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Tierras raras en Brasil: ¿una oportunidad o una amenaza ambiental?
Brasil avanza hacia una mayor regulación de la exploración de sus tierras raras, unos minerales estratégicos para la transición energética, la industria tecnológica y el sector militar. El país cuenta con algunas de las mayores reservas del mundo, pero gran parte de estos recursos permanece todavía bajo tierra, mientras China domina la producción global. La apuesta brasileña abre una nueva disputa por estos minerales, pero también despierta preocupación entre comunidades indígenas por el posible impacto ambiental de su explotación.
Brasil alberga las segundas reservas estimadas de tierras raras más grandes del planeta, solo por detrás de China, y quiere explotarlas.
Este es un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la fabricación de imanes permanentes de alta potencia, piezas clave en los motores de vehículos eléctricos, los generadores eólicos y los componentes electrónicos de la industria de defensa.
Con un poder estratégico clave para el futuro de descarbonización y el militar, Brasil busca dar el salto industrial.
El Congreso brasileño aprobó recientemente una legislación que fija un nuevo marco jurídico para la explotación de minerales críticos y estratégicos. La medida otorga incentivos fiscales hasta de 5.000 millones de reales (cerca de USD 980 millones) y créditos de fomento con el objetivo de acelerar el refinado local e impulsar la cadena de valor.
Así, Brasil quiere acelerar el paso para ganar relevancia en un mercado que es ampliamente dominado por China. En el gigante asiático se produce más del 90% de las tierras raras refinadas de todo el mundo, ya sea porque se explotan allí o porque el país las procesa para convertirlas en la base de los elementos tecnológicos.
China es consciente de su poder con estos minerales. En 2025, restringió las exportaciones de siete tierras raras en respuesta a los aranceles que le había impuesto Estados Unidos.
Y la vía alterna que encontró Washington fue aumentar su inversión en Brasil, concretamente en el proyecto de Serra Verde, ubicado en el estado de Goiás y la única mina activa de tierras raras en todo Brasil.
En enero de 2026, el gobierno estadounidense le otorgó 1.600 millones de dólares a la compañía USA Rare Earths a cambio de tener acciones en la compañía, según datos del Observatorio de la Transición Energética impulsado por la ONG Repórter Brasil.
Este impulso terminó por impulsar a la empresa para comprar Serra Verde, un negocio que se anunció en abril.
El interés por este proyecto brasileño es debido a su enorme potencial, pues es el único por fuera de Asia que puede suministrar cuatro tierras raras esenciales: neodimio, praseodimio, disprosio y terbio. USA Rare Earths las describe como “las más demandadas” porque juntas estas arcillas iónicas se utilizan para fabricar los imanes que se usan desde la industria aeroespacial y de defensa hasta en las compañías automotrices.
Y Serra Verde puede no ser la única joya de la corona. Se estima que el proyecto Caldeira, en el estado de Minas Gerais, tiene el mayor yacimiento de arcillas iónicas en todo el mundo, incluso por encima de la mina que ya está en explotación.
Las tierras raras pueden tener impactos ambientales en zonas protegidas
Pero al igual que ocurre con Caldeira, hasta ahora la inmensa mayoría del potencial geológico de Brasil continúa bajo el suelo.
Aun en esta fase incipiente de exploración en Brasil, las alertas socioambientales ya se han disparado. Aunque los principales depósitos de tierras raras no se concentran en el corazón del bioma amazónico, sino en estados del interior como Goiás, Minas Gerais o Bahía; una cuarta parte de los proyectos en prospección se ubican a menos de 10 kilómetros de áreas de conservación o tierras indígenas, según Repórter Brasil.
La investigación periodística también señala que la exploración de tierras raras podría afectar hasta 283 áreas protegidas, incluidos territorios indígenas y quilombolas.
Ante este panorama, las organizaciones indígenas advierten que el marco normativo recién aprobado prioriza el incentivo económico por encima de las salvaguardias territoriales o ambientales.
“Es una ley muy importante en un tema que cada vez necesita más una regulación específica. Sin embargo, no proporciona límites que garanticen la preservación del medio ambiente o la consideración de las comunidades indígenas, los territorios quilombolas y las comunidades tradicionales en Brasil”, le dijo a France 24 Ricardo Terena, indígena del pueblo terena y coordinador del Departamento Jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Debido a que la minería masiva de tierras raras está apenas arrancando en Brasil, aún no se pueden cuantificar todos sus efectos ecológicos directos.
Pero las comunidades locales temen un patrón similar al dejado por la extracción de otros recursos, como el perjuicio ecológico y la contaminación por mercurio ligada a la minería de oro.
Una problemática acentuada por la falta de control en la cadena de suministro. Por ejemplo, según Terena, las herramientas de la minería legal se utilizan para lavar oro proveniente de la minería ilegal que explota tierras indígenas.
A pesar de ello, la nueva ley ampara de forma genérica a una gran variedad de “minerales estratégicos”.
“El problema principal es que no hay una definición específica de lo que constituye minerales críticos y estratégicos dentro de esta exploración, es una definición amplia que permite que prácticamente cualquier exploración mineral en Brasil se considere dentro de este marco detallado”, indicó Terena.
Otro riesgo que advierten los pueblos indígenas es que la legislación aprobada sobre tierras raras y minerales estratégicos no habla de la consulta libre ni de la participación de las comunidades étnicas.
“El proyecto de ley recientemente aprobado por el Senado brasileño contempla la realización de consultas con las comunidades, pero no prevé la necesidad de una consulta libre, previa e informada, tal como lo estipula el Convenio 69 de la OIT. Asimismo, se creará un Consejo Nacional para analizar estos proyectos, pero este Consejo tampoco contará con representación para las comunidades afectadas. Y debe tenerse en cuenta que en todo el país existen comunidades que no desean que sus territorios sean destruidos en nombre de la minería”, concluyó Terena.
