Dos exempleadas de Julio Iglesias vuelven a entablar demanda en su contra por presunta agresión sexual

Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias han denunciado de nuevo al cantante por someterlas «a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas» e imponerles «condiciones laborales forzadas y degradantes», según indicó este viernes 4 de septiembre Women’s Link Worldwide, una organización feminista internacional que promueve la defensa de los derechos de las mujeres y que ha asesorado por años a las denunciantes.

Cuando el pasado enero acudieron a la Fiscalía, las trabajadoras relataron presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando él tenía 77 años, en las casas de su propiedad en República Dominicana y Bahamas. Una de ellas sostuvo que estaban obligadas a realizarse revisiones ginecológicas, tests de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.

Las mujeres aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para respaldar sus acusaciones. 

Una investigación periodística publicada en enero por ‘elDiario.es’. (España) y Univisión Noticias (EE. UU.) recogía relatos de ambas denunciantes sobre las presuntas agresiones. «Me usaba casi todas las noches (…) me sentía como un objeto, como una esclava», afirma uno de los testimonios replicados bajo anonimato por el diario español.

Esa primera denuncia fue archivada en enero por el Ministerio Público español al señalar que en el caso no existía un vínculo relevante con España, por lo que no había jurisdicción para actuar.

Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, y Estefanny Molina, directora adjunta y de estrategias globales de la ONG, remarcaron este viernes a la agencia de noticias EFE que la decisión de la Fiscalía de archivar el caso no supone «que los hechos hayan sido juzgados ni que exista una decisión judicial definitiva sobre el fondo del asunto», por lo que consideran que es necesaria una investigación a fondo ante unos «hechos tan graves».

La organización feminista sostiene que España debe implicarse en el procedimiento «en consonancia con la opinión de juristas y académicos de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles». Por ello, han interpuesto de nuevo la denuncia ante la Audiencia Central de Primera Instancia de España con fecha del 3 de septiembre.

Las denunciantes solicitaron acceso a medidas de protección específicas durante el litigio, apuntó Women’s Link Worldwide. Ambas recibieron la condición de testigos protegidos por la Fiscalía el 16 de enero, 11 días después de presentar la primera denuncia.

Julio Iglesias ha negado los señalamientos de las mujeres desde el principio del escándalo. Sus abogados sostienen que el cantante ha sido sometido a un «linchamiento público».

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¿Un resultado diferente para la misma denuncia?

Jovana Ríos y Estefanny Molina, de Women’s Link Worldwide, se muestran confiadas en que esta vez el resultado sea distinto. «Esperamos que la querella de Rebeca y Laura [nombres ficticios] se admita, se investigue y envíe un mensaje claro de que todas las personas tienen derecho a acceder a garantías de acceso a justicia», sostuvieron a EFE.

La ONG considera que los hechos relatados pueden constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

El argumentario legal de la entidad sostiene que, según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales españoles pueden decidir procesar a un denunciado «cuando existan vínculos relevantes con España».

La organización considera la nacionalidad española de Julio Iglesias un nexo suficiente para que sea investigado en ese país. «Si un ciudadano español comete un delito fuera de España, España puede perseguirlo, siempre que el mismo acto también se considere delito en el país donde se produjo», señalan en la nota de prensa del viernes.

Pero la Fiscalía, en el pronunciamiento de enero, sostuvo que la normativa judicial exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.

Así, el ente investigador consideró que el criterio decisivo fue «la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe» porque los hechos relatados no sucedieron en territorio español, ni las denunciantes o los denunciados se encuentran en España.

Además, apuntó a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide que España desplace la jurisdicción del Estado «primariamente competente», salvo que quede acreditada la «imposibilidad real o falta de voluntad de investigar», algo que, a juicio de la Fiscalía, no ocurría en el caso contra Iglesias, ya que «en ningún momento se han denunciado los hechos en los países territorialmente competentes».

La respuesta no convenció a Women’s Link Worldwide, que este viernes recordó al Estado español su obligación de cumplir con tratados internacionales sobre derechos humanos (CEDH), sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) y contra la tortura (PIDCP), entre otros.

«Las mujeres que denuncian hechos relacionados con la violencia de género —incluida la violencia sexual y las dinámicas de abuso de poder que la perpetúan— necesitan que los Estados se comprometan a apoyar su búsqueda de justicia», señala Ríos, citada en la nota de prensa.

Con EFE y medios locales