Incertidumbre y esperanza: ¿qué hay detrás del silencio sobre la situación de los salvadoreños con TPS en EE. UU.?

«Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, las personas salvadoreñas presentes en Estados Unidos bajo el TPS mantienen protección».

Con esa escueta declaración, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió el 9 de septiembre a las dudas de más de 170.000 salvadoreños amparados por el estatus de protección temporal (TPS), un alivio migratorio que los preserva de la deportación y permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, y que expiró ese día.

Igual que ha pasado con otras comunidades, la Administración Trump decidió no renovar el TPS de los salvadoreños, una decisión que los dejó expuestos a la agresiva política de deportaciones masivas que lleva a cabo Washington.

Para mostrar este contenido de YouTube, debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad.

Aceptar Gestionar mis opciones

Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.

Reintentar

Pero a diferencia de los casos de haitianos o venezolanos, en los que Trump incluso acudió a la Suprema Corte para enfrentar decisiones de tribunales inferiores que se oponían a la terminación del TPS, no parece haber prisa por expulsar a los salvadoreños.

La aparente flexibilización, sin embargo, no representa un alivio para miembros de esta comunidad, organizaciones de defensa y abogados de inmigración.

«Seamos claros: esto no es una prórroga oficial ni una decisión del DHS sobre el destino del TPS para El Salvador», dijo el 9 de septiembre en redes sociales Ben Johnson, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, quien agregó que el Gobierno de Trump está dejando a los titulares del TPS, sus familias y sus empleadores en un limbo.

Inconsistencia de criterios

George W. Bush otorgó el TPS para los salvadoreños en 2001, luego de que dos violentos terremotos ocurridos con un mes de diferencia causaran devastación en el país.

Desde entonces, la protección se ha renovado automáticamente cada vez que ha llegado la fecha de su vencimiento, como ocurrió con alivios de este tipo para otras nacionalidades, hasta que Trump llegó a la Casa Blanca.

En 2018 intentó eliminar ese y otros TPS, pero decisiones de cortes federales se lo impidieron en ese momento.

Joe Biden ordenó la renovación de todas las protecciones antes de culminar su mandato, pero bajo la gestión de Kirsti Noem, por orden de Trump, fueron canceladas las de Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Afganistán y Siria, mientras se renovaban las de Ucrania, Sudán y Líbano.

En el caso de haitianos y venezolanos, activistas y asociaciones civiles intentaron bloquear la terminación recurriendo la medida ante tribunales. Argumentaban que estos países no eran destinos seguros para regresar, bien sea por los estragos de la violencia de las pandillas en el caso del primero o por la falta de garantías democráticas en el segundo.

Las decisiones favorables tanto en tribunales federales como de apelación fueron combatidas por la Administración Trump ante la Suprema Corte, que en ambos casos falló a favor del Gobierno, dejando a más de un millón de personas de siete países expuestas a la deportación.

A diferencia de Haití y Venezuela, dos naciones atravesadas por crisis humanitarias, El Salvador parece vivir un periodo de recuperación, impulsado por la agresiva política de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele.

Activistas de derechos humanos advierten sobre abusos generalizados en medio del estado de excepción decretado para controlar a las pandillas, pero Bukele es un cercano aliado de Trump, que ha apoyado su política de deportación, accediendo incluso a recibir migrantes en la megacárcel de máxima seguridad del CECOT.

Mientras haitianos y venezolanos son enviados a naciones devastadas, los salvadoreños parecen estar a salvo, al menos por el momento.

Sin garantías ni claridad

Los vuelos de deportación siguen llegando a Cap-Hatien y Maiquetía, pero los migrantes del país centroamericano gozan de una extensión provisional que no les ofrece ninguna garantía.

«Enfrentarse a esta incertidumbre es frustrante y doloroso», le dijo a la agencia AP Doris Landaverde, una migrante salvadoreña con más de 25 años en Estados Unidos. «Hemos vivido aquí legalmente durante décadas, y eso es difícil de borrar. Me siento enfadada; hemos hecho todo lo que se nos dijo legalmente”.

La deportación no es la única perspectiva ominosa para migrantes como Doris. Si el TPS termina siendo cancelado, en lugar de mantener la extensión, los permisos de trabajo, las licencias de conducir y la cobertura de salud quedarán anulados para ellos y sus familiares.

Trabajadores salvadoreños en Estados Unidos enviaron el año pasado 9.900 millones de dólares por concepto de remesas a su país, una cifra que según el Banco Central representa el 24% del producto interior bruto.

Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, pidió a través de un comunicado que se brinde certezas a los involucrados: «Toda familia merece la oportunidad de vivir en seguridad, contribuir a sus comunidades y construir un futuro estable sin el temor constante a la deportación».

Con AP, Reuters y EFE