Internacionales
Ecuador despliega 13.000 militares en sus provincias más violentas para combatir al crimen organizado
Un total de 13.000 militares empezaron a desplegarse este jueves 18 de junio en cuatro de las provincias más violentas de Ecuadorpara reforzar las operaciones contra el crimen organizado, después de que el presidente Daniel Noboa decretara el 17 de junio un nuevo estado de excepción en casi la mitad del país.
Los soldados saldrán de territorios con menor índice de criminalidad para instalarse en las provincias costeras de Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí y El Oro, fronteriza con Perú; y en la tropical Los Ríos, que registran altos niveles de violencia y son clave en las rutas que utilizan los grupos criminales para enviar droga hacia Europa y Norteamérica.
Los militares se trasladarán a los sectores más conflictivos de estas provincias para intensificar los patrullajes terrestres y marítimos, fortalecer los controles de armas, municiones y explosivos, y apoyar las operaciones contra los grupos armados.
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«El objetivo es disminuir principalmente las muertes violentas y tener el control de las ciudades que están catalogadas como más violentas», señaló el general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), durante la llegada de unos 210 soldados a la base aérea de Guayaquil.
«El objetivo es dar esa percepción de seguridad a nuestra población», añadió.
De esos 13.000 se quedarán en Guayas aproximadamente 6.000, quienes se sumarán a los soldados que ya están asignados de forma permanente en esta provincia, que hasta mayo concentraba 1.521 asesinatos de los 3.485 registrados a nivel nacional.
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La movilización coincide con el anuncio que hizo este jueves el presidente Noboa sobre el inicio de una etapa de «guerra total» contra las bandas criminales, con la ratificación del «conflicto armado interno» que declaró en 2024, lo que esta vez permite el despliegue de militares extranjeros en el país con inmunidad para participar en las operaciones contra estas organizaciones.
«Militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad», señaló Noboa en un video difundido por la Presidencia, en el que aseguró que «desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo».
El mandatario sostuvo que la medida es fruto de meses de trabajo, «especialmente con la última reunión en el Pentágono«.
Por medio del Decreto Ejecutivo 424, el presidente también señaló que «concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado, de conformidad con la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico vigente».
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El mismo decreto pide además a la Asamblea Nacional conceder amnistías en favor del personal militar, policial y de los civiles que hayan actuado en defensa del Estado. Ambas figuras se diferencian en quién las otorga y en su alcance: el indulto lo concede el propio presidente, mientras que la amnistía corresponde al Parlamento y puede llegar a borrar por completo la responsabilidad penal de los beneficiados.
Sin embargo, Bedoya indicó que por el momento no saben si llegarán militares extranjeros al país y que continuarán recibiendo asesoramiento y apoyo tecnológico de países aliados como Estados Unidos, que, dijo, ha colaborado en los últimos meses con las operaciones que se realizan en el territorio nacional.
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Hasta ahora, Ecuador recibe ese respaldo en materia de seguridad, sobre todo inteligencia estadounidense, pero sin tropas extranjeras sobre el terreno. El Gobierno tampoco ha aclarado, por ahora, de qué países provendrían esos efectivos.
Desde inicios de 2024, Noboa ha declarado sucesivos estados de excepción y movilizado a miles de policías y militares a los sectores más violentos, lo que no impidió que en 2025 se registrara un récord de 9.281 asesinatos, cifra que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.
Con EFE y medios locales
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