Economicas
Se propaga amenaza de cierre de empresas (OPINION)
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Por: Alejandro Santos
Recientemente se han conocido casos de cierre de pequeños establecimientos en el país. Algunos se dan a conocer públicamente, mientras otros quedan en el anonimato, con las deudas y las frustraciones de quienes dedicaron años a levantarlos.
En la dinámica económica habitual puede considerarse normal que cierren y abran empresas. Se sabe que a ciertos negocios no les va bien por múltiples factores financieros, administrativos, de mercado o de rentabilidad.
Pero en nuestro país inciden otras razones que pueden llevar a una empresa a desaparecer, aun cuando su propietario haga los esfuerzos necesarios para mantenerla funcionando.
Los altos costos y las deficiencias del servicio eléctrico, el peso de los intereses, las dificultades para cumplir con los requerimientos tributarios y las limitaciones del consumo forman parte de una realidad que merece mayor atención.
El pequeño empresario tiene que pagar la electricidad y, además, buscar cómo resolver cuando esta falta. Entre inversores, baterías, plantas y combustible, termina destinando recursos a suplir un servicio por el cual ya está pagando. Todo eso sale de las mismas ventas con las que debe cubrir el alquiler, la nómina y la reposición de mercancías.
Con el financiamiento ocurre algo parecido. Se toma un préstamo para impulsar el negocio y, cuando las ventas no responden como se esperaba, los intereses comienzan a consumir las ganancias. Las cuotas siguen llegando, aunque haya días en que apenas se venda para cubrir los gastos.
En esas condiciones, un negocio puede continuar abierto mientras su propietario se endeuda y pierde parte del capital que había logrado acumular. Cuando finalmente decide cerrar, las dificultades pueden haber alcanzado también la economía de su familia.
También está la presión de la DGII. Hay requerimientos que resultan complicados para pequeños establecimientos cuyos propietarios tienen que ocuparse de comprar, vender, cobrar y administrar. A esas tareas se agregan trámites que requieren conocimientos y una asistencia contable que representa otro gasto.
Desde luego, las empresas deben pagar sus impuestos. Pero las autoridades tienen que procurar que el cumplimiento sea comprensible y posible para quienes cuentan con pocos recursos. La orientación y la simplificación deberían sentirse en la relación cotidiana del pequeño contribuyente con la institución.
En cuanto al apoyo del Gobierno, habría que revisar hasta dónde están llegando sus programas y en qué medida ayudan a sostener los negocios. Para quien está cerca de cerrar, el tiempo que tarda una asistencia o un financiamiento puede determinar si logra continuar.
Del otro lado está el consumidor. Cuando una familia tiene que dedicar una mayor parte de sus ingresos a comida, transporte, vivienda y servicios, le queda menos para otras compras. Esa estrechez llega al comercio, donde las ventas pueden disminuir mientras los compromisos permanecen.
A todo esto se suma la expansión de grandes almacenes de capital chino, frente a los cuales pequeños comerciantes dominicanos denuncian dificultades para competir. Comprar directamente a los fabricantes y manejar grandes volúmenes puede representar una ventaja considerable frente a quien se abastece mediante intermediarios.
En la avenida Duarte se observa una parte de esa transformación. Un recorrido de Diario Libre, publicado el 26 de agosto de 2026, identificó 49 comercios chinos frente a 25 dominicanos en el tramo comprendido entre las avenidas México y 27 de Febrero. Donde funcionaba Plaza París opera ahora Mudan, y el edificio que albergó Calzados Los Muchachos está ocupado por Casa Isla. Son cambios que muestran cómo se ha modificado una zona de larga tradición comercial.
Habría que conocer qué ocurrió con los negocios que salieron de esos espacios, cuáles se trasladaron y cuáles desaparecieron. Esa información permitiría comprender mejor las consecuencias de una transformación que los comerciantes tradicionales están viviendo directamente.
Las denuncias sobre las condiciones en que operan algunos establecimientos han provocado respuestas de las autoridades. El 14 de septiembre de 2026, el presidente Luis Abinader informó que la DGII tenía en curso más de 40 auditorías a empresas de capital chino y aseguró que todas deberán cumplir las leyes, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios.
El gobierno de Abinader tiene que dar demostraciones más efectivas, porque claramente este fenómeno de cierre de empresas por lado y el crecimiento exorbitante de las empresas China, se ha ido dado a la vista de todos, pero sin la debida atención del gobierno, que parece el último en saberlo.
Ese mismo día, Aduanas comunicó que durante el primer semestre del año recuperó RD$1,652 millones en impuestos no declarados correspondientes a 389 importadores asiáticos. También informó que amplió las verificaciones en establecimientos de Santo Domingo y Santiago, para comparar sus registros con las declaraciones aduaneras.
Corresponde dar seguimiento a esas actuaciones y conocer sus resultados. Las denuncias de evasión, subvaluación de mercancías y otras irregularidades deben investigarse, y las infracciones comprobadas deben recibir las sanciones correspondientes. Todo comerciante necesita tener la certeza de que las reglas se aplican con el mismo rigor.
Pero la situación del pequeño comercio requiere también atender los costos y las dificultades que hemos señalado. La fiscalización, por necesaria que sea, tiene que acompañarse de condiciones que permitan a los negocios cumplidores sostenerse y competir.
Por supuesto, corresponde a nuestros empresarios revisar cómo administran, mejorar sus compras y adaptarse a los cambios del mercado. Ese esfuerzo debe contar con servicios confiables, posibilidades de financiamiento y una relación con el Estado que facilite el trabajo.
Cuando una pequeña empresa cierra, quedan trabajadores sin empleo, suplidores con cuentas pendientes y familias que pierden su sustento. En ocasiones, el propietario termina respondiendo con bienes que le costaron muchos años de trabajo.
Por eso conviene conocer cuántos negocios están cerrando y cuáles son las causas. Las denuncias de los comerciantes requieren una evaluación seria y respuestas concretas, antes de que las dificultades terminen haciendo desaparecer empresas que todavía podrían recuperarse.
El Gobierno debe prestar atención a quienes todavía mantienen sus puertas abiertas, pero ya no saben por cuánto tiempo podrán hacerlo.
jpm-am
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