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Laura Fernández asume en Costa Rica con promesas de «reforma profunda» del Estado y «mano dura»
Con una imagen de «continuidad» pero proyectándose como la líder de un ambicioso proyecto de «cambio», la derechista Laura Fernández inauguró su mandato como presidenta de Costa Rica.
La politóloga de 39 años –jefa de Estado número 50 del país centroamericano y la segunda mujer en ostentar el cargo– fue investida en el Estadio Nacional de San José, en una ceremonia que, por primera vez, estuvo protagonizada por dos mujeres: fue juramentada por la presidenta de la Asamblea Legislativa, la oficialista Yara Jiménez.
Fernández, una ferviente católica que se describe como liberal en lo económico y conservadora en lo social, juró sobre una Biblia que le regaló su padre cuando ella tenía cuatro años y ante la Constitución Política del país, un documento que buscará reformar. Además, presentó como su primera decisión «encomendar este nuevo Gobierno a Dios».
En su discurso de investidura, destacó el traspaso como «una muestra de la madurez cívica de un país que ha hecho de la democracia su mayor fortaleza» y se presentó «sin titubeos» como «la heredera del cambio» que, según ella, inició hace cuatro años con su antecesor y padrino político, Rodrigo Chaves.
«Soy heredera de una forma de hacer política distinta (…), la que deja de hablar y empieza a resolver; la que mide resultados», aseveró.
Esa continuidad se materializó en la designación de su gabinete. Fernández, exministra de Planificación Nacional y Política Económica (2022-2025) y de la Presidencia (2024-2025) de Chaves, nombró al ahora exmandatario a cargo de dos carteras: la de Finanzas y la misma de Presidencia, que tiene como una de sus principales funciones la de mediar entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La decisión de mantener a Chaves no tiene precedentes en la política costarricense y le dará al jefe de Estado saliente una influencia considerable en el nuevo gobierno.
También le garantiza cuatro años adicionales de inmunidad legal (si mantiene el cargo durante todo el mandato de Fernández), una protección frente a varias investigaciones por presunta corrupción llevadas a cabo por la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Durante su presidencia, el Parlamento intentó dos veces sin éxito despojar de inmunidad a Chaves. Primero, en septiembre de 2025, cuando se le acusó de presionar a funcionarios para favorecer a un exasesor. Y luego, en diciembre, cuando el TSE solicitó investigarlo por presunta «beligerancia política» durante la campaña electoral.
Históricamente considerado uno de los países más pacíficos y seguros de la región –aun cuando naciones vecinas han atravesado violentas dictaduras, guerras civiles e intervenciones militares–, Costa Rica ha registrado un récord de homicidios durante los cuatro años de gobierno de Chaves, atribuido al tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
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Esta se ha erigido como la principal preocupación de los costarricenses, mientras el país puede jactarse de una economía sólida –siendo uno de los pocos países del mundo en los que los precios caen en términos anuales– y una reducción de la pobreza, aunque la creación de empleo sigue siendo uno de los desafíos que deberá enfrentar Fernández.
Una «tercera República» con «reforma profunda» del Estado y «mano dura» contra el crimen
Al trazar su grandilocuente objetivo, Fernández dijo que el país está «a las puertas de construir una tercera república, una nueva Costa Rica que no le tiene miedo al cambio; una tercera república que moderniza sus instituciones sin obstruir lo que funciona, que fortalece la democracia haciéndola más ágil, transparente y efectiva».
Esa «reforma profunda» –que sucedería a la llamada «segunda república», como se conoce en Costa Rica al período iniciado tras la guerra civil de 1948 y la redacción de la Constitución Política de 1949, vigente en la actualidad– implicaría «revisar nuestra institucionalidad», que los poderes «rindan cuentas» al pueblo y reducir las «335 instituciones públicas» con la misión de que las que permanezcan den «servicios de calidad».
Asimismo, sacó a relucir su principal bandera de campaña: la promesa de «mano dura» contra la delincuencia, el endurecimiento de las condiciones del servicio penitenciario y una reforma de la justicia y de las leyes de seguridad actuales.
«Costa Rica no puede normalizar la vergüenza de ver sus instituciones infiltradas por el crimen. No podemos permitir que los narcotraficantes encuentren fisuras en nuestro sistema. La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar sin temor», afirmó.
