Paz prepara el terreno para el estado de excepción mientras Bolivia registra 10 muertes por bloqueos

El Gobierno de Bolivia se prepara para pasar a la contención de las protestas que mantienen al país paralizado desde el pasado 1 de mayo, pero el presidente Rodrigo Paz ha reiterado una vez más su llamado al entendimiento con los sectores movilizados.

“No alzamos la mano para golpear, más bien la extendemos para el diálogo”, proclamó el mandatario inmediatamente después de anunciar que ha remitido al Legislativo un proyecto de ley que regula los estados de excepción.

El presidente advirtió que el instrumento ha sido redactado “bajo la lógica de acción humanitaria, todo lo que haga la Policía y las Fuerzas Armadas será acción humanitaria”, con el mandato de evitar “interpretaciones arbitrarias” de lo que definió como una herramienta constitucional.

El Parlamento boliviano aprobó la semana pasada la abrogación de una ley que fijaba límites a la aplicación del estado de excepción y Paz firmó la promulgación del nuevo instrumento.

Hasta el momento, el Ejecutivo boliviano se ha negado a considerar la opción de la fuerza. Ahora, Paz pide celeridad al legislativo en la consideración de la norma, pero sigue manteniendo el llamado al diálogo.

El presidente invitó a negociar a las federaciones campesinas ‘Tupac Katari’ y ‘Bartolina Sisa’, y felicitó al vicepresidente Edmand Lara, con el que ha estado enfrentado prácticamente desde el inicio de su Gobierno, por sus gestiones de las últimas horas para fomentar el acercamiento con los sectores movilizados.

Sin embargo, en una inusual declaración, el presidente prometió librar “la batalla de las batallas” contra estructuras del narcotráfico que, según él, estarían detrás de las protestas. De acuerdo con Paz, recursos para alentar los bloqueos han salido de zonas productoras de coca.

“No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos”, denunció el mandatario.

Paz también avanzó en la designación de un nuevo ministro de Defensa, luego de la renuncia de Marcelo Salinas. El viceministro Ernesto Justiniano fue juramentado en su lugar y el presidente prometió “un ajuste de gabinete mayor e inclusivo”, aunque no dio plazos para la reestructuración.

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Recuperando el control

El Gobierno ha logrado en las últimas horas recuperar el control de instalaciones energéticas que habían sido tomadas por los movilizados, aunque no sin consecuencias para la producción.

La Policía desalojó a un grupo de manifestantes que había tomado el 2 de junio la planta de hidrocarburos Humberto Suárez Roca (HSR), ubicada en la provincia de Sara, departamento de Santa Cruz.

Grupos de hombres encapuchados y armados con piedras y palos se habían hecho con el control de la instalación, cerrando las válvulas del pozo, con lo que las autoridades de hidrocarburos anticipan graves pérdidas, por el manejo inadecuado de la instalación. Los protestantes demandaban la renuncia de Paz como condición para desalojar la planta.

Diez personas fueron detenidas durante la operación, en la que se usaron gases lacrimógenos para dispersar a los tomistas, entre ellos una mujer a la que se decomisó una suma de dinero en efectivo y a la que la policía identifica como financista de las protestas.

Una fuerza combinada de 500 policías y 500 oficiales militares logró despejar el paso hacia el occidente del país desde Cochabamba, al reabrir el puente Parotani, sobre el que se mantenía un cerco que había provocado graves pérdidas a productores agrícolas de la región y al transporte en general. De esta forma, el departamento vuelve a estar conectado con mercados como Oruro y La Paz.

Analistas consultados por la agencia EFE han advertido que la inacción por parte del Gobierno podría derivar en enfrentamientos entre civiles, por la oposición de productores y transportistas a los cortes de carretera que han dejado miles de millones de dólares en pérdidas.

«El Gobierno no está haciendo absolutamente nada, es como si estuviese esperando que la población que le apoya se enfrente a los bloqueadores y se resuelva esta cuestión en un enfrentamiento entre civiles, en vez de que sea una intervención estatal”, afirmó Pedro Portugal, experto en temas indígenas.

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Se eleva el número de víctimas

Una sexta persona se sumó a la lista de fallecidos por falta de atención médica oportuna atribuida a los bloqueos. Se trata de un conductor de transporte pesado que enfermó luego de 32 días atrapado en un corte de carreteras.

La esposa de la víctima, Zulema Ramos, denunció que el hombre se había negado a abandonar su camión, por temor a los intentos de saqueo de la mercadería que ya había sufrido mientras se aproximaba a La Paz.

“Se ha deshidratado mi esposo”, lamentó entre lágrimas la mujer. El Ministerio de Salud y Deporte contabiliza al conductor como la sexta víctima por las restricciones a la movilidad, una cifra que incluye a un niño de 12 años.

En total, son 10 las personas que han perdido la vida en el contexto de las protestas impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales.

Además de los seis muertos por emergencias médicas no atendidas, las cifras de la Defensoría del Pueblo incluyen a un joven que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo y dos manifestantes.

A ellos se sumó en las últimas horas un maestro rural de Tapacarí, Cochabamba, que murió por una complicación de salud no revelada mientras se trasladaba a pie a su trabajo.

El director de la escuela donde impartía clases, Edgar Veizaga, dijo que el hombre tenía “una enfermedad de base” y que debido a los bloqueos no pudo acceder a tiempo a atención médica cuando su padecimiento se agravó. Su caso no ha sido oficialmente contabilizado por el Ministerio de Salud.

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Con EFE y medios locales