Cinco formas en las que los atentados del 11-S cambiaron a Estados Unidos y al mundo

Los atentados del 11-S, los más graves de la historia moderna de Estados Unidos, han marcado a fuego el devenir de ese país y del mundo en general.

Más allá de la marca indeleble en la memoria colectiva estadounidense, los ecos de esa tragedia han trascendido los años y las fronteras.

A continuación, repasamos cinco formas en las que esos acontecimientos han cambiado y siguen definiendo aspectos de la vida de Estados Unidos.

• Las guerras en Afganistán e Irak

Al calor de los atentados, el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, declaró lo que se conoció como «guerra contra el terrorismo», un tipo de conflicto nunca antes visto con el que Estados Unidos apuntaba a liderar una lucha contra «una red radical de terroristas y todos los gobiernos que los apoyen», según indicó el mandatario en un mensaje al Congreso, ocho días después del 11-S.

El 7 de octubre de 2001, sin que siquiera se hubiera cumplido un mes de los ataques, Estados Unidos y su coalición de aliados –que incluyó a Reino Unido o Francia, entre otros– iniciaron la invasión de Afganistán, con la meta de derrocar al régimen talibán, al que acusaban de dar cobijo a Al-Qaeda y su líder Osama bin Laden.

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Posteriormente, en 2003, la Administración Bush lanzó la invasión de Irak, argumentando que el régimen de Saddam Hussein patrocinaba el terrorismo y alegando, falsamente, que contaba con armas de destrucción masiva.

Aunque ambas campañas tuvieron, para los objetivos estadounidenses, victorias iniciales rápidas, se convirtieron en conflictos empantanados, que le costaron la vida de más de 7.000 militares y billones de dólares. Mientras las tropas estadounidenses se retiraron definitivamente de Afganistán en agosto de 2021, se espera que antes de fines de septiembre pondrá fin a su presencia militar en Irak luego de 23 años.

Las consecuencias de la intervención de Estados Unidos y sus aliados son todavía más grandes para la región. Según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad Brown, alrededor de 940.000 personas fueron asesinadas en Afganistán, Irak, Yemen, Pakistán y Siria como resultado directo de la violencia posterior al 11-S, un número que se elevaba hasta 2023 a más de 4,5 millones, si se tomaban en cuenta los impactos de la guerra, como la inseguridad alimentaria, la falta de infraestructura de salud o la inestabilidad política.

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En Estados Unidos, la percepción de la opinión pública sobre estos dos conflictos también fue variando a medida que se prolongaron en el tiempo. Varias encuestas mostraron que el férreo apoyo inicial se fue diluyendo hasta un rechazo mayoritario actual, con gran parte de los estadounidenses convencidos de que el país no ha cumplido las metas trazadas inicialmente.

• La amenaza del terrorismo como nueva normalidad

Aunque desde el 11-S no se han registrado ataques terroristas de magnitud, en la opinión pública estadounidense, esa amenaza sigue ocupando las principales preocupaciones, según el Pew Research Center (PRC), que realiza una encuesta anual sobre las prioridades de la ciudadanía.

Desde su pico en enero de 2002, cuando apenas unos meses después de los atentados el 83% de los encuestados situaba la «defensa del país frente a futuros ataques terroristas» como máxima prioridad, la cuestión ha seguido encabezando las preocupaciones de los estadounidenses.

Sin embargo, de acuerdo con los datos presentados por el Pew Research Center, esa mirada empieza a mostrar distancias por ideología y edad.

Por un lado, aquellos que se definen como republicanos o con tendencia conservadora suelen situar al terrorismo (que ahora también incluye la posibilidad de actos de terrorismo doméstico) entre las principales amenazas, mientras que entre los demócratas o de tendencia progresista ocupan lugares más preponderantes la crisis climática o la propagación de información falsa.

Del mismo modo, sostiene el PRC, es más probable que los estadounidenses de 65 años o más consideren que el terrorismo es una amenaza importante para Estados Unidos (78% lo manifestaron en la encuesta de marzo de este año), en comparación con los adultos menores de 30 años (42%), quienes no tienen recuerdos del 11-S y lo han conocido por las clases escolares o los relatos familiares.

Esta percepción, no obstante, ha influenciado las políticas en Estados Unidos en los últimos 25 años, favoreciendo la militarización de la respuesta contra el terrorismo, noción que se ha extendido a otros países del mundo y que ha permitido difuminar los límites entre la justicia penal y las leyes de la guerra.

Mientras que a nivel interno se ha dado una reconfiguración del aparato estatal, que en el país norteamericano incluyó la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2002 (que fusionó 22 agencias estatales distintas), la ampliación de facultades a las agencias de inteligencia para recopilar todo tipo de datos o la implementación de herramientas administrativas para crear listas de vigilancia a personas u organizaciones consideradas «terroristas», a discreción del gobierno de turno.

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• Privacidad vs. «seguridad nacional»

Precisamente, las medidas surgidas después del 11-S aumentaron la tensión entre el derecho a la privacidad y la creciente vigilancia de las agencias estatales, justificada en pos de la «seguridad nacional».

Uno de los gérmenes de eso se dio solo 45 días después de los atentados, cuando el Congreso de EE. UU. promulgó la llamada Ley Patriota, que amplió considerablemente las facultades de vigilancia e investigación de las agencias de seguridad y de inteligencia (como el FBI o la CIA), facilitó el intercambio de datos entre los organismos gubernamentales, aumentó las penas para quienes cometen delitos terroristas y obligó a endurecer los controles a las instituciones financieras.

