¿Podrá Rodrigo Paz resistir la ola de protestas en Bolivia?

La crisis en Bolivia comenzó a finales de abril, cuando campesinos de los departamentos amazónicos de Pando y Beni iniciaron una marcha hacia La Paz para exigir la derogación de la Ley 1720, que impulsa una reforma agraria. A su llegada a la sede de gobierno, la movilización coincidió con un paro nacional de transportistas que reclaman la escasez de combustible, lo que terminó por agravar la parálisis en distintas regiones del país.

A estas protestas se sumaron la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana, organizaciones históricamente cercanas a gobiernos del Movimiento al Socialismo.

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Desde el Ejecutivo, el gobierno de Rodrigo Paz acusa al expresidente Evo Morales de promover e incentivar las movilizaciones, mientras que los sectores sociales movilizados exigen aumentos salariales y garantías de que no se avanzará en la privatización de empresas estatales.

¿Está el presidente Rodrigo Paz ante una prueba decisiva de gobernabilidad? ¿Por qué protestan los distintos sectores en Bolivia?

Alfonso Lema, el exalcalde de la ciudad Tarija en Bolivia, advierte que la situación no debe interpretarse como un conflicto personal contra el mandatario, sino como un desafío para el conjunto del sistema democrático. “Se debe superar, pero no es un tema individual, es un tema de la democracia boliviana” y enfatiza que la salida a la crisis pasa por el respeto a las reglas del juego democrático.

Lema insiste además en la necesidad de distinguir “entre la protesta legítima y aquellas acciones que buscan desestabilizar el orden institucional”. 

¿Por qué se salió de control el rechazo al mandato de Rodrigo Paz en Bolivia?

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En contraste, el exprocurador general de Bolivia Wilfredo Chávez afirma que las movilizaciones responden al incumplimiento de promesas electorales por parte del Gobierno. 

Según explica, uno de los principales detonantes del malestar social es el aumento del precio de los hidrocarburos, que “se duplicaron” sin que haya una mejora equivalente en el poder adquisitivo de los salarios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

Chávez también cuestiona el acercamiento del Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar de que, según dice, se había prometido no recurrir a ese organismo para endeudamiento externo.

En este escenario, el llamado al diálogo y al respeto institucional aparece como una de las principales salidas frente a una nueva prueba para la estabilidad política en Bolivia, cuyo desenlace dependerá de la capacidad de los actores políticos y sociales para contener la escalada del conflicto.

Nos acompañan en el análisis:

• Alfonso Lema, director ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías y exalcalde de Tarija.
• Wilfredo Chávez, exprocurador general del Estado y miembro del equipo jurídico de Evo Pueblo, partido político creado en 2025 por el expresidente Evo Morales.

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