Inflación y el beneficio silencioso del Estado (OPINION)

POR RAFAEL RAMIRTEZ MEDINA

Existe una narrativa generalizada que presenta a la inflación como el enemigo público número uno, una especie de plaga natural que golpea con la misma fuerza a todos los sectores de la sociedad. Nos dicen que cuando la canasta básica sube, cuando los combustibles se encarecen o cuando los servicios básicos se tornan inalcanzables, todos perdemos.

Sin embargo, en el tablero de la macroeconomía, esta premisa es falsa. Mientras el bolsillo del ciudadano común se encoge, las arcas del Estado experimentan un fenómeno diametralmente opuesto.

La inflación, lejos de ser un dolor de cabeza para el gobierno, opera a menudo como un alivio financiero silencioso, inmediato y, sobre todo, libre del costo político que implicaría aprobar una reforma fiscal en el Congreso. Es, en la literatura económica, el verdadero impuesto invisible.

El socio silencioso del consumo

Para entender cómo el Estado se beneficia del incremento de precios, basta con mirar la estructura de los impuestos indirectos, específicamente los de tipo ad valorem (aquellos que se cobran como un porcentaje del valor del bien), como el ITBIS. El mecanismo es de una lógica matemática irrefutable. Pensemos en una mercancía cualquiera, si hoy cuesta 100 pesos, el ciudadano paga un 18% de ITBIS, entregando 18 pesos al Estado.

Si el próximo mes, debido a la inflación, esa misma mercancía sube a 150 pesos, el consumidor recibe exactamente el mismo producto, pero ahora el 18% representa 27 pesos. Sin que el gobierno haya tenido que modificar una sola ley ni aumentar las tasas impositivas, su recaudación nominal por esa transacción habrá crecido un 50%.

El Estado se convierte, así, en el socio que más gana con la especulación y el alza de precios, a mayor costo de la vida, mayor es el dividendo fiscal que recibe por el simple hecho de que consumamos para sobrevivir.

Pero el gran incentivo fiscal para que un gobierno especialmente uno caracterizado por la indisciplina fiscal o el gasto desmedido, tolere la inflación se encuentra en la gestión de la deuda pública. Los Estados contraen compromisos financieros en términos nominales fijos. Si un gobierno emite bonos o toma préstamos a una tasa determinada, y posteriormente la inflación se dispara, el valor real de ese dinero disminuye.

En lenguaje llano, el gobierno comienza a recaudar pesos devaluados y con menor poder adquisitivo, pero con esos mismos pesos «baratos» paga la deuda vieja que contrajo cuando el dinero valía más. La inflación actúa como una gigantesca borradora de deuda a expensas de los ahorradores y de los acreedores, licuando el déficit fiscal de manera artificial.

A esto se suma el fenómeno conocido como «desplazamiento de tramos» (o fiscal drag) en el impuesto sobre la renta. Cuando los salarios nominales se ajustan tímidamente para intentar compensar la inflación, muchos trabajadores saltan automáticamente a tramos impositivos más altos. El resultado es perverso, el ciudadano paga un mayor porcentaje de sus ingresos en impuestos, a pesar de que su poder adquisitivo real es menor o igual al que tenía antes.

Cuando la gobernanza de un país carece de transparencia y los niveles de corrupción o ineficiencia institucional son elevados, la inflación deja de ser un problema macroeconómico a resolver y se transforma en una estrategia de financiamiento. Es una transferencia obligatoria y no legislada de riqueza desde los ingresos de la clase media y trabajadora hacia el sector público.

Para un gobierno que no rinde cuentas, la inflación es el analgésico perfecto, financia el gasto público corriente, maquilla el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en términos nominales y evita el desgaste de tener que justificar ante la población un aumento directo de los impuestos.

La inflación es un impuesto regresivo por excelencia; castiga con mayor severidad a quien menos tiene, pues las familias de menores ingresos destinan la totalidad de sus recursos al consumo inmediato.

Mientras la ciudadanía lidia con la pérdida cotidiana de su poder de compra, es imperativo empezar a mirar la inflación con un lente crítico y exigir mecanismos de indexación automática en los tramos fiscales, así como una estricta disciplina en el gasto. Detrás de cada aumento de precio en los anaqueles, hay un Estado que recauda más.

El verdadero debate económico no es solo cómo frenar la subida de los precios, sino dejar de normalizar que los gobiernos sigan financiándose a costa del empobrecimiento silencioso de sus ciudadanos.

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