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¿Qué implica el fallo judicial en EE. UU. a favor de las deportaciones aceleradas de Trump?
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos anuló el martes 23 de junio, por dos votos a uno, la decisión de un tribunal inferior que bloqueaba temporalmente la ampliación del uso del procedimiento de expulsión acelerada por parte del presidente Donald Trump.
El dictamen simboliza una importante victoria para el movimiento MAGA, que considera esta vía como una herramienta clave para ejecutar su política de expulsiones masivas de personas.
ABC del fallo sobre deportaciones aceleradas
La expulsión acelerada es una deportación que no brinda la posibilidad de comparecer ante un juez, que se ha aplicado durante casi tres décadas a los inmigrantes que llegan por mar o que son capturados en la frontera o cerca de ella poco después de cruzarla.
No obstante, Trump extendió su uso, a partir de enero de 2025, para expulsar a los inmigrantes sin permiso de residencia en todo el territorio nacional que no pudieran demostrar que habían estado en el país durante al menos dos años.
Los agentes de inmigración comenzaron a sacar a los extranjeros de los juzgados a los que acudían para gestionar sus trámites migratorios. En cuestión de días, eran retirados del país.
«Este fallo socava el principio fundamental de que las personas reciban el debido proceso cuando el gobierno intenta deportarlas»
Entonces, el grupo defensor de derechos de los inmigrantes Make the Road New York presentó una demanda al considerar que esa disposición violaba el debido proceso de los inmigrantes. El litigio derivó en el bloqueo de estas políticas por parte de la jueza de distrito Jia Cobb, en agosto de 2025.
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Diez meses después, la decisión de Cobb ha sido anulada por el fallo del Tribunal de Apelaciones, redactado por Justin Walker, un juez nombrado por Trump, quien defendió que el Ejecutivo tenía permitido ampliar «las deportaciones aceleradas hasta el máximo alcance permitido por el Congreso«.
Anand Balakrishnan, abogado de Make the Road New York, declaró que «están estudiando los próximos pasos» para continuar su impugnación de la política migratoria trumpista. «Este fallo socava el principio fundamental de que las personas reciban el debido proceso cuando el Gobierno intenta deportarlas», insistió el portavoz.
Los abogados del Departamento de Justicia afirmaron en un escrito presentado ante el tribunal el pasado octubre que el fallo de Cobb fue un «error garrafal» que privaba a la Administración de una «herramienta esencial para combatir el aumento sin precedentes de la inmigración ilegal en los últimos años» y deportar de manera eficiente a millones de personas.
La Casa Blanca defiende que la ampliación de su programa de deportación acelerada incluye medidas para prevenir las expulsiones arbitrarias.
¿Cuál es el argumento de los jueces?
El juez Justin Walker, uno de los magistrados del tribunal federal de apelaciones, argumentó que los demandantes contra la política de las expulsiones aceleradas de Trump no demostraron que el uso ampliado de este tipo de deportación violara el derecho al debido proceso.
A su juicio, las condiciones actuales «no demuestran que las directivas impugnadas priven a los extranjeros de una oportunidad significativa de ser escuchados», ya que el hecho de que recibieran una notificación de los procedimientos de deportación, les brindaba la oportunidad de responder y aportar pruebas de haber permanecido de forma continua en Estados Unidos durante dos años, según se lee en su dictamen.
Aun más, Walker determinó que no existe ningún requisito que obligue a la Administración a informar a los inmigrantes que pueden evitar la expulsión acelerada si demuestran que han estado en Estados Unidos durante más de dos años.
«El requisito constitucional es la notificación de la medida que está tomando el Gobierno y los motivos de la misma, además de la oportunidad de responder», escribió, y agregó que el «razonamiento contrario» de los demandantes «obligaría a los funcionarios de inmigración a proporcionar lo que equivale a asesoramiento legal».
Su opinión fue respaldada en gran medida por la jueza del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, Neomi Rao, también nombrada por Trump.
El tercer juez del panel, Robert Wilkins, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, se mostró en desacuerdo con sus otros dos compañeros, al oponerse a que se sometiera a los migrantes al proceso de deportación acelerada sin siquiera preguntarles cuánto tiempo llevaban viviendo en Estados Unidos. Wilkins juzgó ese procedimiento como «lamentablemente inadecuado para las personas que se encuentran en el interior del país».
Sin embargo, el voto mayoritario terminó por anular la orden de la jueza federal Jia Cobb que suspendía el uso ampliado del procedimiento de expulsión acelerada al considerar en agosto que la administración no había desarrollado procedimientos para garantizar que los migrantes no fueran deportados indebidamente mediante este procedimiento.
Cobb, nombrada por el presidente Joe Biden, sostuvo entonces que los demandantes presentaron pruebas sustanciales de que el proceso de expulsión acelerada, por el contrario, conllevaba un alto riesgo de error por su carácter generalizado.
La jueza citó ejemplos de personas que habían vivido en Estados Unidos durante mucho más de dos años, pero aun así fueron deportadas mediante un procedimiento acelerado.
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Aunque Walker reconoció la existencia de esos casos, los atribuyó a «la negligencia de los agentes al no seguir la ley, y no a defectos en las directivas escritas que se estaban revisando o en los procedimientos que estas incorporaban».
«La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia ‘directriz de política escrita’ es ilegal…», escribió Walker en el dictamen del martes.
Un juez prohíbe los arrestos del ICE en tribunales de inmigración
No todo fue celebración este martes para los estrategas en migración de la Casa Blanca. Poco después del espaldarazo a las expulsiones rápidas, el juez federal de California P. Casey Pitts anuló las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) a escala nacional que permitían el arresto de extranjeros en los juzgados de inmigración y su reclusión en celdas de detención temporal por hasta 72 horas.
El juez Pitts consideró «arbitrarias y caprichosas» estas tácticas de la Administración Trump, así que restableció de facto las políticas de la era de Joe Biden que limitaban los arrestos en los tribunales de inmigración a circunstancias específicas como amenazas a la seguridad nacional, peligro inminente y persecución de personas que representaran un riesgo para la seguridad pública.
Además, restableció el límite de 12 horas para las detenciones en centros temporales, argumentando que la administración Trump no pudo explicar por qué revocó las políticas anteriores, tal como lo exige la Ley de Procedimiento Administrativo.
«Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que piensen antes de actuar», escribió el juez en su fallo, y agregó que la normativa exige que «una agencia al menos proporcione razones sólidas para seguir el curso de acción elegido».
Como parte de su campaña de deportaciones masivas, el Gobierno Trump tumbó en 2025 las restricciones de arrestos migratorios en los llamados ‘lugares sensibles’, como hospitales, centros religiosos, escuelas y cortes de inmigración.
Las imágenes de las familias llorando y resistiéndose a las detenciones de sus allegados en las cortes de inmigración han sido una de las estampas más memorables de la política migratoria de la Administración Trump.
El origen del fallo del juez Pitts fue un caso presentado por un solicitante de asilo que fue arrestado al salir de una audiencia de rutina en un tribunal de inmigración de San Francisco.
El asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, James Percival, calificó el dictamen de 71 páginas como «activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas».
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se unió a las críticas contra Pitts, a quien definió como «otro ejemplo de jueces parciales que obstaculizan la aplicación de las leyes de inmigración».
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Con AP, Reuters y medios locales
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