Paraguay: Santiago Peña se expone a 15 años de cárcel por el caso Ueno Bank; avanza la devolución de los ahorros

La investigación por la crisis de Ueno Bank ha entrado en una nueva fase con tres frentes abiertos: la situación judicial del expresidente Santiago Peña, la devolución del dinero a los clientes afectados por la intervención de la entidad y la búsqueda internacional de bienes que puedan estar vinculados con las operaciones bajo sospecha.

La Fiscalía paraguaya estima que Peña podría recibir una condena de hasta 15 años de cárcel si se acreditan los delitos que se le imputan. El exmandatario, de 47 años, fue destituido por el Senado el pasado viernes tras un juicio político por «mal desempeño de funciones» y permanece detenido mientras avanza el procedimiento penal. En paralelo, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que completó los anticipos de devolución para todos los depositantes que cumplían los requisitos iniciales de la garantía estatal.

La dimensión internacional del caso también ha cobrado fuerza: el Ministerio Público solicitó formalmente la cooperación de Luxemburgo y anunció el uso de una herramienta de Interpol para localizar bienes en el extranjero.

¿Cuáles son los delitos por los que Peña podría ser condenado a 15 años de cárcel?

La fiscal Verónica Valdez explicó que la pena máxima a la que podría enfrentarse Peña alcanza los 15 años de privación de libertad, debido a que la investigación contempla más de un hecho punible. El Ministerio Público lo imputó por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como supuesto autor.

La acusación sostiene que el entonces presidente habría intervenido en decisiones relacionadas con la designación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero procedentes de entidades públicas y previsionales en Ueno Bank. También apunta a una relación económica y corporativa previa entre Peña y Ueno Holding, el conglomerado empresarial al que pertenece la entidad financiera.

Según la imputación, el exmandatario poseía acciones equivalentes al 1,58 % del capital de Ueno Holding, además de un certificado de depósito de ahorro en Ueno Bank y un bono de la firma Itti, otra compañía vinculada al Grupo Vázquez. La acusación señala que vendió su participación en el conglomerado en marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia.

Peña fue detenido después de comparecer ante la Fiscalía, una vez concluido el juicio político. El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó que permaneciera bajo prisión preventiva para garantizar su sometimiento al proceso y dispuso su permanencia en el Regimiento Guardia Presidencial, en Asunción.

El expresidente niega los cargos. La investigación también alcanza a otras 27 personas vinculadas a Ueno y a sus empresas relacionadas, entre ellas ocho antiguos directivos del banco. Para estos últimos, el fiscal Francisco Cabrera señaló que la expectativa de pena podría llegar a los 12 años, aunque las condenas dependerán de la evolución de la causa y de las calificaciones jurídicas que finalmente se establezcan.

BCP devuelve parte del dinero a sus clientes; afirma que el 100% estará cubierto por la garantía

Mientras avanza la investigación penal, el Banco Central del Paraguay (BCP) informó que completó el pago anticipado a todos los depositantes de Ueno Bank que estaban amparados por el primer tramo de la garantía estatal.

El miembro del directorio del BCP Pedro Acosta comunicó que 1.812.348 personas recibieron recursos por un total de 3,9 billones de guaraníes, equivalentes a unos 644 millones de dólares. El desembolso cumplió el plazo establecido por una ley de emergencia aprobada por el Congreso.

Esta primera etapa cubrió los depósitos de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a 121.760.000 guaraníes o algo más de 19.600 dólares. Solo durante la última tanda de pagos, realizada el miércoles, cerca de 30.000 clientes recuperaron aproximadamente 288 millones de dólares.

El proceso continuará la semana siguiente con la ampliación de los desembolsos hasta el límite previsto en el Fondo de Garantía de Depósitos: 75 salarios mínimos, unos 228.300.000 guaraníes o alrededor de 36.790 dólares por persona física o jurídica.

El mecanismo no supone, sin embargo, que todos los afectados hayan recuperado la totalidad de sus ahorros. Los pagos corresponden a los importes cubiertos por la garantía, y el BCP aplicó descuentos por los préstamos que cada cliente tuviera pendientes con Ueno Bank.

Tampoco se ha precisado cómo se resolverá la situación de quienes mantenían depósitos o inversiones por encima del límite garantizado. Entre ellos pueden encontrarse empresas, fondos, recursos estatales y entidades previsionales, por lo que la devolución de esas cantidades constituye uno de los principales interrogantes que deja la intervención.

