Milei lleva disputa por las Malvinas al Congreso y la Justicia ordena detener operaciones petroleras: ¿surtirá efecto?

Lo que Buenos Aires ve como herramientas del Estado para proteger la soberanía podría agravar las tensiones con Reino Unido por las Malvinas.

La propuesta se articula en torno a tres ejes principales: establecer sanciones para quienes realicen una explotación ilegal de los recursos naturales, ofrecer incentivos que favorezcan el abandono de estas prácticas y proporcionar al Estado herramientas adecuadas para hacer frente a posibles amenazas provenientes del exterior.

Desde el Gobierno, la iniciativa fue presentada como “un hito en el proceso de recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”.

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¿Qué incluye el proyecto de ley de Milei?

La propuesta presentada este jueves 17 de septiembre endurece las sanciones para las empresas y personas que participen ilegalmente en actividades en las Malvinas, así como en los espacios marítimos y la plataforma continental de Argentina, realizando «cualquier tipo de actividad destinada al aprovechamiento de recursos naturales renovables o no renovables» sin autorización de las autoridades argentinas.

Asimismo, crea un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el mandatario argentino, para supervisar la política de seguridad nacional y salvaguardar la infraestructura crítica y la soberanía nacional.

Entre sus siete miembros figurarán el jefe de gabinete, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, el secretario de Inteligencia Nacional y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia.

El proyecto de ley busca «sancionar a quienes exploten ilegalmente nuestros recursos naturales, generar incentivos para que cesen en dicha conducta y dotar al Gobierno nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas», señaló este jueves la Casa Rosada mediante un comunicado.

La nueva iniciativa pretende actualizar la legislación de 2011 mediante un régimen más riguroso y sanciones más severas dirigidas a las empresas, así como a sus accionistas y proveedores, subrayó la nota oficial.

Además, recientemente, Argentina ordenó la reactivación de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego que había sido anunciada en 2022, sin grandes avances.

Estos movimientos abren un nuevo frente legal en la disputa de soberanía —que dura ya décadas— entre Argentina y el Reino Unido, que el presidente argentino Javier Milei ha reactivado en las últimas semanas.

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¿En qué van los procesos judiciales en torno a las Malvinas?

El miércoles, un día antes de que Milei enviara el proyecto de ley al Congreso, un tribunal federal de la localidad de Río Grande, en la provincia patagónica de Tierra del Fuego, ordenó detener el proyecto petrolero Sea Lion, de la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas, frente a las islas Malvinas, conocidas por los británicos como Falkland Islands.

El fallo, que responde a una medida cautelar solicitada por dos organizaciones argentinas que señalan riesgo de daño ambiental, exige que las empresas se abstengan de perforar el lecho marino, instalar infraestructura o iniciar la extracción de hidrocarburos.

«La abstención ordenada se mantendrá hasta tanto se sustancie ante la autoridad ambiental nacional competente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental», sostuvo el tribunal.

Por otra parte, la semana pasada, el Gobierno argentino informó que había iniciado procedimientos sancionadores contra al menos 60 empresas y particulares vinculados a la exploración petrolífera en alta mar en torno a las islas, denominadas Malvinas por Argentina.

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¿Surtirán efecto las sanciones de Buenos Aires?

En la práctica, es poco probable que la medida cautelar de este miércoles detenga el avance del proyecto. La jueza Borruto reconoció que su cumplimiento «depende de la cooperación internacional y de la conducta» de las dos empresas implicadas, las cuales ya han manifestado su intención de seguir adelante con el proyecto a pesar de las amenazas de Milei de imponer sanciones más severas contra ellas y otras compañías que operan en torno a las islas.

El Reino Unido desconoce la validez de la Justicia del país latinoamericano en cualquier aspecto relacionado con el archipiélago, ubicado a unos 480 kilómetros al este de la costa sureste de Argentina y a aproximadamente 13.000 km del Reino Unido, pero controlado por los británicos.

Londres otorgó licencias de pesca y de exploración hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion, cuya fase extractiva espera comenzar en 2028, según anunciaron las compañías el pasado diciembre.

Pero el proyecto Sea Lion ha elevado la tensión de una disputa territorial que llevó al Reino Unido y a Argentina a una guerra breve, aunque sangrienta, en 1982.

Reino Unido ha respondido con firmeza a la campaña legal del gobierno argentino. Sostiene que los habitantes de las Malvinas deben determinar su estatus, citando los resultados de un referéndum de 2013 en el que los isleños votaron mayoritariamente a favor de seguir siendo territorio británico.

«La legislación interna argentina no se aplica en las islas», declaró el pasado martes 15 de septiembre el Gobierno británico en una comunicación destinada a transmitir tranquilidad a las empresas que operan allí.

El fallo emitido el miércoles por el tribunal federal de la provincia más austral de Argentina, Tierra del Fuego, deriva de una demanda civil independiente presentada por abogados ambientalistas y veteranos de la guerra de 1982, con el objetivo de evitar daños medioambientales derivados del proyecto. La demanda cita amenazas ecológicas que van desde la contaminación química y el ruido submarino hasta el tráfico de buques y posibles derrames de petróleo.

Borruto advirtió que permitir que continúen las perforaciones y la construcción podría alterar el ecosistema marino de formas difíciles de revertir.

«El riesgo no es ni hipotético ni remoto», escribió, señalando que ya habían comenzado las obras de infraestructura del proyecto.

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Con Reuters, AP y EFE