la Ley Orgánica de Hidrocarburos para facilitar la participación de capital privado y extranjero y reducir el control directo del Estado sobre la actividad petrolera.

Rodríguez sostiene que desde entonces se han firmado alrededor de medio centenar de acuerdos para atraer inversiones a más de 76 áreas productivas de hidrocarburos.

Para los defensores de la reforma, el cambio es indispensable para recuperar una industria que necesita enormes cantidades de capital y tecnología. Para sus críticos, representa una ruptura con uno de los pilares del modelo petrolero construido durante los Gobiernos de Hugo Chávez.

La discusión adquiere una dimensión adicional por el contexto político en el que se han adoptado estas decisiones. El nuevo esquema energético se desarrolla bajo un Gobierno venezolano de carácter transitorio cuya legitimidad y capacidad para comprometer recursos nacionales durante períodos extraordinariamente largos son cuestionadas por sectores de la oposición.

Beneficios económicos vs. riesgos sobre soberanía

La magnitud financiera anunciada es uno de los principales argumentos de Caracas para defender el pacto. El proyecto contempla inversiones de hasta 100.000 millones de dólares destinadas a reconstruir y ampliar la infraestructura petrolera venezolana. El Gobierno también proyecta ingresos por regalías e impuestos que podrían alcanzar los 209.300 millones de dólares a lo largo de la vida del proyecto.

Sin embargo, críticos y analistas han cuestionado la distribución de esos beneficios. Sus cálculos sostienen que Venezuela podría obtener una remuneración por barril significativamente inferior a la que recibiría bajo el régimen petrolero venezolano convencional.

La crítica central no se limita al dinero. También apunta a la soberanía sobre los recursos naturales y a la posibilidad de que compromisos adoptados durante décadas limiten el margen de maniobra de futuros gobiernos.

Sectores vinculados a María Corina Machado y el economista Ricardo Hausmann han cuestionado el acuerdo precisamente por ese motivo y por las condiciones institucionales en las que se firma.

Estrategia energética de Trump: un nuevo equilibrio frente a China y Rusia

El viraje venezolano también altera el equilibrio geopolítico que se había consolidado durante los años de aislamiento de Caracas.

China se convirtió en uno de los principales compradores e inversores en la industria petrolera venezolana mientras las sanciones estadounidenses restringían el acceso del país a los mercados occidentales. Rusia también adquirió una presencia relevante en determinados proyectos.

Parte de los campos incluidos en el nuevo acuerdo habían sido gestionados anteriormente por empresas chinas o rusas. Según funcionarios estadounidenses citados por Reuters, otros estaban relacionados con empresarios vinculados al entorno del antiguo Gobierno de Nicolás Maduro.

El regreso masivo del capital estadounidense puede, por tanto, desplazar parte de la influencia que Beijing y Moscú construyeron en Venezuela durante más de una década.

Para Washington, la operación tiene una dimensión que va mucho más allá de Venezuela.

La Administración Trump busca reforzar el suministro energético estadounidense y reducir su vulnerabilidad ante las alteraciones de los mercados internacionales. En ese contexto, el acceso preferente al petróleo venezolano adquiere valor estratégico.

El acuerdo permitiría además a Estados Unidos participar directamente en la reconstrucción de la industria petrolera de un país que posee las mayores reservas conocidas de crudo del planeta.

Para Caracas, en cambio, la asociación representa una vía para recuperar producción, atraer tecnología y capital y obtener un respaldo político decisivo de la Casa Blanca.

La llegada de Wright a Caracas simboliza así una extraordinaria transformación en las relaciones entre ambos países. Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en 2019 y las restablecieron en marzo pasado. En apenas unos meses, antiguos adversarios han pasado a negociar una de las mayores operaciones energéticas de la historia contemporánea.

El resultado final dependerá ahora de la capacidad de las partes para convertir los anuncios en inversiones, producción y mayores ingresos para Venezuela, pero también de cómo se resuelvan las controversias sobre la duración, el control empresarial y la distribución de la renta petrolera.

La firma de Chevron prevista para este miércoles será el siguiente paso de un proceso que está redefiniendo no solo la industria petrolera venezolana, sino también el mapa energético y geopolítico de América Latina.

Con EFE y medios locales