Imputan a directivos de empresas que buscan petróleo en Malvinas: ¿qué cambia en la disputa con Reino Unido?

Una ofensiva que ya no es solo diplomática. El presidente Javier Milei ha decidido elevar el tono de la política argentina sobre las Islas Malvinas con una estrategia que combina presión económica, herramientas judiciales y un refuerzo de las capacidades de defensa en el Atlántico Sur.

El eje inmediato es un proyecto de ley que el Gobierno prevé enviar al Congreso esta semana —previsiblemente este martes 15 de septiembre— y que ha denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca modificar y endurecer el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011, que establece restricciones para las empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas sobre las que Argentina reclama soberanía.

Milei presentó la medida como una respuesta a la actividad de compañías que, según Buenos Aires, explotan recursos naturales en territorio argentino sin autorización del Estado. El caso que concentra la atención es Sea Lion, un proyecto de petróleo offshore situado unos 220 kilómetros al norte de las islas y desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

Pero la ofensiva ha adquirido ahora una dimensión adicional: la Justicia argentina ha comenzado a investigar penalmente a quienes están detrás de esas operaciones.

Imputan a directivos y accionistas de las petroleras

El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este martes un requerimiento de instrucción ante el juez federal Julián Ercolini en el que pidió investigar a directivos y accionistas de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, además de identificar a cualquier persona física o jurídica que pudiera estar colaborando con el proyecto.

La investigación parte de la denuncia presentada la semana pasada por el canciller Pablo Quirno y el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, contra empresas y personas vinculadas con Sea Lion.

Stornelli solicitó investigar, entre otras cuestiones, la posible violación de la Ley 26.659 y dejó abierta la posibilidad de analizar otros delitos, incluidos eventuales daños ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos.

Algunos de los delitos que podrían quedar bajo investigación contemplan, en conjunto, penas de hasta 20 años de prisión, según fuentes judiciales citadas por la prensa argentina. Esto no significa que los directivos imputados hayan sido condenados ni que necesariamente vayan a recibir esas penas: se trata de las sanciones máximas asociadas a algunos de los delitos cuya eventual existencia deberá determinar la investigación.

El fiscal ha pedido además reconstruir el entramado empresarial, financiero y logístico relacionado con las operaciones petroleras.

La investigación busca llegar más allá de las petroleras

Uno de los elementos más relevantes del requerimiento de Stornelli es que la investigación no se limita a las compañías que aparecen formalmente como operadoras.

El fiscal pidió identificar a accionistas, directivos, representantes y terceros que puedan prestar asistencia logística u operativa.

También solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino toda la documentación que sustenta la denuncia y reclamó activar mecanismos de cooperación penal internacional con Reino Unido para obtener información societaria.

Entre los datos que busca están la composición de los directorios y órganos de representación de empresas vinculadas con las operaciones, documentación sobre las licencias concedidas para desarrollar actividades hidrocarburíferas y, en una etapa posterior, información bancaria relacionada con la explotación comercial.

El objetivo es determinar quién participa directa o indirectamente en las operaciones y si pudo existir una estructura destinada a eludir las normas argentinas.

Un antecedente que se remonta a 2012

La investigación también incorpora antecedentes anteriores a Sea Lion.

El requerimiento de Stornelli menciona a Desire Petroleum, una compañía que, según la documentación citada por el fiscal, fue declarada clandestina por Argentina en 2012 por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización nacional.

En 2013, la empresa habría sido inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en Argentina.

El argumento jurídico utilizado entonces —y recuperado ahora por el Gobierno— es que las operaciones se realizaban al amparo de licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas, que Buenos Aires considera ilegítimas.

La investigación actual intenta establecer si existen conexiones entre ese historial y la estructura empresarial que participa en las nuevas operaciones petroleras.

¿Qué sanciones propone la nueva ley?

El proyecto que Milei enviará al Congreso pretende “poner dientes” a la Ley 26.659, ampliando las consecuencias para quienes participen en actividades que Argentina considere ilegales.

