Aprueban protocolo para iniciar pago a contratistas con la Ley 16-26

La comisión fijará reglas claras para saldar deudas por obras estatales

El proceso para saldar los compromisos financieros históricos del Estado dominicano con el sector de la construcción entra en su fase operativa definitiva. En cumplimiento del mandato conferido por la Ley 16-26, la comisión oficial encargada de la revisión de reclamaciones por infraestructura pública aprobó por unanimidad el protocolo técnico que regirá la validación y el pago de las deudas contraídas con contratistas gubernamentales por obras ejecutadas con o sin contrato formal. 

La medida administrativa busca agilizar el desembolso de fondos pendientes bajo un estricto esquema de transparencia, impactando de manera directa en la liquidez de las empresas constructoras y en la reactivación económica del mercado laboral local.

Una mesa técnica integrada por funcionarios clave

El nuevo marco de fiscalización pública fue consensuado en una sesión de trabajo de alta relevancia institucional. La comisión especial está presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y cuenta con la participación del contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas. 

Los funcionarios sancionaron las normativas técnicas que serán de conocimiento público, garantizando que cada expediente auditado cumpla con los estándares legales indispensables para recibir los desembolsos correspondientes.

Con el fin de asegurar la pulcritud del proceso y elevar la confianza ciudadana en la gestión de los fondos del erario, el reglamento operativo fue remitido formalmente a un cuerpo de veedores sociales y a todas las entidades estatales que acumulan pasivos con ingenieros y constructores. 

La estrategia diseñada establece que se otorgará estricta prioridad a aquellos expedientes de reclamación que ya se encontraban bajo el escrutinio físico de la Contraloría General de la República antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Instituciones estatales y contratistas bajo la lupa

El alcance de esta legislación abarca proyectos de infraestructura desarrollados para una amplia lista de corporaciones y ministerios clave. Entre los organismos cuyos contratistas podrán acogerse al plan de saldos destacan el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. 

De igual forma, las auditorías de cuentas abarcarán deudas pendientes heredadas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo y las estructuras liquidadas de la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

Los próximos pasos de los miembros del equipo comisionado consistirán en el montaje de las plataformas técnicas y administrativas indispensables para dar inicio formal a la recepción cronológica de los documentos. 

Las autoridades insistieron en que el objetivo prioritario es agilizar las transferencias bancarias de las cubicaciones reconocidas, blindando la seguridad jurídica de las actuaciones del sector público frente a sus proveedores privados.