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Bolivia elimina por completo el subsidio al diesel tras aprobar un programa de crédito con el FMI
Los surtidores en Bolivia amanecieron este sábado 19 de septiembre con una difícil novedad para los consumidores: tal como había anunciado en la víspera el presidente Rodrigo Paz, todos los subsidios al diesel fueron eliminados, causando que los precios se elevaran a la cotización internacional.
Esto significa que el precio del diesel pasó de 9,80 bolivianos (1 dólar) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares), una modificación que impacta solo a los «grandes consumidores», porque las subvenciones ya habían sido suprimidas al resto de usuarios desde el 17 de agosto.
La medida, que causó casi dos meses de protestas y bloqueos de carreteras entre mayo y junio antes de que se decretara un estado de excepción, fue anunciada el viernes por Paz, quien aseguró en un mensaje grabado emitido por televisión nacional que «no podemos comprar caro para vender barato y que unos cuantos se lo roben».
Según el mandatario conservador, los recursos de Bolivia «ya no serán usados para esta subvención», sino que se destinarán a la construcción de infraestructura pública como escuelas, hospitales y carreteras.
En paralelo, anunció algunas medidas para contrarrestar el impacto económico de la quita de subsidios. Dijo que 2,9 millones de personas recibirán un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y que el Gobierno destinará 800 millones de bolivianos (unos 81,6 millones de dólares) en créditos en condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas.
Esa facilidad también se aplicará al sector productivo, con un interés anual del orden del 6%.
Paz informó, además, el incremento del bono para escolares, que pasará de 200 bolivianos (20,4 dólares), a 300 bolivianos (30,1 dólares), mayores facilidades para que las familias accedan a un crédito de vivienda social y comprometió el apoyo del Ejecutivo a los Gobiernos regionales para «readecuar sus finanzas».
Del mismo modo, anticipó que se eliminará el impuesto para bienes de importación «destinados a actividades productivas como insumos, semillas, drones, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales», junto a otras medidas.
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«Con esta decisión garantizamos el abastecimiento permanente del diesel para todos 24 horas, 7 días a la semana, garantizando el combustible», remarcó Paz, quien defiende que la política subsidiaria de sus antecesores Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) contribuyó a agotar las reservas del país y a profundizar la crisis de desabastecimiento de combustible que Bolivia arrastra desde hace unos dos años.
Un crédito con el FMI vaticina más quita de subsidios
Si bien la medida anunciada el viernes no afecta a los subsidios a la gasolina y otros combustibles, se espera que esas ayudas estatales también sean removidas en 2027, como parte del compromiso asumido por el Gobierno de Bolivia para acceder a financiamiento de entidades internacionales.
Precisamente, el mismo 18 de septiembre, el Congreso boliviano aprobó un programa de crédito de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que emplaza al gobierno a eliminar todas las subvenciones a los hidrocarburos a partir de enero del próximo año.
De esta manera, el Senado ratificó el viernes (luego del visto bueno de Diputados el día anterior) lo acordado por el Ejecutivo y un equipo técnico del organismo multilateral en julio: un financiamiento a 36 meses para respaldar las reformas económicas impulsadas por Paz.
Ese acuerdo debe ser aprobado por el directorio del FMI el próximo 2 de octubre y, una vez que eso ocurra, el organismo dará una primera partida de 250 millones de dólares, según explicó el viceministro del Tesoro boliviano, Oscar Navarro.
El Ejecutivo boliviano también espera que el acuerdo ayude a concretar nuevos financiamientos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales por unos 5.000 millones de dólares.
Para acceder al nuevo crédito del FMI, Bolivia se comprometió a eliminar por completo todos los subsidios a los combustibles, reducir el déficit fiscal, bajar el gasto corriente y garantizar un tipo de cambio flexible.
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Paz celebró la aprobación parlamentaria en su cuenta de X: «Estos recursos no le pertenecen a una gestión, están destinados a blindar nuestras reservas, estabilizar la economía y abrir oportunidades reales de inversión».
Un estado de excepción prorrogado ante posibles protestas
La quita de los subsidios al diesel despertó el rechazo de sindicatos de choferes y de productores agrícolas, grandes consumidores de combustibles, quienes amenazan con renovar las protestas si no son escuchados.
Este 19 de septiembre, el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Victor Tarqui, declaró en «estado de emergencia» al sector del «autotransporte» en todo el país y amenazó con iniciar bloqueos y medidas de presión «duras» si el Ejecutivo no se «retracta» de la quita de subsidios al diesel.
«Es un atentado no solamente a la economía de los transportistas, sino a nuestra población, a nuestros usuarios. Entonces que revisen necesariamente esa posición antes de que se tomen decisiones totalmente contundentes», declaró Tarqui, en conferencia de prensa.
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Anticipándose a un escenario de conflictividad social, el Parlamento boliviano aprobó el jueves la ampliación por 90 días el estado de excepción, declarado a finales de junio y que dota al Gobierno de poderes excepcionales, como la movilización de militares para desactivar focos de protestas.
La medida, en vigor desde el 20 de junio pasado, facilitó el despliegue de contingentes policiales-militares que levantaron más de un centenar de bloqueos que, durante 53 días, entre mayo y junio, mantuvieron la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), en repudio al ajuste económico del Ejecutivo y, de forma más amplia, en reclamo de la renuncia de Paz.
Ese conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y causó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica.
En la mañana del sábado, según reportaron medios locales, más de 500 efectivos policiales fueron movilizados en la carretera que conecta las ciudades de Cochabamba, Oruro y La Paz, así como en la zona de Sayari, a modo de precaución para garantizar el tránsito y evitar posibles bloqueos.
Con EFE, AFP y medios locales
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