Las medidas previstas incluyen:

• Inhabilitación para operar en Argentina.
• Restricciones para contratar con el Estado argentino, tanto en el sector público como, según el alcance previsto, para determinadas actividades comerciales.
• Multas económicas.
• Decomiso de buques o de capturas en el caso de actividades pesqueras consideradas ilegales.
• Extensión de las sanciones a empresas asociadas, filiales, accionistas, directivos y proveedores.
• Posibles consecuencias para compañías que proporcionen apoyo logístico u operativo a los proyectos cuestionados.
• Eventualmente, la utilización del juicio en ausencia para determinadas imputaciones de especial gravedad.

El texto definitivo será determinante para conocer el alcance exacto de cada medida. Además, al tratarse de un proyecto legislativo, su contenido podría modificarse durante el trámite parlamentario.

Un “mecanismo de salida” para las empresas

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la previsión de un “mecanismo de salida”.

Según la información difundida sobre la iniciativa, las compañías que decidan abandonar los negocios petroleros o pesqueros autorizados por las autoridades de las islas podrían beneficiarse del levantamiento de las sanciones.

El mecanismo introduce así un incentivo para que las empresas se retiren de las operaciones que Buenos Aires considera ilegales.

La estrategia no consiste únicamente en castigar: busca modificar el cálculo económico de las compañías que participan o podrían participar en proyectos de explotación de recursos en las islas.

Sea Lion, el foco de la disputa

El proyecto Sea Lion se ha convertido en el punto más sensible de esta nueva fase del conflicto.

Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration pretenden avanzar con la explotación de un yacimiento offshore situado al norte de las Malvinas. El proyecto prevé avanzar hacia la producción de petróleo, lo que ha convertido los recursos energéticos en un nuevo elemento estratégico de la disputa.

Milei sostiene que permitir la extracción de crudo en aguas cuya soberanía reclama Argentina supone la apropiación de recursos naturales nacionales sin autorización del Estado.

Para Reino Unido y las autoridades de las islas, la perspectiva es completamente distinta: las actividades se realizan bajo licencias otorgadas por las autoridades que administran el archipiélago.

La diferencia jurídica y política es fundamental. Las mismas operaciones que Argentina considera ilegales son consideradas legítimas por las autoridades británicas de las islas.

La pesca también queda bajo presión

El proyecto de ley no se limitaría al petróleo.

El Gobierno pretende ampliar el régimen sancionatorio a actividades pesqueras desarrolladas sin autorización argentina en áreas que Buenos Aires considera parte de su plataforma continental o de su Zona Económica Exclusiva.

Las sanciones podrían incluir multas, inhabilitaciones, decomiso de buques o capturas y restricciones para contratar con el Estado.

Este capítulo puede tener repercusiones internacionales adicionales porque existen empresas extranjeras que participan en la actividad pesquera alrededor de las islas con licencias otorgadas por las autoridades locales.

Según la información difundida en Argentina, el endurecimiento podría generar además fricciones con España, debido a la participación de compañías españolas en ese sector.

El control de los barcos del Atlántico Sur

La estrategia argentina se extiende también a los buques.

El Gobierno analiza reforzar la vigilancia sobre las embarcaciones que naveguen dentro de las 200 millas argentinas, especialmente cuando hayan prestado servicios a compañías relacionadas con actividades petroleras o pesqueras en las Malvinas.

La Cancillería estudia incluso si determinados barcos podrían ser considerados “hostiles” en función de su colaboración previa con esas operaciones.

La cuestión será jurídicamente delicada. Cualquier actuación sobre embarcaciones extranjeras deberá respetar las obligaciones internacionales asumidas por Argentina, incluida la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El Gobierno también quiere mejorar la capacidad de vigilancia de la Armada y la Prefectura Naval mediante tecnología de seguimiento y observación.

Un componente tecnológico y militar

El refuerzo de la vigilancia marítima forma parte de una estrategia más amplia.

El Gobierno ha reasignado alrededor de 120.000 millones de pesos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) mediante decretos de necesidad y urgencia, con el objetivo de aumentar las capacidades de observación y seguimiento del Atlántico Sur.

La intención es disponer de información más precisa y en tiempo real sobre los movimientos de buques en la región.

A esto se suma el proyecto de construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, que el Gobierno presenta como un elemento clave para aumentar la capacidad logística y operativa argentina en el Atlántico Sur y reforzar su proyección hacia la Antártida.

Un Consejo de Seguridad Nacional y la base naval de Ushuaia

El proyecto de ley también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, que coordinaría la política estratégica del Estado.

