Internacionales
Trabajo forzoso en Brasil: ¿una realidad o una «excusa» de Trump para imponer más aranceles?
Primero, el 2 de junio, el Gobierno de Estados Unidos anunció nuevos aranceles del 25% sobre las exportaciones brasileñas, con algunas excepciones para productos considerados estratégicos, como carne, fruta, café, aeronaves y tierras raras, entre otros.
La justificación oficial de la amenaza: una investigación que acusa a Brasil de adoptar prácticas que “perjudican o restringen” el comercio con los estadounidenses. La Administración Trump cita la deforestación ilegal, la piratería, fallos en la aplicación de las leyes anticorrupción y el programa PIX de transferencia gratuita de dinero, en la mira del presidente estadounidense por quitarle terreno a las grandes compañías de tarjetas de crédito, como Visa o Mastercard.
Un día después, Washington incluyó a Brasil en una lista de 60 economías que no aplican medidas para combatir el comercio de productos fabricados con trabajo forzoso, algo que, según su visión, restringe el comercio estadounidense.
Con base en esa lista, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) planea imponer aranceles adicionales de 10% o 12,5% a las importaciones procedentes de estos países. El arancel más alto estaría reservado a las economías investigadas que no cuenten con regímenes de control efectivos, como Brasil, China, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Argentina y Arabia Saudita, entre otras.
En el caso de Brasil, la investigación estadounidense concluye que el gigante latinoamericano no ha logrado imponer ni hacer cumplir la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.
Según el informe, si bien Brasil se compromete a combatir el trabajo esclavo en sus acuerdos de libre comercio e inversión, aún carece de una prohibición legal efectiva que, en la práctica, impida la entrada al mercado interno de bienes producidos bajo estas condiciones. Por lo tanto, la conducta de Brasil fue clasificada como “irracional” y “perjudicial” para el comercio estadounidense.
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El informe menciona que Brasil posee una “lista negra” de empleadores que fueron sorprendidos sometiendo a los trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud, pero el foco de la investigación estadounidense es el fracaso del país en prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso de otras economías.
Creada en 2003, la “lista negra” de empleadores es un documento que el Ministerio de Trabajo de Brasil publica cada seis meses, en abril y octubre, para visibilizar las acciones de lucha contra el trabajo en condiciones análogas a la esclavitud. Los empleadores que caen en estas prácticas ilegales en Brasil son incluidos en la lista tras completar un proceso administrativo, sin posibilidad de apelación; permanecen en la lista durante dos años y solo consiguen salir si no presentan nuevos casos y su situación se regulariza.
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En la última actualización, las actividades económicas con mayor número de empleadores incluidas en la lista fueron el servicio doméstico (23), la cría de ganado para sacrificio (18), el cultivo de café (12), la construcción (10) y el servicio de preparación, cultivo y cosecha de tierras (6).
En esa «lista negra» también figura la empresa china BYD, que en octubre de 2025 abrió en Camaçari, en el estado de Bahía, una fábrica de vehículos eléctricos. La automotriz fue incluida en el registro tras el rescate de trabajadores chinos en diciembre de 2024. En total, 163 trabajadores habían sido contratados para la construcción de la fábrica en la región metropolitana de Salvador de Bahía.
Los trabajadores chinos fueron encontrados hacinados en alojamientos sin las condiciones de higiene y confort adecuadas, y estaban vigilados por guardias de seguridad armados que les impedían salir de las instalaciones. Según las autoridades, se les retuvieron los pasaportes y los contratos incluían cláusulas ilegales, como jornadas laborales extenuantes y falta de descanso semanal.
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Brasil: de referente contra el trabajo forzoso a «la lista negra» de EE. UU.
En medio de la problemática, Brasil ha sido considerado un referente mundial en la lucha contra el trabajo forzoso por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto se debe a que el país ha desarrollado un modelo pionero e integral para combatir este delito, reconocido internacionalmente por la agencia de la ONU. Su punto fuerte es la creación de grupos de inspección móviles y la aprobación de una legislación estricta contra el trabajo en condiciones análogas a la esclavitud.
Solo en 2025, el país registró el mayor número de denuncias de trabajo forzoso y condiciones análogas a la esclavitud de su historia: 4.515 en total, según datos del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC).
Desde que el país admitió oficialmente la existencia de esta práctica, en 1995, y lo reconoció ante la OIT, la lucha contra las formas contemporáneas de trabajo esclavo se ha basado en tres pilares fundamentales: la inspección, la rendición de cuentas de los empleadores y la asistencia a las víctimas. Durante este periodo, Brasil ha rescatado a más de 68.000 trabajadores que fueron víctimas de esta situación.
