¿En qué consiste el nuevo reglamento europeo que habilita la expulsión de migrantes a terceros países?

La votación celebrada el 17 de junio en el Parlamento Europeo exhibe una imagen del clima de época en Europa: con 418 votos a favor, en su gran mayoría de la derecha y la ultraderecha, 218 en contra y 30 abstenciones, los eurodiputados aprobaron el llamado Reglamento de Retornos.

Este texto legal permitirá, entre otros puntos, la detención por hasta 30 meses de migrantes rechazados y la instalación de centros de deportación en terceros países.

Los ánimos caldeados y las posturas contrapuestas se reflejaron en las reacciones posteriores a la votación: mientras los grupos políticos de derecha celebraron con aplausos, vítores y el grito de ‘Send them back’ («envíenlos de vuelta», en inglés), los legisladores críticos de la medida corearon ‘Shame on you’ («Dan vergüenza», en inglés).

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¿Qué son los «centros de retorno» que la UE podría crear en terceros países?

De acuerdo con el nuevo reglamento, países de la Unión Europea podrían trasladar a personas migrantes en situación irregular a los denominados «centros de retorno», situados en países que acepten acogerlos, según acuerdos negociados por los Estados miembros.

A excepción de los menores no acompañados, todos aquellos que hayan recibido una orden de regreso a sus países de origen y no la hayan cumplido por su cuenta serán susceptibles de ser trasladados a estos centros, incluso si no tienen ningún arraigo con esos territorios.

Es una medida para la que los gobiernos de la UE han venido preparando el terreno y, un día antes de la votación en el Europarlamento, acordaron que su construcción podría ser financiada con fondos comunitarios, según lo fijado en el nuevo programa presupuestario de acción exterior del bloque para 2028-2034.

Dinamarca, gobernada por la socialdemócrata Mette Frederikssen, ha sido pionera en la propuesta y, junto a Alemania, Austria, Países Bajos y Grecia, participa de una negociación conjunta con terceros países, cuyos nombres no han trascendido.

Sin embargo, los indicios apuntan a naciones situadas en Asia o África, muy lejos del territorio europeo, sin tener en cuenta el arraigo de los posibles deportados ni el tiempo que podrían pasar detenidos.

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¿Cuánto tiempo pueden pasar detenidos los migrantes en situación irregular?

De acuerdo al texto, las personas que no estén en situación migratoria regular y hayan recibido una orden de retorno estarán obligadas a cooperar con las autoridades.

Si no lo hacen, si existe riesgo de fuga o si estos migrantes suponen «un riesgo para la seguridad», el reglamento contempla la detención, mediante órdenes judiciales o administrativas, que pueden extenderse hasta 24 meses, con la posibilidad de una prórroga de otros seis.

Además, si alguno de estos ciudadanos se traslada a otros Estado miembro de la UE, el período de detención se aplicaría de nuevo.

Asimismo, el texto contempla «acciones de investigación específicas para preparar o garantizar un retorno efectivo». Entre esas medidas se incluyen los registros de personas, viviendas o locales bajo autorización judicial, y la incautación de efectos personales y dispositivos electrónicos.

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¿Cuáles son las dudas y preocupaciones que se plantean ante el nuevo reglamento?

Con estas medidas y otras que se incluyen en el reglamento, la Unión Europea busca agilizar la deportación de migrantes y solicitantes de asilo que no se encuentran en situación regular.

El texto contempla la obligación de que esas personas abandonen inmediatamente o en un plazo determinado el territorio comunitario, aunque aclara que se debe respetar «plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional», entre los que se incluyen la prohibición de las expulsiones colectivas y el principio de no devolución.

Este último punto, clave en el derecho internacional, señala que ninguna persona puede ser expulsada o retornada a un país donde su vida, libertad o integridad física corran peligro.

Sin embargo, la propia Comisión Europea emitió el mes pasado una invitación a funcionarios del régimen talibán de Afganistán para debatir el 22 y 23 de junio en Bruselas las deportaciones de migrantes afganos, pese a las advertencias de organizaciones de derechos humanos de que eso podría poner en peligro a esas personas y violar valores fundamentales de la Unión Europea.

De manera más amplia, los críticos del reglamento han advertido de implicancias legales y éticas sobre las medidas. Iskra Kirova, de Human Rights Watch (HRW), señaló que los denominados ‘centros de retorno’ «podrían funcionar, en la práctica, como centros de detención extraterritoriales y que, según se informa, se han negociado con países que violan los derechos humanos, como Ruanda o Uzbekistán«.

Por su parte, Silvia Carta, responsable de la plataforma de defensa de los derechos de los migrantes PICUM, alertó del «drama humano» que causará esta legislación «al desgarrar familias enteras y encerrar a niños para enviarlos a países desconocidos», una situación que hará que en Europa se vuelvan «cotidianas las peores escenas represivas de Estados Unidos«.

El Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), que votó en contra del texto, denunció que este socava derechos fundamentales, debilita salvaguardas legales y reduce drásticamente los incentivos para los retornos voluntarios.

Por su lado, el Grupo de los Verdes, que también manifestó su rechazo, aseveró que la ley «draconiana» abrirá la puerta a deportaciones arbitrarias y a «campos potencialmente mortales en alta mar», por lo que anunciaron que impugnarán la ley ante los tribunales europeos, considerando que viola la Carta de Derechos Fundamentales del bloque comunitario.

¿Qué dicen los defensores de la medida?

En una carta enviada el martes de los Estados miembros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió el Reglamento de Retorno porque, a su parecer, «proporcionará las herramientas necesarias para que las devoluciones sean más eficientes, con procedimientos más rápidos y eficaces».

En la misma línea, el eurodiputado neerlandés Malik Amazani, del bloque liberal Renew y responsable de la tramitación parlamentaria del texto, destacó que «Europa ha cumplido» porque «los ciudadanos esperan, con razón, que quienes no tienen derecho a quedarse regresen a sus países de origen».

«Por eso mi prioridad es clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y después de casi veinte años de bloqueo, Europa va a contar con ellas», subrayó.

Más efusivos se mostraron los sectores de la extrema derecha, que no dudaron en atribuirse el mérito por la inclusión de cláusulas más duras que no estaban en el texto original presentado por la Comisión, como la posibilidad de que familias con menores también puedan ser deportadas a los «centros de retorno».

Para el eurodiputado del partido ultraderechista español Vox, Jorge Buxadé, el Reglamento «garantiza la cooperación con terceros países, la lucha contra esa inmigración ilegal, el establecimiento de un procedimiento común de retorno a toda Europa y una cuestión fundamental para luchar contra el fraude de las mafias y de la inmigración ilegal».

¿Qué falta para la entrada en vigor del acuerdo?

Para su entrada en vigor, el texto debe ser aprobado formalmente por el Consejo Europeo, aunque el amplio respaldo de los Estados miembro hace suponer que eso no será un inconveniente.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. El pasado 11 de junio, España manifestó su rechazo a la normativa, cuestionando la legalidad y proporcionalidad de algunas medidas. Entre ellas mencionó que las personas en situación irregular podrían permanecer privadas de libertad durante más tiempo que algunos delincuentes condenados por delitos graves.

Una vez que sea ratificado por los países del bloque, el texto será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Algunas de las disposiciones contenidas en el texto, como las relativas a los centros de retorno o la evaluación de la edad de los menores, podrán comenzar a aplicarse inmediatamente después de la ratificación formal del texto.

No obstante, hay otras medidas que requieren pasos preparatorios previos, por lo que su puesta en marcha se dará en el plazo de un año.

Con EFE, Reuters y medios