Magistrado de EE. UU. fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro

1 de junio de 2027, la fecha fijada para el inicio de un juicio de alto perfil.

El juez federal Alvin Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, en uno de los procesos penales más relevantes de los últimos años en Estados Unidos.

El anuncio fue hecho luego de que Maduro compareciera este miércoles 22 de julio ante el tribunal federal de Manhattan, vestido con uniforme carcelario beige y escoltado por alguaciles estadounidenses. 

La audiencia estuvo centrada en el calendario procesal y en los próximos pasos de una causa que podría prolongarse durante varios meses, debido a la complejidad de los argumentos legales planteados por ambas partes.

Los dos acusados permanecen detenidos en una prisión de Brooklyn desde el pasado enero y no han solicitado la libertad bajo fianza.

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¿Cuáles son los cargos y a qué posibles condenas se enfrentan?

La Fiscalía federal de Manhattan acusa a Maduro de cuatro delitos graves, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Los fiscales sostienen que el depuesto mandatario venezolano utilizó su posición de poder para facilitar el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense en coordinación con actores vinculados a las fuerzas de seguridad venezolanas y organizaciones del narcotráfico.

Maduro y Flores rechazan las acusaciones. “Soy inocente. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, subrayó Maduro durante una comparecencia previa ante el tribunal.

En caso de ser declarados culpables, ambos podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

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¿Cuál será la estrategia de la defensa?

Los abogados de Maduro adelantaron que presentarán varias mociones para intentar frenar el proceso antes de que llegue a juicio.

Entre los principales argumentos figura la tesis de que Maduro debería gozar de inmunidad judicial por haber ejercido la jefatura del Estado venezolano en el momento en que fue capturado. La defensa también prevé cuestionar la legalidad de la operación militar estadounidense que culminó con su detención y traslado a Nueva York.

El abogado Barry Pollack ha descrito esa acción como un “secuestro militar”, mientras que Maduro se ha definido públicamente como un “prisionero de guerra”.

El juez Hellerstein también programó para el 17 de noviembre una audiencia destinada a analizar las primeras mociones de la defensa. Además, las partes prevén una segunda ronda de recursos una vez que la Fiscalía entregue material clasificado para revisión de los abogados del acusado.

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La controvertida operación militar que acabó con la captura de Maduro

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero durante una operación nocturna realizada por fuerzas estadounidenses en Caracas, en una acción ordenada por el presidente Donald Trump.

La Administración estadounidense ha defendido la intervención como una “operación policial quirúrgica” destinada a ejecutar una acusación penal presentada años atrás. Antes de la incursión, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia concluyó que el mandatario podía autorizar la operación por considerar que respondía a un interés nacional relevante y no requería autorización específica del Congreso. Argumento que, sin embargo, ha sido ampliamente rechazado por legisladores demócratas, y organizaciones internacionales.

Tras los ataques en varias localidades venezolanas, que terminaron con la muerte de decenas de personas, para capturar a Maduro, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó que esas acciones constituían “un precedente peligroso”. Y pidió el “respeto pleno, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”.

La captura marcó el final del gobierno de Maduro, quien había estado al frente de Venezuela desde 2013 y mantuvo durante años una relación de fuerte confrontación con Washington.

Tras la detención de Maduro, el poder en Venezuela quedó en manos de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora mandataria encargada, cuya Administración ha impulsado un acercamiento con el Gobierno de Donald Trump.

En los meses posteriores a la captura, Estados Unidos flexibilizó algunas sanciones relacionadas con el sector petrolero venezolano y permitió ajustes que facilitaron, entre otras cosas, el pago de los honorarios legales de Maduro. En paralelo, compañías extranjeras ampliaron sus inversiones en proyectos de crudo y gas en el país latinoamericnao.

La evolución de estas relaciones se desarrolla en paralelo al avance de un proceso judicial que podría convertirse en un precedente sobre los límites de la inmunidad de exjefes de Estado y el alcance de la jurisdicción estadounidense en casos de narcotráfico internacional.

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Con Reuters y AP