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«Una excusa» de Trump para aplicar medidas proteccionistas
“El nuevo arancel no tiene como objetivo garantizar la dignidad de los trabajadores en todo el mundo, como justifica la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR). Si esa fuera la preocupación, la Casa Blanca comenzaría por poner en cintura a sus propias empresas, como Amazon, que explota enormemente a los trabajadores estadounidenses en sus almacenes», escribió en una columna el politólogo Leonardo Sakamoto, fundador de Repórter Brasil, una entidad destacada sin ánimo de lucro centrada en la investigación y la lucha contra el trabajo contemporáneo en condiciones análogas a la esclavitud.
«El trabajo forzoso es simplemente la excusa para implementar medidas más proteccionistas después de que la Corte Suprema anulara, en febrero, el aumento arancelario impuesto por Trump”, añade Sakamoto.
En el mismo sentido, el Gobierno de Brasil se pronunció el miércoles, calificando de “lamentable” que Estados Unidos apunte a un tema tan delicado como “justificación” para medidas “proteccionistas unilaterales”.
“Es absurdo intentar asociar la competitividad de la economía brasileña a insumos externos obtenidos por medio de comercio que viole la dignidad humana”, sostuvo el Gobierno en un comunicado.
EE. UU. se favorece más en la relación
Estados Unidos mantiene desde hace años un superávit comercial en el intercambio de bienes con Brasil, algo a lo que Lula apunta para cuestionar la justificación económica de nuevos aranceles.
Datos de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. muestran que las exportaciones estadounidenses al mercado brasileño crecieron cerca de un 11% durante el 2025, alcanzando los 54.400 millones de dólares. Mientras, las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos se redujeron un 5,7%, hasta los 39.900 millones de dólares
Esto da a Washington un superávit superior a los 14.000 millones de dólares en el comercio bilateral de bienes.
¿Falta de regulación y control?
El Código Penal brasileño establece que el trabajo análogo a la esclavitud “se caracteriza por someter a una persona a trabajos forzosos o a jornadas laborales extenuantes, ya sea mediante condiciones de trabajo degradantes o restringiendo, por cualquier medio, su libertad de movimiento debido a una deuda contraída con el empleador o su representante”. Para que configure delito no es necesario que se den todos estos elementos. Incluso el uso del término “análogo a la esclavitud” es considerado un avance con respecto a la legislación de otros países, ya que incluye diferentes formas contemporáneas de explotación.
En Brasil, el principal instrumento para combatir la esclavitud es la auditoría realizada por la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo. En 2025, se llevaron a cabo 1.594 operativos específicos, que resultaron en el rescate de 2.772 trabajadores en condiciones consideradas ilegales. Además, las víctimas recibieron más de 9 millones de reales en indemnizaciones (unos 1,77 millones de dólares).
Las operaciones son coordinadas a través del Grupo Móvil Especial de Inspección, que integra a diversas instituciones estatales, como la Fiscalía del Trabajo, la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras, la Defensoría Pública Federal y la Fiscalía Federal.
Este modelo interinstitucional se considera uno de los factores clave para el éxito de las acciones, ya que permite desde el rescate inmediato hasta la rendición de cuentas penal y administrativa de los empleadores. France 24 participó en 2021 en uno de estos operativos.
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Documentos de la USTR citan la incidencia del trabajo esclavo en la producción de carne de res en Brasil. Pero curiosamente, esta no fue la razón directa de los nuevos aranceles impuestos a Brasil. En realidad, podría tratarse de una razón de presión indirecta, ya que otros países importan productos brasileños, como China, compitiendo con la carne estadounidense. Pero Estados Unidos mismo eximió a la carne de los nuevos aranceles. El quid de la cuestión para EE. UU. es la importación en Brasil de países como China.
“Brasil cuenta con propuestas en el Congreso Nacional para prohibir la importación de productos elaborados con mano de obra esclava. Yo mismo he estado advirtiendo sobre la importancia de aprobar este tipo de medida durante los últimos 15 años», analiza Sakamoto.
«La cuestión no es solo aprobarla, lo que sacaría del grupo de las tarifas del 12,5% al 10%, sino hacer que la ley sea efectiva. Impedir la entrada de productos que no puedan demostrar la integridad laboral es improbable sin un sistema global, dada la baja transparencia de las cadenas de producción globales en ciertas áreas”, agrega.
De acuerdo con el analista, sería «más productivo» que Estados Unidos aceptara la discusión de un pacto global, que incluya principios vinculantes para empresas y de Derechos Humanos. Se trataría, según Sakamoto, de un tratado «con obligaciones y sanciones que los países podrían imponer».
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