Esta normativa fue criticada por organizaciones de derechos civiles por permitir la vigilancia masiva y la interceptación de comunicaciones sin órdenes judiciales estrictas, aspectos que fueron modificados por la Ley de Libertad de 2015, que, si bien acogió algunos de los reclamos de mayor transparencia y rigurosidad, también ratificó algunos de los poderes de la Ley Patriota.

Según el Pew Research Center, si en los meses posteriores gran parte de la opinión pública respaldaba renunciar a ciertas libertades civiles en favor de la lucha contra el terrorismo, en las dos décadas posteriores entre los estadounidenses creció la preocupación de que «el gobierno no hubiera hecho lo suficiente para proteger al país del terrorismo», habiendo ido «demasiado lejos al restringir las libertades civiles».

Con las nuevas tecnologías, el modelo de ultravigilancia se ha extendido en Estados Unidos y el mundo, en detrimento de la privacidad de las personas.

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• El crecimiento de la islamofobia

Aunque es recordado el discurso con el que el presidente Bush intentó señalar que «nuestra guerra es contra el mal, no contra el islam», los atentados del 11-S causaron un aumento en los ataques contra musulmanes, la discriminación y el perfilado basado en prejuicios raciales, tanto en Estados Unidos como a escala global.

Una muestra clara es el recuento anual del FBI de delitos de odio contra musulmanes, que en 2001 llegó a 481 casos, frente a los 28 registrados el año anterior. Desde entonces, la cifra ha oscilado, con un mínimo de 95 en 2021 y un pico de 307 en 2016, pero nunca ha retomado los niveles anteriores al 11 de septiembre.

A esa islamofobia también han contribuido los discursos de políticos conservadores a lo largo de los años y sobre todo en la actualidad, incluido el propio presidente Donald Trump, quien semanas atrás se quejó de que están siendo elegidos «yihadistas por todas partes», en referencia a las recientes victorias de políticos musulmanes en Estados Unidos.

De acuerdo con el Pew Research Center, algunos indicadores muestran que la opinión pública sobre el islam es incluso más negativa ahora que lo que era inmediatamente después de los atentados del 11-S.

Si en marzo de 2002, el 25% de los adultos estadounidenses afirmaba que la religión islámica es más propensa a fomentar la violencia que otras religiones, una encuesta realizada a inicios de este año mostraba que cerca de la mitad de los encuestados (51%) respaldaba ahora esa afirmación.

En este punto, subraya el PRC, también se ve la brecha partidista: los republicanos y conservadores se inclinan mayoritariamente a señalar que el islam fomenta la violencia (76%), en comparación con demócratas y progresistas (29%).

• Las nuevas reglas para viajar

Si en el pasado, una de las imágenes más comunes en los aeropuertos –y utilizada hasta el hartazgo en las típicas comedias románticas– era ver a parejas, amigos o familiares despedirse de los pasajeros justo antes de que cruzaran la puerta de embarque a un avión, las vulnerabilidades detectadas tras los atentados del 11-S (y otros ataques terroristas a aviones) modificaron esas postales para siempre.

Los procedimientos que se conocen hoy en día se fueron construyendo capa a capa, a menudo después de que nuevos ataques o intentos fallidos revelaran amenazas desconocidas, desde armas o bombas ocultas en el equipaje hasta secuestradores que convirtieron los aviones en armas, como ocurrió con los terroristas de Al-Qaeda que estrellaron dos aeronaves comerciales contra el World Trade Center de Nueva York, una contra el Pentágono y otra en un campo de Pensilvania, el 11 de septiembre de 2001.

Entonces, el Congreso estadounidense creó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), aglutinando las funciones de seguridad en una sola organización, a cargo de empleados gubernamentales.

Inmediatamente después de los atentados, la Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso que el acceso a las puertas de embarque de los aeropuertos sea exclusivo de pasajeros con billete y previo chequeo de seguridad –que incluye, en muchos casos, retirarse los zapatos para comprobar que no lleven armas–; prohibió llevar cuchillos y cúteres en el equipaje de mano; y limitó el transporte de líquidos en equipaje de mano a no más de 100 mililitros por envase, entre otras medidas.

También, las reformas exigieron la instalación de escáneres de cuerpo completo en los controles de seguridad, la implementación de puertas de cabina reforzadas en los aviones, una mayor presencia de agentes federales de seguridad en los vuelos y que el 100% del equipaje facturado fuera sometido a inspección para detectar explosivos (solo el 5% eran revisados antes del 11-S).

Si bien muchas de estas medidas se han estandarizado a nivel global, el caso estadounidense tiene su particularidad en los extensos chequeos de seguridad durante todo el proceso, lo que causó un aumento en los tiempos de espera y la longitud de las filas.

Para agilizar el proceso, la TSA recurrió cada vez más a la consulta de listas de vigilancia, a investigaciones voluntarias de antecedentes y a otra información para clasificar a los pasajeros según su nivel de riesgo, acciones cuestionadas por defensores de las libertades civiles, que critican criterios de selección opacos y listas de vigilancia inexactas que fomentarían la elaboración de perfiles discriminatorios basados en raza o religión.

Con AP y medios