Qué cambia con las nuevas reglas de control y fiscalización para los funcionarios del sistema de salud

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- Con el propósito de promover una gestión más eficiente, responsable y alineada con las normativas vigentes, el Servicio Nacional de Salud reunió a directores de hospitales, directores regionales, administradores y responsables de compras de la red pública sanitaria en la conferencia “Cumplimiento, control, transparencia y régimen de consecuencias en los Servicios de Salud”.

La iniciativa buscó generar una reflexión técnica sobre los desafíos que enfrenta la administración pública en materia de cumplimiento institucional, control interno, prevención de riesgos y mejora continua de los procesos administrativos.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó durante las palabras de apertura que la transparencia constituye uno de los pilares fundamentales de la gestión pública moderna.

“La gestión transparente no constituye únicamente una obligación legal, sino también un compromiso ético con cada dominicano y dominicana que deposita su confianza en las instituciones del Estado”, afirmó Landrón.

El funcionario señaló que el SNS trabaja para fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y garantizar que los recursos públicos destinados a la salud sean administrados con eficiencia y responsabilidad.

Yeni Berenice advierte sobre mayores consecuencias para actos de corrupción

Uno de los momentos más relevantes de la jornada estuvo a cargo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien abordó las implicaciones del nuevo Código Procesal Penal en el ejercicio de las funciones públicas.

Durante su exposición, la magistrada explicó que la nueva legislación introduce cambios significativos en la forma en que serán perseguidos los actos de corrupción dentro de la administración pública.

Según explicó, una de las principales innovaciones consiste en que la corrupción pasa a ser considerada un delito autónomo, permitiendo una persecución penal más directa contra quienes afecten el patrimonio del Estado mediante acciones u omisiones deliberadas.

Entre las conductas que podrían ser sancionadas figuran el pago por bienes o servicios no recibidos, la alteración de contratos, la recepción de equipos defectuosos o incompletos, la manipulación de precios en perjuicio del Estado y el uso indebido de recursos públicos.

Las advertencias estuvieron dirigidas especialmente a funcionarios y responsables de procesos administrativos vinculados a la gestión de fondos estatales.

Compras públicas bajo una nueva visión de integridad

La conferencia también incluyó la participación del director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien presentó los principales alcances de la Ley 47-25 y su impacto sobre las instituciones públicas.

Durante la ponencia titulada “Integridad: la nueva realidad de la Ley 47-25”, Pimentel explicó que la legislación busca transformar el modelo tradicional de compras gubernamentales mediante una planificación estratégica enfocada en el desarrollo local, la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, advirtió sobre prácticas que podrían generar consecuencias legales, entre ellas depositar recursos estatales en cuentas personales, realizar modificaciones no autorizadas en partidas presupuestarias, cobrar por servicios que la ley establece como gratuitos o participar en procesos de contratación donde existan conflictos de interés.

Para el funcionario, la nueva normativa procura fortalecer la confianza ciudadana y elevar los estándares de integridad en las instituciones públicas.

Contraloría refuerza vigilancia sobre el gasto estatal

Por su parte, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, expuso sobre los mecanismos de supervisión y control que actualmente rigen la administración de los recursos públicos.

Durante su conferencia sobre el marco normativo de la Contraloría General de la República, exhortó a los hospitales y demás dependencias del sistema de salud a evitar adquisiciones fuera de los procedimientos establecidos por la Ley 47-25.

Según explicó, este tipo de prácticas puede generar conflictos jurídicos, reclamaciones administrativas y retrasos en la ejecución de pagos.

Espinosa Pérez recordó además que los contratos derivados de compras menores, comparaciones de precios y licitaciones deben ser registrados en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General de la República antes de que puedan ser autorizados los desembolsos correspondientes.

Indicó que la institución realiza una revisión exhaustiva de la documentación para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y proteger el correcto uso de los recursos estatales.

Transparencia y eficiencia como desafíos permanentes

La actividad concluyó con un espacio de preguntas y respuestas que permitió el intercambio directo entre las autoridades y los responsables administrativos del sistema sanitario.

Más allá de las exposiciones técnicas, el encuentro dejó un mensaje común: la necesidad de fortalecer la transparencia, la integridad y los mecanismos de control como herramientas fundamentales para garantizar que los recursos destinados a la salud lleguen efectivamente a la población.

Las autoridades coincidieron en que una administración pública eficiente no solo requiere normas claras y sistemas de supervisión efectivos, sino también una cultura institucional comprometida con la ética, la responsabilidad y la rendición de cuentas.