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Nuevo revés electoral para Trump: la Corte Suprema rechaza su intento de impugnar boletas en California
El presidente Donald Trump sigue enfrentándose con un muro jurídico en sus esfuerzos por influir en las decisiones electorales de cara a las midterms de este 3 de noviembre.
Esta vez ha sido la Corte Suprema de mayoría conservadora la que le ha puesto un freno a su petición de bloquear el recuento de 20.000 boletas en California.
El máximo tribunal denegó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia que buscaba impedir temporalmente el recuento de 20.000 votos que según la Administración Trump correspondían a no ciudadanos.
Aunque suele acompañar con sus decisiones la mayoría de las políticas del presidente, esta vez la Corte Suprema no validó sus esfuerzos dirigidos a incidir en los comicios de mitad de mandato, que definirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado (un tercio más dos elecciones especiales).
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Trump buscaba un bloqueo temporal para que no fueran escrutadas las boletas, que según su versión serían usadas por no ciudadanos. Por tratarse de una moción de emergencia, no hubo justificación por escrito del rechazo por parte del alto tribunal, pero tampoco hubo disensos públicos entre los jueces conservadores habitualmente solidarios con las posiciones del Gobierno federal.
¿Qué pedía Trump en California?
El Departamento de Justicia había pedido la segregación argumentando que «una vez que California mezcla las papeletas impugnadas con las legales, no hay forma de recuperarlas».
La expectativa era que esos sufragios no pudieran ser contados hasta que se determinara si los votantes que los emitieron eran ciudadanos estadounidenses o no.
Pero la Corte Suprema se pronunció en el mismo sentido que varios tribunales inferiores antes que ella.
El juez federal David Carter de Los Ángeles denegó la petición y en su escrito observó que «nunca antes en la historia de Estados Unidos el gobierno federal, en vísperas de unas elecciones, había intentado coaccionar a un gobierno estatal y local para que abandonara sus propios procedimientos constitucionales electorales y se sometiera a la voluntad del poder ejecutivo».
«Si el Ejecutivo puede descontar votos y amenazar con unas elecciones en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro», agregó Carter.
Una corte de apelaciones votó 2-1 a favor de confirmar el dictamen de Carter, subrayando el poder del estado sobre los procedimientos electorales y el «esquema legal integral de California para garantizar la integridad de sus elecciones».
Otros dos juzgados rechazaron también las amenazas de la Administración Trump de procesar a funcionarios electorales que permitieran que las boletas cuestionadas fueran incluidas en los recuentos.
La jueza del Distrito Norte de California Trina Thompson citó las imprecisiones detectadas en la lista y la preguntó al abogado del Departamento de Justicia: «¿Estarías de acuerdo en que hay una alta tasa de error?»
Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) detectó que cerca del 40% de los nombres incluidos en la lista correspondían a votantes que no estaban registrados en el estado. Además, encontró que al menos 22 sobre los que el Gobierno federal tenía dudas sí eran ciudadanos estadounidenses y apuntó que podría haber muchos más en esa situación.
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En Washington, el juez presidente de la Corte de Distrito de Columbia James Boasberg rechazó las presiones sobre los funcionarios de la Junta Electoral de California, advirtiendo de que «probablemente el Poder Ejecutivo ha violado la Cláusula Electoral de la Constitución, que confía la autoridad sobre las normas electorales solo a los estados y al Congreso».
Cientos de miles de papeletas han sido ya procesadas durante el lapso de voto anticipado en California, un bastión demócrata y el estado más poblado del país, con 23 millones de electores registrados.
Allí se definirán 52 escaños a la Cámara de Representantes, con distritos congresionales que fueron rediseseñados para esta ocasión, en un intento dirigido a apuntalar las opciones de los demócratas y contrarrestar una redistribución similar hecha en Texas a favor de los republicanos.
Tormenta jurídica para Trump
La decisión en torno a California marca la tercera vez que la Corte Suprema rechaza un intento de la Administración Trump de cuestionar el sistema electoral.
En septiembre pasado, este tribunal rechazó las restricciones que el magnate republicano intentaba imponer sobre el voto por correo.
Posteriormente, sin embargo, autorizó la reactivación del polémico registro SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos), una herramienta que permitiría a los estados comprobar la ciudadanía de los votantes.
El SAVE constituía la base de la iniciativa del mismo nombre, que fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero no encontró respaldo en el Senado, dirigida a exigir pruebas de ciudadanía para votar. Ha sido cuestionado por las inexactitudes detectadas por distintas auditorías.
En febrero, el alto tribunal había autorizado a California a usar su mapa rediseñado, rechazando así una solicitud de emergencia del Partido Republicano para bloquear la redistribución de distritos, que fue aprobada en referendo.
El revés se suma al que ya vivió Trump el sábado 31 de octubre, cuando una jueza federal de Alaska desestimó la demanda del Departamento de Justicia dirigida a bloquear la certificación de resultados adversos a los republicanos en ese estado.
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El intento iba dirigido a evitar una eventual proclamación de la demócrata Mary Peltola, hasta determinar si los votantes no se habían confundido por la presencia de dos candidatos homónimos en la boleta, el senador Dan S. Sullivan, republicano, y el maestro jubilado Daniel J. Sullivan Jr., independiente.
«Esta última medida huele a desesperación y es otro intento de socavar nuestras elecciones y pisotear el estado de derecho», señaló este 2 de noviembre el fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, en un comunicado para responder al anuncio del Departamento de Justicia de que seguiría “explorando todas las vías legales disponibles para proteger la integridad de nuestras elecciones”.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió en un video publicado en sus redes sociales que estaba dispuesto a procesar por “graves delitos estatales” a cualquiera que intentara manipular boletas, recordando que quienes incurrieran en esta conducta no podrían recibir indultos presidenciales.
«Quiero ser claro y directo con cualquiera que esté pensando en ayudarle (al presidente Trump): si interfieren con nuestros votantes, serán procesados por un delito grave. Si manipulan nuestras papeletas, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia», aseguró Newsom, para luego agregar: «No importa quién haya dado la orden: si intentan interferir en las elecciones de California, California irá tras ustedes».
Ofensiva activada: 63 imputaciones contra extranjeros
El Departamento de Justicia anunció ese 2 de noviembre que presentó cargos contra 63 personas por presuntos delitos electorales como el voto ilegal y el registro fraudulento de votantes.
Se trata de extranjeros, muchos de ellos latinoamericanos, que según la acusación se habrían presentado falsamente como ciudadanos estadounidenses, con el objetivo de votar, o habían mostrado solicitudes de registro fraudulentas para inscribirse en el padrón electoral.
«El anuncio de hoy representa el mayor incremento en las detenciones por fraude electoral desde que el presidente (Donald) Trump regresó al cargo», detectó el fiscal general Todd Blanche.
Entre los acusados se encuentran residentes legales permanentes procedentes de Colombia, Argentina, Cuba, México y Honduras, la mayoría señalados de haberse inscrito o pretendido inscribirse en varios estados sin cumplir con el requisito de ciudadanía para hacerlo.
Analistas advierten que el fraude electoral de no ciudadanos es casi nulo en Estados Unidos, en proporción con el tamaño del registro electoral. Una investigación del grupo conservador Heritage Foundation identificó 23 casos de votación de no ciudadanos entre 2003 y 2022.
Por su parte, el Brennan Center For Justice estimó que el 0,0001 % de los 23,5 millones de votos emitidos en 42 jurisdicciones encuestadas en las elecciones de 2016 fueron presuntamente votos de no ciudadanos.
Con AP, EFE y Reuters
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