Participarían, según la información difundida, los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Seguridad, además de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Entre sus objetivos estaría la defensa de los intereses estratégicos argentinos en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, junto con la protección de infraestructuras consideradas críticas.

La inclusión de Malvinas dentro de una estructura permanente de seguridad nacional marca una evolución respecto de una política centrada principalmente en el reclamo diplomático.

La estrategia ha empezado también a traducirse en infraestructura.

Milei ha ordenado avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que contempla un muelle de unos 500 metros, instalaciones logísticas y una pista preparada para operaciones vinculadas con la Antártida y la vigilancia del Atlántico Sur.

La inversión total estimada se sitúa entre 400 y 500 millones de dólares. El Gobierno ya ha reasignado fondos para avanzar con el proyecto.

La base no cambia la situación territorial de las Malvinas, pero sí aumenta la capacidad argentina de operar y vigilar una región que Buenos Aires considera estratégica.

¿Puede escalar el conflicto con Reino Unido?

La nueva estrategia eleva el riesgo de tensión diplomática, aunque no implica por sí misma una escalada militar.

El elemento novedoso es la combinación de instrumentos. Argentina no solo reafirma su reclamación de soberanía, sino que intenta convertirla en consecuencias concretas para las empresas que operen en las islas: sanciones, inhabilitaciones, restricciones comerciales, investigaciones penales y potenciales procesos judiciales.

La imputación de directivos y accionistas introduce además un elemento especialmente sensible. El conflicto deja de afectar únicamente a personas jurídicas y puede alcanzar personalmente a responsables empresariales.

Si la Justicia argentina avanza en la investigación, podría solicitar información a otros países y activar mecanismos de cooperación penal internacional. Esto abre la posibilidad de que una disputa bilateral termine teniendo ramificaciones jurídicas y empresariales en terceros países.

La tensión no necesariamente se manifestaría en forma de un enfrentamiento entre Argentina y Reino Unido. Puede producirse mediante una sucesión de conflictos más pequeños: empresas que recurran sanciones, proveedores que sean investigados, bancos que aparezcan en expedientes, países que reciban pedidos de cooperación judicial o compañías que deban elegir entre mantener sus negocios en las islas o preservar su acceso al mercado argentino.

Ese es precisamente uno de los efectos potenciales del proyecto de Milei: elevar el coste de hacer negocios vinculados con las actividades que Argentina considera ilegales.

La cuestión será hasta dónde está dispuesto el Gobierno a llevar esa política y cómo responderán Londres, las autoridades de las islas y las compañías involucradas.

Una escalada diferente a la de 1982

Las medidas anunciadas no suponen una modificación del control territorial de las islas ni constituyen por sí mismas una amenaza de acción militar contra Reino Unido.

La nueva etapa es diferente.

Argentina está construyendo un entramado que combina sanciones económicas, investigaciones penales, vigilancia marítima, tecnología espacial, infraestructura militar y coordinación de seguridad nacional.

El petróleo añade un incentivo económico que puede hacer que la disputa sea más difícil de contener. Si Sea Lion avanza hacia la producción, el conflicto no girará únicamente alrededor de quién tiene derecho a las islas, sino también sobre quién puede explotar los recursos que se encuentran en sus aguas.

El Congreso y los tribunales, las próximas pruebas

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional deberá ser debatido por el Congreso argentino y podría sufrir modificaciones antes de convertirse en ley.

En paralelo, la investigación penal impulsada por Stornelli queda ahora en manos del juez Ercolini. La Justicia deberá determinar si existen delitos, quiénes serían eventualmente responsables y qué relación existe entre las distintas empresas, directivos, accionistas y proveedores.

Por ahora, la ofensiva de Milei ha abierto dos frentes simultáneos: uno legislativo, destinado a endurecer las sanciones, y otro judicial, destinado a investigar penalmente las operaciones petroleras.

El resultado puede marcar una nueva etapa en la disputa por las Malvinas. Durante décadas, el conflicto se desarrolló principalmente mediante la diplomacia y el reclamo internacional. Ahora Buenos Aires intenta añadir una nueva herramienta: hacer que la disputa por la soberanía tenga consecuencias económicas y penales concretas para quienes participen en la explotación de recursos en las islas.

Con Reuters, EFE y medios locales