Internacionales
Ecuador presiona por los aranceles contra Colombia y pide a la CAN reconsiderar la anulación
Ecuador sigue sin enterrar el hacha de la guerra arancelaria contra Colombia. Una resolución de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ordenó a ambos países deponer las tarifas para el comercio binacional, que llegaron hasta 100%, pero ahora Quito intenta desafiar esa orden.
La CAN determinó el 7 de mayo que los impuestos a las importaciones entre los vecinos constituían una violación a las normas de integración subregional previstas en el Programa de Liberación de Bienes de la Comunidad Andina, un mecanismo que contempla un área de libre comercio entre los países miembros.
Además, consideró que la habilitación de un solo paso fronterizo para el ingreso de productos de Colombia a Ecuador (el puente de Rumichaca) era una “restricción al comercio”.
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Por ello estableció un plazo de diez días para que los aranceles fueran desmontados. El presidente colombiano Gustavo Petro respondió de inmediato que no tendría “ningún problema” en acatar la medida.
Luego reiteró esa posición el día del vencimiento del plazo, el 21 de mayo, cuando recordó en una entrevista con ‘Caracol Radio’ que los gravámenes a la importación habían entrado en vigor como “un principio diplomático de correspondencia”, pero que si Ecuador accedía a la suspensión él haría lo mismo.
Su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, en cambio, respondió inicialmente a través de su Cancillería, señalando que la resolución estaba «siendo analizada”. Llegada la fecha límite, su ministra de Gobierno, Nataly Morillo, afirmó que solo cuando Petro «ponga de su parte para cuidar las fronteras, nos sentaremos a dialogar».
Luego, este 22 de mayo, el Ministerio de Exteriores decidió presentar un recurso de reconsideración, pidiendo suspender los efectos de la medida, con el argumento de que «adolecen de vicios”. Y recordó que la Secretaría General de la entidad tiene 30 días para responder a este recurso, prorrogables a otros 15.
No está claro qué tipo de documentos presentó Ecuador para sustentar su solicitud de reconsideración, pero lo cierto es que se ha asegurado de que la guerra arancelaria se mantenga en plena vigencia, mientras la CAN resuelve la apelación.
Un mercado de cabeza
El intercambio comercial de unos 3.000 millones de dólares ha quedado severamente afectado desde que se inició la disputa arancelaria entre los dos países, poniendo en riesgo miles de empleos e ingresos millonarios, según las cámaras de ambos países.
Según cifras del Banco Central de Ecuador, este país invierte unos 1.900 millones de dólares anuales en productos colombianos, lo que hace de Colombia su principal socio comercial, mientras que del otro lado se transan cada año entre 850 y 890 millones de dólares en importación desde Ecuador.
Cadenas logísticas, industrias completas y la economía de poblaciones fronterizas como Carchi y Nariño dependen de ese intercambio.
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Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana, advirtió el 17 de mayo en una entrevista con el diario ‘El Comercio’ que 20% de las exportaciones de Ecuador hacia el país vecino correspondía a tecnología desarrollada específicamente para ese mercado, por lo que la sustitución se hacía cuesta arriba.
La Federación Ecuatoriana de Exportadores señaló que las ventas de mercancías no petroleras de su país hacia Colombia habían caído de 87 millones de dólares en enero a 53 millones en marzo.
Por su parte, Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, en la provincia de Carchi, le dijo a ‘El Comercio’ que rubros como el de almacenamiento, transporte, agencia aduanera y los pequeños comerciantes de veían afectados por la reducción del intercambio, y que la restricción del puente de Rumichaca como único paso estaba estimulando el contrabando y los cruces ilegales.
Una disputa con orígenes políticos
Las diferencias se iniciaron en enero, cuando el derechista Noboa impuso la llamada “tasa de seguridad”, un arancel punitivo de 30% que supuestamente respondía a las fallas en la vigilancia fronteriza por parte de Colombia.
Según Quito, ese era el origen de la crisis de violencia criminal que atraviesa Ecuador. Además, la medida servía para resarcirse de una balanza comercial desfavorable.
Desde entonces, con cada nuevo desencuentro, ese arancel se elevó a 50% y luego a 100%, aunque Noboa tiene previsto llevarlo a 75% a partir del 1 de junio.
Colombia respondió elevando también sus tarifas de importación, que en este momento están en 75%, y restringiendo la venta de energía a su vecino.
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Las distancias entre Bogotá y Quito no han hecho sino ensancharse en los últimos meses, con una guerra señalamientos que hace cuesta arriba destrabar el conflicto.
Petro ha acusado a Noboa de afectar territorio colombiano en sus bombardeos contra campamentos y laboratorios clandestinos de drogas, hechos de forma conjunta con Estados Unidos.
También ha dicho que está “dejando morir de hambre al ciudadano colombiano” Jorge Glas (en referencia al exvicepresidente ecuatoriano, al que califica como preso político), pidió investigar si los explosivos empleados en el mortífero atentado que dejó 21 muertos en Cauca venían desde Ecuador y ha asegurado que Noboa intenta afectar la campaña de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
Noboa, por su parte, ha vinculado a Petro con José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la mayor banda criminal de Ecuador, los ‘Choneros’, y asegura que ha su homólogo facilitado el desplazamiento a Ecuador de elementos de las disidencias de las FARC.
Con EFE, AP y medios locales
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