En ese sentido, la mandataria anticipó: «Muy pronto inauguraré una megacárcel» para 5.000 presos, inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, cuestionado por organizaciones de Derechos Humanos que han denunciado condenas injustas en juicios masivos y maltratos y torturas a los reclusos.
Fernández también indicó que Costa Rica contará en breve con «uno de los centros de vigilancia policial más modernos del mundo”.
«A las madres que han perdido a sus hijos les digo que su dolor no me es ajeno. Aplicaré una respuesta de mano dura, que es lo que ustedes esperan y merecen de mí como su presidente. No me temblará el pulso para enfrentar al crimen organizado«, insistió.
Aunque garantizó que respetará los Derechos Humanos y la división de poderes, Fernández no ahorró críticas para los jueces que «siguen soltando a los delincuentes peligrosos», las leyes que «los protegen con la cultura del ‘pobrecito'» y los congresistas que, según ella, obstruyeron algunos proyectos de reforma durante el gobierno de Chaves.
De ahí que, además del decreto que formalizó los nombramientos de su gabinete, la líder derechista firmara otras dos órdenes ejecutivas.
Una de ellas establece un nuevo reglamento para el cálculo de las penas de cárcel y los beneficios penitenciarios, con el que «los jueces no tendrán espacio para interpretar en menos días el año de condena para los que nos quitan la paz y nos roban la seguridad».
El decreto restante convoca a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa para abordar «todos los proyectos de ley que por mezquindad política no fueron aprobados en los últimos 4 años».
Estas propuestas incluyen avalar las jornadas laborales de 4 días de 12 horas; la construcción de una Ciudad Gobierno para aglutinar edificios gubernamentales y de una marina y terminal de cruceros en Limón, en el Caribe costarricense; proyectos de carreteras estratégicas y un tren eléctrico de pasajeros; y resolver la minería a cielo abierto en Crucitas, cuya explotación ilegal ha causado un grave impacto ambiental en el norte del país.
Los invitados, señal del alineamiento con EE. UU. y la derecha latinoamericana
Aunque la juramentación de Fernández se dio en un estadio cuya construcción en 2007 fue un regalo de China, su gobierno promete continuar la línea iniciada por Chaves de distanciarse de Beijing y posicionarse en el eje de la ascendente derecha latinoamericana, alineada con Estados Unidos.
Prueba de ello es otra de las medidas atípicas adoptadas por la nueva mandataria, quien nombró a su segundo vicepresidente, Douglas Soto, como embajador en Washington. Se trata de una decisión estratégica para fortalecer los lazos con la Administración de Donald Trump mediante un vínculo diplomático directo e influyente.
En representación de la Casa Blanca durante la investidura de Fernández estuvieron el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y Kristi Noem, quien recientemente fue designada enviada especial del llamado Escudo de las Américas, una coalición de países con gobiernos de derecha y ultraderecha que propone una cooperación militar para combatir el crimen organizado regional.
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La nómina de asistentes a la investidura de Fernández ratificó su cercanía con la línea conservadora internacional. Entre los presentes estuvieron los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile) y Luis Abinader (República Dominicana), además del israelí Isaac Herzog, quien mantuvo encuentros en los márgenes con varios de estos líderes latinoamericanos.
Faltaron tres referentes de ese grupo ideológico: Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Javier Milei (Argentina) , cuyos gobiernos fueron representados por los vicepresidentes Félix Ulloa (El Salvador) y María José Pinto (Ecuador) y por el canciller argentino, Pablo Quirno.
Otros países latinoamericanos, cuyos Ejecutivos están más alejados ideológicamente, enviaron cancilleres o vicecancilleres. Fue el caso de Nicaragua, Uruguay, Perú, Colombia y México, mientras que por Brasil viajó la ministra de la Mujer, Marcia López.
En tanto, también participaron el rey de España, Felipe VI; los presidentes de Aruba, Michiel Eman, y de Curazao, Gilmar Pisas; y los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Adel bin Ahmad al-Jubeir, y de India, Shri Pabitra Margherita, entre otros delegados de un total de 72 países, la Unión Europea y 18 organismos internacionales.
Con EFE, AP, Reuters y medios locales
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