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Brasil y el caos en el Tribunal Supremo en vísperas de las presidenciales
El jefe del Tribunal Supremo de Brasil intentó el miércoles 9 de septiembre contener una crisis sin precedentes en el seno del máximo tribunal, que se encuentra sumido en el caos a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Esta crisis, desencadenada por una investigación sobre un fraude bancario masivo, está afectando la campaña electoral en esta potencia latinomericana.
El 4 de octubre, el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, intentará ser reelegido frente a Flávio Bolsonaro, de 45 años, el hijo mayor del ex jefe de Estado de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).
La crisis estalló la semana pasada cuando un informe policial reveló el contenido de mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro, sospechoso de uno de los mayores fraudes financieros de la historia del país, a un número atribuido a Alexandre de Moraes, un influyente magistrado del Tribunal Supremo.
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En estos mensajes, fechados en noviembre de 2025, el director de Banco Master solicita ayuda al magistrado, aparentemente en un intento de obstaculizar la investigación que pronto conduciría a su arresto. Daniel Vorcaro había construido una vasta red de contactos en los círculos del poder antes de que su banco fuera liquidado tras declararse insolvente, habiendo acumulado más de 6.000 millones de euros en deuda.
El destino del director de la Policía Federal, en el centro de la crisis
El año pasado, el juez De Moraes dirigió el histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión en su país por intento de golpe de Estado.
Los mensajes del banquero se filtraron por orden del juez André Mendonça, quien estaba a cargo de la investigación del Banco Master. Exministro de Justicia durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, había sido nombrado por él para el Tribunal Supremo.
La crisis se intensificó esta semana en torno al destino del director de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues. Denunciando los informes de inteligencia utilizados por su rival, quien lo acusó de «abuso de autoridad», el juez Mendonça acusó a la PF de espionaje ilegal y ordenó la suspensión provisional de su jefe el martes.
El miércoles, Flavio Dino, exministro de Justicia durante el gobierno de Lula y considerado cercano al juez Moraes, restituyó a Andrei Rodrigues en su cargo.
Lula y Flavio Bolsonaro codo a codo
Horas después, el presidente del Tribunal Supremo, Edson Fachin, suspendió estas resoluciones contradictorias, según una decisión obtenida por la AFP. Se reservó la decisión final sobre el jefe de la Policía Federal, a quien se le ordenó proporcionar información en un plazo de 48 horas. El magistrado Fachin también declaró la suspensión de todos los procedimientos en la investigación contra miembros del Tribunal y convocó una sesión plenaria para el 15 de septiembre.
Las encuestas muestran a Lula y Flavio Bolsonaro prácticamente empatados en caso de una segunda vuelta el 25 de octubre.
En las redes sociales, el presidente saliente instó al Tribunal a «levantar por completo el secretismo que rodea las investigaciones relativas a todos los implicados en el caso Master, sean quienes sean y cueste lo que cueste». Denunció las «filtraciones selectivas que están influyendo en la disputa electoral».
El caso Master es un caso «tóxico».
Durante un acto de campaña en Juiz de Fora (sureste), el hijo de Bolsonaro acusó al juez Dino de intentar «interferir en un proceso judicial». «Yo quiero ganar las elecciones en las urnas, y Lula quiere ganar por defecto», declaró.
El propio Flavio Bolsonaro se ve debilitado por el caso Master. La Policía investiga transferencias bancarias de varios millones de dólares que solicitó a Daniel Vorcaro. Según el candidato conservador, estos fondos se utilizaron para financiar una película sobre su padre.
El caso Master es un caso «tóxico», según declaró a la AFP una fuente del Tribunal Supremo, porque la Policía sospecha que el banquero «depositó dinero en varios sitios para luego obtener favores».
Alrededor de 3.000 organizaciones empresariales de todo el país emitieron un comunicado el miércoles advirtiendo de una «crisis institucional de extrema gravedad» centrada en el tribunal supremo. «Si se cuestiona la legitimidad de los jueces, todo lo demás se vuelve incierto», incluida la «paz social», advirtieron los firmantes.
Con AFP
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