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Salud

Amnistía Internacional: Presidencia global en salud exige coherencia interna y fin de la discriminación racial

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SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- En respuesta a la presidencia de la República Dominicana de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló: “Al asumir la presidencia del principal foro mundial de salud, el gobierno del presidente Luis Abinader en la República Dominicana tiene la responsabilidad de demostrar que su liderazgo internacional se traduce en garantías reales de acceso a la salud para todas las personas dentro de su territorio, sin discriminación racial.”

Al asumir la presidencia del principal foro mundial de salud, el gobierno del presidente Luis Abinader en la República Dominicana tiene la responsabilidad de demostrar que su liderazgo internacional se traduce en garantías reales de acceso a la salud para todas las personas dentro de su territorio, sin discriminación racial.”

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

“Resulta gravemente contradictorio que el país presida la Asamblea Mundial de la Salud, mientras pone en riesgo la salud de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, perpetuando prácticas que pueden disuadirles de acudir a hospitales por temor a ser deportados a Haití. El gobierno dominicano debe separar de inmediato el acceso a la salud del control migratorio y garantizar que nadie sea objeto de discriminación racial, detención y expulsión luego de recibir atención médica.”

Resulta gravemente contradictorio que el país presida la Asamblea Mundial de la Salud, mientras pone en riesgo la salud de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, perpetuando prácticas que pueden disuadirles de acudir a hospitales por temor a ser deportados a Haití.” – Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

En noviembre de 2025, Amnistía Internacional analizó la aplicación del protocolo migratorio en hospitales públicos del país, concluyendo que carece de justificación en materia de salud pública y, por el contrario, refuerza la discriminación racial contra las personas haitianas y afecta negativamente a toda la población de República Dominicana.

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