¿Qué gana y qué cede Venezuela con el «histórico» acuerdo petrolero con Trump?

Donald Trump, en Washington, lo presentó como el “mayor acuerdo petrolero de la historia”. Delcy Rodríguez, la mandataria encargada de Venezuela, afirmó que es el comienzo de una nueva etapa de recuperación, crecimiento y prosperidad. 

El anuncio  de Estados Unidos tiene lugar en medio de una crisis por la guerra iniciada por Trump contra Irán que ha provocado un cierre del estratégico estrecho de Ormuz y ha disparado el precio de la gasolina en EE. UU. por encima de los 4 dólares por galón

Entre esas dos promesas hay una operación de dimensiones enormes: 17 campos, 65.000 millones de barriles de reservas probadas, derechos de explotación por 100 años y una participación efectiva de Estados Unidos sobre el 55% de la producción de la nueva empresa que estará a cargo del negocio.

Para Washington, los beneficios parecen más fáciles de identificar. El acuerdo le garantiza acceso a petróleo venezolano a costo, una fuente cercana de suministro para sus refinerías y crudo para recomponer su Reserva Estratégica y abastecer necesidades militares. 

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Para Venezuela, por el contrario, la ecuación parece más complicada: a cambio de abrir una parte considerable de sus reservas, el Gobierno apuesta a que regresen el capital, la tecnología y la capacidad operativa que su industria perdió durante años de deterioro.

La pregunta es, entonces, qué recibe en realidad Venezuela y qué modelo petrolero puede quedar después.

“Por ahora estamos ante una alianza político-comercial”, explica a France 24 el doctor César Mata, especialista venezolano en derecho petrolero. Pese a la magnitud de los anuncios, todavía no se conoce el texto completo del acuerdo ni se han terminado de formalizar sus aspectos legales y contractuales.

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Convertir el petróleo bajo tierra en dinero

Venezuela tiene 303.806 millones de barriles de reservas probadas, según el Ministerio de Hidrocarburos, las mayores del planeta. El acuerdo compromete unos 65.000 millones, más del 21% del total. Pero tener petróleo bajo tierra y poder obtener riqueza del mismo son dos cosas distintas.

Para Mata, esa es la principal ganancia venezolana. 

“En el caso de que esto se concrete, Venezuela empieza a explotar recursos que en el subsuelo no valen nada”, señala. El país puede monetizarlos a través de operaciones propias o extranjeras y volver a obtener ingresos de activos que hoy, en gran medida, permanecen improductivos.

Caracas estima que el desarrollo de los 17 campos atraerá más de 100.000 millones de dólares de inversión y dejará unos 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales para el Estado.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asegura que generará miles de empleos bien remunerados y contribuirá a reconstruir la economía venezolana.

Mata considera que la cifra de inversión es realista. Estimaciones sobre cuánto costaría recuperar la industria venezolana han oscilado durante años entre decenas de miles y hasta 200.000 millones de dólares. Aún así, una cosa es comprometer el capital y otra conseguir que llegue y se ejecute.

“Tienes que hacer los desembolsos, tienes que hacer el marco contractual que dé seguridad jurídica, tienes que hacer la contratación del personal”.

A eso se suma un problema menos visible que los oleoductos dañados o las instalaciones envejecidas: buena parte de la mano de obra especializada abandonó el país durante las últimas dos décadas.

La industria, aclara Mata, no está destruida por completo. Sigue funcionando, pero fue “desmantelada y canibalizada” en distintas áreas por la falta de inversión, de gerencia y de capital humano, además de la politización de la estatal PDVSA y la inseguridad jurídica. 

La caída de la producción muestra ese deterioro: Venezuela bombea hoy unos 1,23 millones de barriles diarios, según Delcy Rodríguez, frente a los 3,1 millones que producía en 1998, un año antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Recuperar capacidad requerirá dinero, como también años y garantías suficientes para convencer a empresas privadas de invertirlo.

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El riesgo de una Venezuela puramente extractiva

Para Mata, la discusión sobre lo que Venezuela entrega no debería limitarse a una cuestión de soberanía sobre el subsuelo.