AFP subrayó que la mayor parte de los fondos depositados en la entidad continúa sin recuperarse. La crisis tiene un alcance que va más allá de los clientes particulares, ya que Ueno Bank llegó a gestionar más de 800 millones de dólares en recursos públicos, en su mayoría vinculados a fondos previsionales.

Paraguay pide ayuda a Luxemburgo para rastrear y asegurar activos

La Fiscalía ha abierto un frente internacional para localizar bienes y activos que puedan estar relacionados con las empresas y personas investigadas. Una de las principales actuaciones fue el envío de un «exhorto formal» a Luxemburgo, donde está domiciliada una sociedad matriz vinculada a la estructura empresarial de Ueno.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó que Paraguay pidió a las autoridades del Gran Ducado que profundicen las investigaciones y adopten medidas para asegurar bienes que eventualmente puedan ser decomisados.

Según la imputación fiscal, Miguel Vázquez, fundador de Ueno Bank y actualmente en prisión preventiva, creó la sociedad U Holding S.à r.l., domiciliada en Luxemburgo. Esa firma actuaría como controlante de la entidad paraguaya a través de U Paraguay S.A. La acusación también menciona que Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente, habría sido accionista de la compañía europea.

La Fiscalía busca determinar qué activos pertenecen a las sociedades investigadas, dónde se encuentran y si pueden estar relacionados con las operaciones bajo sospecha. El objetivo es evitar que esos bienes desaparezcan o sean transferidos mientras avanzan las pesquisas y, en caso de que corresponda, facilitar su posterior decomiso.

Como parte de esta estrategia, Paraguay recurrió por primera vez a la denominada notificación plateada de Interpol, un mecanismo destinado a facilitar la identificación y localización de activos vinculados con investigaciones criminales. La herramienta permitirá solicitar información sobre bienes situados fuera del país y avanzar en su rastreo internacional.

Cooperación con Interpol, Argentina y organismos europeos

La colaboración exterior no se limita a Luxemburgo. Doldán informó de que la Fiscalía mantiene contactos con Argentina para estudiar la posible creación de equipos conjuntos de investigación. La cooperación resulta relevante porque Ueno recibía servicios de compañías que operaban desde el país vecino, entre ellas Itti.

El Ministerio Público también ha solicitado asistencia a Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal; a la Fiscalía Europea (EPPO), con sede en Luxemburgo, y a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

A estas gestiones se suma el apoyo técnico del Instituto de Gobernanza de Basilea, en Suiza, especializado en cuestiones relacionadas con la recuperación de activos. La Fiscalía utiliza, además, las plataformas de intercambio de información de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Según Doldán, el Ministerio Público cuenta con una colaboración significativa de agencias internacionales. El desafío será convertir ese intercambio de información en resultados concretos: identificar los bienes, establecer su relación con las operaciones investigadas y conseguir que las autoridades de los países donde se encuentren puedan adoptar las medidas legales correspondientes.

Una crisis financiera con ramificaciones políticas y transnacionales

La intervención de Ueno Bank, el 3 de noviembre, desencadenó una crisis que alcanzó al Gobierno paraguayo y derivó en protestas, la destitución de Peña y la apertura de investigaciones contra antiguos responsables de la entidad y su grupo empresarial.

El banco, que comenzó como una empresa de tecnología financiera con un modelo centrado en los servicios digitales, había ampliado rápidamente su presencia hasta convertirse en un actor relevante en la gestión de cuentas y recursos de organismos estatales y fondos previsionales. La magnitud de los depósitos públicos y las dudas sobre la solvencia de la entidad situaron bajo escrutinio las decisiones de quienes participaron en su supervisión y en la colocación de recursos.

La investigación deberá determinar si existieron actuaciones irregulares en la gestión de esos fondos, cuál fue el papel de los responsables políticos y empresariales y si se produjeron perjuicios económicos para el Estado y los depositantes.

Por ahora, la devolución de los depósitos cubiertos por la garantía representa un primer alivio para millones de clientes, pero no resuelve el problema de los fondos que superan el límite legal ni esclarece el destino de los recursos públicos depositados en la entidad.

La causa también dependerá de la cooperación internacional para reconstruir la estructura financiera del conglomerado y localizar posibles activos fuera de Paraguay. Mientras Peña afronta una expectativa de hasta 15 años de prisión si prosperan las acusaciones, el alcance definitivo del caso se medirá tanto por las responsabilidades penales que puedan establecerse como por la capacidad del Estado de recuperar los fondos comprometidos.

Con AFP y EFE