Economicas
ADOCEM advierte distorsión por incentivo fiscal al asfalto
La entidad pide equidad fiscal para el cemento en obras de infraestructura.
La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) manifestó su firme preocupación ante la reciente decisión del Gobierno de incluir la exoneración del ITBIS al asfalto AC-30 dentro de su paquete de Medidas Pro Crecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional.
La organización empresarial advierte que este incentivo focalizado, al no otorgar un tratamiento equivalente a los materiales de cemento y concreto, genera una distorsión competitiva que condicionará de forma artificial las decisiones de inversión en la infraestructura del país.
El gremio reconoce la intención oficial de dinamizar la economía nacional en la República Dominicana, pero insiste en que las políticas públicas deben mantener una estricta neutralidad. Al abaratar fiscalmente un solo insumo, se pone en desventaja a la producción local de soluciones viales que compiten directamente en el mercado de la construcción pública y privada.
Impacto en la economía y la infraestructura vial
La directora ejecutiva de la entidad, Julissa Báez, explicó que la selección de materiales para el desarrollo vial debe fundamentarse en análisis técnicos de costo-beneficio y sostenibilidad a largo plazo, y no en privilegios tributarios. Sostuvo que una medida exclusiva para el sector asfáltico desincentiva el uso del concreto en obras donde este último ofrece mayores ventajas de durabilidad y resiliencia.
“Las actividades que promueven inversión productiva, manufactura local, empleo formal y exportaciones deben ser consideradas prioritarias dentro de cualquier estrategia de estímulo económico”, precisó la portavoz, destacando el encadenamiento productivo que posee el segmento del cemento.
Frente a este escenario, los industriales del cemento exhortaron a las autoridades del Gobierno y al Congreso Nacional a revisar el alcance del decreto para restablecer condiciones de equidad en el mercado de la infraestructura, garantizando el valor real para el contribuyente dominicano.
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