El pacto, además, llega después de un cambio importante en las reglas petroleras venezolanas. Tras la captura por parte de EE. UU. de Nicolás Maduro en enero, el Gobierno de Rodríguez reformó la Ley Orgánica de Hidrocarburos para otorgar más espacio al capital privado y extranjero en una actividad que durante el chavismo había quedado fuertemente concentrada en manos del Estado. 

Según la mandataria, desde entonces se han firmado alrededor de medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en más de 76 áreas productivas.

Durante mucho tiempo, el petróleo venezolano no solo fue concebido como un producto para exportar. Una parte se comercializaba y otra alimentaba una cadena industrial capaz de generar empleo, divisas y actividad económica dentro del país. Al especialista le preocupa que el nuevo esquema altere ese equilibrio.

“Pareciera que Venezuela está convirtiéndose en un país extractivo 100%, dejando quizás un poco de lado la industrialización de los hidrocarburos”.

Exportar más crudo puede aumentar rápidamente los ingresos fiscales, sobre todo a partir de una base productiva tan deprimida. Pero si buena parte del valor agregado (procesamiento, servicios, tecnología y refinación) queda fuera de Venezuela, el país corre el riesgo de recuperar su producción sin reconstruir al mismo tiempo una industria petrolera integral.

Esa cuestión se vuelve todavía más importante por la extensión del acuerdo. Según un funcionario estadounidense citado por AP, la nueva compañía recibió derechos para desarrollar los campos durante 100 años. Estados Unidos obtendría una participación efectiva del 55% de su producción, combinando una participación accionaria con el derecho a adquirir petróleo a costo. 

También sigue abierta una cuestión jurídica. La explotación petrolera ha sido históricamente una actividad fuertemente reservada al Estado venezolano. Reuters señala que todavía hay dudas sobre la compatibilidad del nuevo esquema con la Constitución y la legislación de hidrocarburos del país.

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¿Son realmente reservas estadounidenses?

Trump dijo que el acuerdo permitirá más que duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos. Para Mata, esa afirmación tiene más contenido político que jurídico.

“Mientras eso esté en el subsuelo, no se puede considerar una reserva para Estados Unidos”, explica.

La razón reside en una diferencia entre los sistemas de ambos países. En Venezuela, el yacimiento pertenece al Estado mientras el recurso permanece en el subsuelo. En Estados Unidos existen también derechos privados sobre los minerales y el subsuelo. Tener una participación en una compañía que explota campos venezolanos o garantizarse parte de su producción no convierte, por sí solo, ese petróleo en propiedad estadounidense.

Lo que Washington sí obtiene es algo posiblemente más útil en el corto y mediano plazo: acceso garantizado a una enorme fuente de crudo.

Y Venezuela presenta una característica atractiva para el sistema de refinación estadounidense.

Buena parte de su cesta está compuesta por petróleo pesado y extrapesado, particularmente en la Faja del Orinoco, que concentra alrededor del 87% de las reservas del país, según PDVSA. Son crudos complejos, que requieren diluyentes y procesos específicos, pero varias refinerías de la costa estadounidense del Golfo fueron diseñadas precisamente para procesar barriles pesados.

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Asimismo, la cercanía también influye. Frente a suministros que deben atravesar rutas marítimas mucho más largas y vulnerables, Venezuela está a pocos días de navegación de las refinerías del Golfo.

“Tienes acceso a la reserva, sacas el crudo con un flete mucho más económico y lo inyectas a las refinerías”, resume Mata.

Desde esa perspectiva, sostiene, una mayor oferta venezolana puede terminar bajando los precios de los combustibles estadounidenses.

De todos modos, los resultados no serán inmediatos. Para recuperar volúmenes importantes será necesario reparar infraestructura, conseguir personal especializado y desplegar miles de millones de dólares de inversión.

Especialistas consultados por AP advierten que ese proceso puede llevar años. Incluso Trump, al presentar el acuerdo, habló de los beneficios del suministro venezolano para Estados Unidos “a largo plazo”.

Para Venezuela, el pacto ofrece algo que necesita con urgencia: capital para volver a producir a gran escala y una manera de transformar sus enormes reservas en ingresos fiscales. Pero, al mismo tiempo, implica entregar durante años una participación sobre una parte considerable de su principal recurso a cambio de una apuesta: que la llegada del dinero y el aumento de la extracción terminen por reconstruir algo más que los pozos.

Con EFE, Reuters, AP y medios locales